Cuando era el responsable de investigar el asesinato de Nora Dalmasso, el fiscal Javier Di Santo solía repetir que la única manera de destrabar la pesquisa era que alguien se quebrara. Se equivocaba. Una serie de escuchas telefónicas ordenadas a pocos días del crimen de Villa Golf por la Justicia Federal a un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) demostrarían que la propia Policía de la Provincia estaría involucrada en la protección del poderoso empresario cerealero Miguel Rohrer, alias “el francés”, uno de los principales sospechosos que tuvo en sus comienzos el denominado “caso Dalmasso”.

Las escuchas llegaron casi por casualidad a manos del fiscal federal Enrique Senestrari -el mismo que imputó al comisario Rafael Sosa por el “narcoescándalo”- y confirmarían que el polémico comisario habría desembarcado en Río Cuarto con la única misión de cerrar la causa lo antes posible inculpando a un “perejil”. También confirmarían la preocupación que reinaba por esos días en el gobierno de José Manuel De la Sota -que llegó a manejar la hipótesis de un posible pedido intervención federal a la provincia- y la preocupación del entonces fiscal General Gustavo Vidal Lascano de evitar que las pruebas halladas en la escena del crimen fueran analizadas por un laboratorio ajeno al Ceprocor, “ya que en el mismo trabaja la esposa del ex jefe de Policía Jorge Rodríguez” (sic).

A días de cometido el homicidio de Villa Golf, la SIDE puso la lupa en el fideicomiso de inversión agropecuaria “San Bartolomé”, donde Rohrer tendría importantes acciones. Sospechaban que Marcelo Macarrón tenía algún tipo de intervención en el manejo del dinero y que eso explicaría sus frecuentes viajes a Uruguay. Según la información de los servicios de inteligencia, Rohrer tenía depositado a título personal en ese fondo de inversión la friolera de seis millones de pesos. “Esta chica (por Nora Dalmasso) se habría enterado que lo estarían usando a Macarrón como que estaba no te digo lavando dinero o algo por el estilo, pero a través de Macarrón, entonces la mujer se entera y se pone loca y el grupo habría dicho mirá negro, encárgate de este tema, solucionalo”, se escucha en una de las llamadas intervenidas que obran en poder de la Justicia Federal.

El dato más comprometedor de las escuchas es que la SIDE habría confirmado, mediante el análisis de las sábanas telefónicas del celular de Miguel Rohrer, que los días 24 y 25 de noviembre “el francés” habría estado en Rio Cuarto. A lo que se sumaría el testimonio de una mujer, “que estaba aterrorizada”(sic), que afirmó haber visto al poderoso empresario en un domicilio ubicado a 150 metros de la casa del matrimonio Macarrón, donde la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006 fue asesinada Nora Dalmasso por una persona que aparentemente la conocía, ya que ingresó  a su vivienda sin violentar ninguna cerradura ni forzar puertas o ventanas.

Pese a la contundencia de estas pruebas, el comisario Rafael Sosa habría apurado la comparencia como testigo de Miguel Rohrer en la causa y, con la ayuda de dos oficiales -encargados del seguimiento telefónico-, habría relativizado los datos de la empresa telefónica que lo ubicaban en las inmediaciones de la ciudad la noche del crimen.  Curiosamente, estos mismos policías serían imputados tres años después por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien los encontró responsables del delito de “falsedad ideológica” por haber adulterado oficios judiciales para obtener de manera ilegal sábanas telefónicas.

En el informe al que había accedido la SIDE, el celular de Araujo –por entonces mano derecha de Rohrer- marcaría el mismo recorrido que el de su jefe, por lo que también sería incontrastable su presencia en las inmediaciones del campo que las escuchas sindican como “Casique quebrado” (sic) y que no sería otro que “Cacique Bravo”, de propiedad del “francés”, en la localidad de Las Acequias.

Las pruebas que podrían comprometer al Rohrer habrían sido remitidas desde la Justicia Federal de Córdoba al juzgado de control a cargo de Daniel Muñoz, por cuanto la causa Dalmasso está sin fiscal desde abril último, cuando Javier Di Santo tuvo que apartarse tras ser recusado por su inacción por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

A nueve años del crimen todavía impune de Nora Dalmasso, la aparición de estas escuchas –que todavía no habrían sido incorporadas formalmente a la causa- confirmarían la decisión del poder político (y judicial) de cerrar la investigación inculpando a un “perejil”. Pero ante la imposibilidad de concretarla, abortada por la reacción popular que se produjo en la ciudad conocida como “el perejilazo”, habrían decidido cajonear el expediente para garantizar la impunidad.

Como contracara, la Justicia de Río Cuarto me condenó este año en segunda instancia, en un fallo dado a conocer el día después de las elecciones provinciales y que contradice toda la jurisprudencia nacional e internacional en materia de libertad de prensa y derecho a la información, a indemnizar a uno de los imputados que tuvo la causa y al portador casi excluyente del material genético hallada en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima.

¿Se reabrirá la causa a partir de esas nuevas pruebas?

La Justicia tiene la última palabra.