A dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia sigue sin ponerle el cascabel al gato. Nadie puede afirmar qué ocurrió en el lujoso departamento donde fue hallado sin vida el cuerpo del funcionario que en más de una década de investigación, con infraestructura y presupuestos prácticamente ilimitados, no pudo identificar, perseguir ni apresar a los responsables del mayor atentado terrorista de la historia argentina, que dejó el luctuoso saldo de 85 víctimas fatales.

A la insólita y masiva marcha realizada en febrero en “homenaje a Nisman”, impulsada por lo más rancio de la corporación judicial –un grupo de fiscales cuestionados incluso por su participación en la causa AMIA- y la indisimulada intención de erosionar la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se suma la estruendosa acusación de la viuda Sandra Arroyo Salgado, que descartó la hipótesis del suicidio –incluso inducido- y afirmó tener la certeza de que a su ex marido lo asesinaron.

Las conclusiones de Arroyo Salgado, abogada y jueza del fuero federal, no fueron la reacción emocional de una mujer dolida por la pérdida de su ex esposo. Su acusación fue pronunciada en una estudiada conferencia de prensa, rodeada de los peritos que contrató y que pusieron en juego su prestigio para legitimar una conclusión todavía incierta: que a Nisman lo asesinaron.

Cuando aun faltan pruebas claves por analizar, como el contenido de celulares y computadoras del fiscal fallecido, la conclusión de (los peritos de) Arroyo Salgado tiene una evidente intencionalidad política: cuestionar la tarea de la fiscal Viviana Fein, instalar en la opinión pública la hipótesis del magnicidio y llevar la investigación a la justicia federal donde –parafraseando a Horacio Verbitsky- tiene mayor influencia “la escudería Stiusso”.

“Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuestas de parte de las instituciones de la República”, dijo Arroyo Salgado.

Es comprensible que, por razones personales y familiares, la madre de las hijas de Nisman se aferre a la hipótesis del homicidio. Pero no es inocente. Por su labor de jueza y la calidad de los peritos que contrató para participar como querellante en la causa, sabe mejor que nadie que su conclusión es cuanto menos apresurada.

¿Qué apuro tenía arroyo Salgado en salir a contradecir la hipótesis más firme –aunque no excluyente- en la que viene trabajando la fiscal Fein? ¿Por qué la madre del fiscal Nisman –representada por Arroyo Salgado en la querella-, vació las cajas de seguridad que el funcionario fallecido tenía a su nombre en tres bancos de Buenos Aires, como informó el periodista Horacio Verbitsky, a quien nadie desmintió? ¿Cuál era la verdadera relación del técnico informático Diego Lagomarsino con el fiscal?

¿HEROE O SUICIDA?

Sólo la hipótesis del magnicidio podría salvar a Nisman del papelón histórico ante la inconsistencia de su denuncia contra la presidenta, su canciller, un legislador, un militante periférico y dos falsos espías. Acusación basada en escuchas ilegales de terceras personas y en hipótesis desmentidas en forma categórica por Interpol, las estadísticas de comercio exterior y la imposibilidad técnica de importar petróleo de la demonizada República Islámica de Irán.

Más allá de su afinidad o simpatía con el oficialismo y de la obstinación de los fiscales del Partido Judicial, los juristas más prestigiosos del país han destrozado la acusación de Nisman al punto tal de sostener que, aun siendo cierta –cosa que el fallecido fiscal no pudo probar-, no constituiría  delito. El juez Daniel Rafecas, de insospechada relación con el oficialismo, fue lapidario al respecto: "No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida".

En su fallo, Rafecas dejó en claro además que la politización de la justicia o la manipulación de fiscales con fines políticos tiene un límite: el propio Estado de Derecho. “La barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios del delito en sí mismo es un principio que distingue a un sistema democrático de uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. Es lo que en Derecho Penal se conoce como el Derecho penal del enemigo, de matriz claramente inconstitucional.” De la caza de brujas a la imputación de un crimen sin pruebas hay solo un paso. Pero ese paso es el que separa el Estado de Derecho de las dictaduras.

Aunque es prematuro arribar a una conclusión “científica” todavía, la mayoría de las evidencias recolectadas en la instrucción de la causa apuntan más bien al suicidio. Probablemente a un suicidio inducido –algo difícil, sino imposible de probar-, pero suicidio al fin.

Si Nisman se pegó un tiro porque advirtió su devastadora soledad horas antes de tener que fundamentar en el Congreso la inconsistencia de su denuncia, o fue amenazado y decidió quitarse la vida, no fue un héroe. Los detalles que tan trascendido sobre su estilo de vida (injustificadas contrataciones, cuentas secretas, autos “prestados”, viajes con modelos, sumisión a potencias extranjeras, incursiones nocturnas en los boliches top de Buenos Aires, etc.) tampoco condicen con la imagen espartana del funcionario que ofrenda su vida por una causa justa. Su trágico final no justifica el insólito reclamo de justicia de quienes tienen la obligación de impartirla, ni la insidiosa campaña mediática contra la presidenta.

