Creo que más de una semana es suficiente.  Dejé pasar esos días porque esperaba que de alguna forma lo sucedido el viernes 18 de septiembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) no pasara a la calidad de simple anécdota y tomase finalmente la dimensión institucional que, según creo, debería tener.

Ese viernes leo en el sitio de Telediario Digital: “Con un homenaje a Miguel Ángel Zavala Ortiz, se realizan las Jornadas de Relaciones Internacionales en la Universidad de Río Cuarto. El reconocimiento se produjo durante la presentación institucional de la Página Web del Ateneo de Estudios Internacionales. Hubo emotivas palabras del doctor Conrado Storani”.

Mi primera reacción fue la de incredulidad. Me dije, como lo he hecho innumerables veces y ya como resultado de un cierto vicio profesional: “El medio está exagerando, no debe ser así”. Sin embargo, pude verificar que había en circulación una invitación institucional para tal acto y en estos días se festeja el éxito de aquellas Jornadas que tuvieron su punto culminante en aquel homenaje.

Se me ocurren algunas preguntas que me persiguen sin descanso desde esos días. ¿Organizar y propiciar un homenaje a uno de los responsables del peor atentado terrorista en suelo patrio en una “Entidad Académica con características tan propias como una Universidad Pública Libre y Democrática” como dice la Resolución 301/2013 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas no reviste un carácter no inferior a la calificación de extremadamente grave?

Supongo que no soy yo quien tiene que responder esa pregunta. Pero se me ocurre que me asiste el derecho de seguir preguntando. La UNRC se rige por una norma escrita que es el Estatuto Universitario, que en su Título Preliminar afirma: “La Universidad Nacional de Río Cuarto debe ser un instrumento apto para promover la transformación del país y la superación de la dependencia. Debe preservar las formas superiores de la cultura y promover la generación de una conciencia nacional”. ¿De qué manera se construye la “conciencia nacional” realizando un homenaje a uno de los máximos responsables y ejecutores del bombardeo de la Plaza de mayo del 16 de junio de 1955?

Este hecho fue rescatado del olvido por la Justicia y en el año 2008 “la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires calificó el hecho como delito de lesa humanidad y ordenó al juez Rodolfo Canicoba Corral proceder a la investigación del mismo para establecer las responsabilidades y condenas que correspondan” (La Gaceta, 14-08-08).

¿Y entonces? El dato de la judicialización  del atentado no es un secreto. Está al alcance de un click. ¿Qué oscura voluntad histórica o qué designio político concibe semejante homenaje en el ámbito de la Universidad?  Las respuestas “están soplando en el viento” diría Bob Dylan. Y sin ir más lejos, el Estatuto Universitario en su Artículo 1, inciso II, sostiene que una de las finalidades sustantivas de la UNRC es: “Promover el ejercicio de una ciudadanía crítica, con conciencia social y responsabilidad ética fundada en valores de solidaridad, pluralismo, autonomía intelectual y firme defensa de los derechos humanos y de las formas democráticas de gobierno”.

¿Cómo se condice el homenaje antes citado con la “firme defensa de los derechos humanos y de las formas democráticas de gobierno”? ¿No hay allí una cierta contradicción entre lo que dice el Estatuto y las acciones aludidas? ¿Cómo debo entender las nociones de “conciencia social”, “ciudadanía crítica” y “responsabilidad ética”? ¿O tengo que dejarlas de lado para entender y aceptar tranquilamente el homenaje realizado? ¿Este homenaje no constituye un agravio gratuito a la memoria de las víctimas del bombardeo de la Plaza de Mayo? ¿Qué reivindica simbólicamente este homenaje? ¿No constituye una reivindicación de la matriz genocida que alienta en la historia argentina como una condición ineluctable de los hechos políticos más aberrantes? ¿No reivindica una acción cobarde y sucia inspirada en un profundo odio de clase que atraviesa aún hoy el entramado sociopolítico de nuestro país?  Entiendo que la memoria de las víctimas  pide a gritos un desagravio.

Y los responsables del homenaje ¿no deberían explicar las razones de su iniciativa ante los organismos pertinentes y ante la comunidad toda? Quizás se podrá decir que mi actitud es desconsiderada, parcial, corporativa, interesada, subjetiva y hasta que es guiada por un cierto espíritu infantil ante el peso de las instituciones y sus normas concretas de funcionamiento, las cuales no necesariamente coinciden con sus normas escritas. Pero este homenaje me parece demasiado. Y me asiste el derecho de expresar mi profundísimo desagrado ante la tropelía cometida. Porque este homenaje me ofende. Me ofende como trabajador de la UNRC, me ofende como peronista y me ofende como hombre. Porque el acto, seguramente, se argumentará para defender lo indefendible, “no reivindica la “obra" completa del homenajeado, sino sólo su actuación como miembro del gobierno de Illia”. En ese caso el homenaje es un acto esquizofrénico. Pero la esquizofrenia es una condición individual. Las instituciones no pueden darse el lujo de la esquizofrenia porque son entidades colectivas. Y en este caso, el Estatuto que abarca a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, reivindica la naturaleza democrática de la institución y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

¿El acto en cuestión no atenta contra ambos principios? ¿Los responsables del homenaje no deberían dar cuenta de sus acciones, decisiones y posiciones ante esta norma que nos rige? Porque la democracia es precisamente eso, la reivindicación de la libertad de elección. En democracia hasta puedo ser antidemocrático y expresarlo libre e individualmente si quiero, sin que a nadie le asista el derecho de reprimirme, callarme, desaparecerme o asesinarme.  Pero, cuando se compromete al cuerpo social y colectivo en el que otros se desempeñan y se comprometen las voluntades y las posiciones de otros miembros de ese colectivo de manera inconsulta y arbitraria, haciendo abuso de una posición institucional, sospecho que se está obligado a dar cuenta de las acciones concurrentes.

Esto nos coloca ante una situación curiosa. Aquellos que no comparten los principios fundamentales que rigen y organizan una institución ¿no deberían renunciar a ella? Si la respuesta es no, surge otra pregunta. Aquellos que no comparten los principios de defensa irrestricta de la democracia y de los derechos humanos que consagra el Estatuto Universitario ¿no deberían proponer una modificación del  Estatuto para que éste acoja el espíritu antidemocrático y el odio de clase que los anima en sus acciones, decisiones y ética profesional? ¿No sería ese un exquisito gesto democrático? Lo sería, pero supondría un gesto de honestidad intelectual, personal y política que los responsables del homenaje a Zavala Ortiz, posiblemente, no estén dispuestos a realizar.