La Policía Federal Argentina es la fuerza de seguridad interior más importante de la República Argentina. Entre otras funciones está encargada de la investigación de delitos que abarcan la jurisdicción de dos o más provincias, así como también a delitos de competencia federal exclusiva, como es el caso de narcotráfico, delitos contra la seguridad de la nación, contra el medio ambiente, ciertos delitos cometidos por servidores públicos, etc. etc. Por ello se trata de una fuerza nacional, con una conducción centralizada, con funcionamiento dentro del esquema del Ministerio de Seguridad de la Nación. A través del presupuesto nacional la sostenemos económicamente todos los argentinos. Para quienes gustan de las comparaciones con los países desarrolladas, es similar a lo que en Estados Unidos es el FBI. Luego cada provincia tiene sus propias policías locales que se sustentan de sus propios presupuestos.

Desconociendo al Congreso de la Nación en un nuevo atropello, Macri decide por sí suscribir un convenio con la Ciudad de Buenos Aires y transferir con los fondos, es decir con el dinero del presupuesto nacional, entre 17.000 y 19.000 agentes, los bienes inmuebles, muebles, sistemas informáticos, etc., pertenecientes a la Policía Federal.

Es absolutamente inconstitucional, además una burla al conjunto de los argentinos. Como esa transferencia se hace con los fondos del presupuesto nacional, los provincianos vamos a terminar pagándole la policía a los porteños, además de tener que sostener nuestras propias fuerzas de seguridad locales.

No termina ahí. Además le transfiere todos los bienes, tanto muebles como inmuebles. Lo hace como si fueran de su patrimonio personal y no patrimonio nacional. Es un alevoso ataque al federalismo. La Policía Federal entiende en delitos que abarcan a distintas provincias, los que no hay otra forma de perseguirlos si no es con fuerzas que tengan la posibilidad de moverse ínterjurisdiccionalmente, sin los límites propios que tienen las policías locales, cuyas competencias no pueden exceder sus respectivos territorios. Por su doble función de Policía Federal y local de la ciudad de Buenos Aires, de ahora en más cuando un delito involucre a la ciudad de Buenos Aires, las provincias deberemos aceptar que sea la propia policía de los porteños la que tenga preferencia sobre el resto de las fuerzas de seguridad provinciales.

Además la tareas propias de la Policía Federal se verán seriamente resentidas en el interior del país, al tener que destinar a 19.000 agentes a funciones en la ciudad de Buenos Aires, funciones que por otra parte son propias de la competencia de policías provinciales.

Es tan grave y absurdo el atropello que ahora las provincias están en igualdad de condiciones para solicitar el mismo traspaso a su favor, con lo cual habremos desarmado, desarticulado, la fuerza de seguridad nacional más importante.

Todo hecho tan solo por la voluntad del príncipe.