Si a Nisman no lo mataron, no hay héroe. Y si no hay héroe, se desploma el maquiavélico andamiaje acusatorio contra el gobierno que más hizo para terminar con la impunidad en el país desde la restauración democrática. El relato del héroe hace agua por todos lados. No es el único.

¿HEROE O COMPLICE?

Los medios de comunicación hegemónicos, con Clarín a la cabeza, procuran agregar un nuevo héroe a su relato para abonar la hipótesis del magnicidio: el tanatólogo Osvaldo Raffo. Hombre estrechamente vinculado a La Bonaerense –una de las policías más corruptas del mundo-, destacan su intervención en crímenes resonantes. El periodista de Clarín Héctor Gambini enumeró algunos: María Soledad Morales, Omar Carrasco, Alicia Muñiz, María Marta García Belsunce, José Luis Cabezas, Angeles Rawson, la tragedia de Cromagnon y Nora Dalmasso. “No hubo crimen ni muerte conmocionante que no pasara bajo el microscopio del forense más consultado de la Argentina”, aseguró el periodista en una nota publicada por Clarín el 22 de febrero. Lo que no dijo en su elogiosa crónica es que Raffo en 1981 le envió una carta al torturador en jefe de la Bonaerense Ramón Camps confesando que sintió “un problema de conciencia y de dignidad” cuando supo que Jacobo Timmerman había denunciado que fue torturado. Horacio Verbitsky escribió en el diario Página/12 del 15 de febrero que Raffo revisó a Timmerman y ¡no constató signos de tortura! También contó que participó de un interrogatorio al el ex director de La Opinión por orden del comisario Miguel Etchecolatz -condenado a cadena perpetua gracias al testimonio, entre otros, del desaparecido Jorge Julio López-, que describió como “una conversación sobre política, cuestiones sociales y económicas” (sic). Convertido en virtual vocero del terrorismo de Estado, Raffo sostuvo que la Bonaerense no torturaba en tiempos de la dictadura militar y que, por el contrario, había visto “cadáveres de personas detenidas en cárceles del pueblo por guerrilleros que estaban torturadas a golpes y con corriente eléctrica”. La disparatada versión no se condice con la verdad histórica ni con las sentencias judiciales que se vienen sucediendo desde que el gobierno de Néstor Kirchner permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en el país. La edulcorada nota de Clarín también omite que uno de los forenses que negaron la relación causal entre la aplicación de picana eléctrica y el infarto que sufrió Jorge Rubinstein (abogado de David Graiver, muerto en la mesa de torturas de una de las comisarías del “circuito Camps”) fue el “maestro” Raffo.

Más cerca en el tiempo, Raffo tuvo un rol protagónico en el resonante caso Dalmasso. Desembarcó en Río Cuarto junto a su socio televisivo, el ex policía Raúl Torre, y brindó un show mediático pocas veces visto en estas tierras. Fue en el hotel Howard Johnson, donde ambos dieron una conferencia de prensa –power point incluido- para inclinar la balanza a favor de uno de los dos imputados que por entonces tenía el caso Dalmasso: el hijo de la víctima, Facundo Macarrón.

Raffo y Torre, acompañados por el inefable Marcelo Brito, ex fiscal general de José Manuel De la Sota, recorrieron la coqueta vivienda del viudo en Villa Golf y determinaron que a Nora Dalmasso la atacaron en su dormitorio o en el baño cuando aún estaba de pie, luego la violaron, estrangularon y dejaron el cadáver inerme sobre la cama de su hija. La aventurada hipótesis, que contradecía todas las evidencias e indicios acumulados en la causa, apuntaba a comprometer la situación del otro imputado, el “perejil” Gastón Zárate.

La ofensiva judicial de Macarrón y sus afamados peritos no prosperó porque a pesar de sus conocimientos científicos y la traslúcida reputación con que fueron presentados a la prensa, no pudieron probar que Nora Dalmasso fue violada y mucho menos explicar por qué prácticamente todo el material genético hallado en la escena del crimen  –el cuerpo de la víctima, las sábanas de la cama donde la hallaron  y el cinto de la bata con que fue estrangulada- pertenecía a Marcelo Macarrón.

En aquella oportunidad, la estelar intervención de Raffo en la causa no fue definitoria. Ni siquiera determinante. Pero el crimen de Nora Dalmasso quedó impune.