“Para el mundo del fútbol, Carlos Dossetti ha muerto”. La contundencia de la primera (y única) respuesta, no dejó ni el más mínimo resquicio para la repregunta. Desde el estrecho círculo íntimo del ex presidente de Talleres se anunciaba un abrupto fin de mandato “por estrictas razones de salud”. Así, sin más, se escribía el epílogo quizá menos pensado para una historia de casi una década de desmanejos, que llevaron al popular club albiazul nada menos que a la quiebra institucional.

Entre el mencionado dicho y el hecho que ofició de antecedente habían transcurrido apenas cuatro o cinco días: el 22 de octubre de 2004, al filo del cierre de las redacciones, sacudía la modorra la noticia de que el mandamás de la “T” acababa de sufrir una indisposición cardíaca en su estudio contable de Avenida Colón y La Cañada, en pleno centro cordobés.

Aquella noche, Dossetti negociaba contrarreloj la venta del pase del futbolista Darío “la Vizcacha” González, en un intento por conseguir algo de dinero contante y sonante, apenas un bálsamo para los caldeados ánimos del plantel profesional que, a pocos metros de la esquina de aquella cita, y mientras cenaba en un restaurante, esperaba novedades para saber si concentraría o no esa noche, la previa al primer clásico con Belgrano tras el sorprendente y fatídico último descenso a la Primera B Nacional.

Del presidente saliente no se sabría más nada, o muy poco, de ahí en más. Apenas la referencia de una pronta alta médica, y aquella frase categórica que el familiar le brindó a este periodista en una breve comunicación telefónica, y que descartaba de plano una posible vuelta al ruedo.

En medio de la incertidumbre que desde entonces envolvió al Mundo Talleres, no fueron pocos los que llegaron a poner en duda la versión oficial, y algunos hasta se permitieron una humorada: “¿Infarto? Recién me entero de que este hombre tiene corazón”.

Pero la situación financiera de Talleres no era precisamente un chiste, y el tan temido quebranto se convirtió en un peligro inminente, a la postre inevitable, cuando el grupo de socios y ex directivos de la entidad conocido como “Los Notables”, presidido por el empresario Aldo Roggio (señor de más de cuatro décadas como sistemático contratista estatal), se negó a recolectar más dinero para levantar embargos y otros “muertos” por el estilo.

Acorralado por las deudas, y sin media idea en la cabeza, el vicepresidente Álvaro Díaz Cornejo (devenido en el menos pomposo Álvaro Díaz después de su efímero mandato en la “T” y de algunos problemas recurrentes con su matrícula de escribano) entregó en bandeja el club al juez Carlos Tale.

La peor noticia para los hinchas albiazules llegaría desde Tribunales el 28 de diciembre, y no sería precisamente una broma del Día de los Inocentes. Seis meses más tarde, sin demasiadas exigencias de su parte y con una tibia oposición de sus celebrities asociados, el magistrado le otorgaría el gerenciamiento de las actividades deportivas de Talleres al empresario “K” Carlos Alberto Granero, el mismo hombre que aquel 22 de octubre de 2004 regateaba con Dossetti por el monto de aquella transferencia que el ex mandatario, en su último acto de gobierno, no pudo llegar a concretar. Todo bastante redondito.

“El Rey de los cheques voladores”

Carlos Dossetti quiso volar alto. Y a su modo, lo hizo. Su ambición llegó hasta el infinito, y más allá. Por momentos parecía un hombre que no le temía a nada, lo más parecido a un kamikaze, aunque en una tarde de sinceramientos llegaría a admitir la existencia de un único prestamista al que temía incumplir.

Puesto a completar el mandato de Mario Rolando Martín –éste renunció argumentando problemas de salud mientras la “T” se encaminaba al ascenso en 1998, pero tras aquella salida elegante siempre quedó flotando la sensación de un “Golpe de Estado” interno-, se propuso un destino de grandeza y sonó con llegar a convertirse en “el nuevo Amadeo Nucetelli”. Aunque más que la figura del presidente albiazul de los ‘70 lo seducía la imagen del entonces titular de Boca Juniors, Mauricio Macri, a quien le copiaba gestos y decisiones, y también la manía de rodearse de fornidos guardaespaldas, la mayoría de ellos oscuros personajes exonerados de la fuerza policial.

Afecto a los golpes de efecto, “Carlos I” se encargó de garantizar la continuidad de su reinado modificando los estatutos a gusto y placer, y de acallar las pocas voces que se levantaban en su contra con los métodos persuasivos que ponían a su servicio los muchachos de la barrabrava. Para construir poder también apeló a los buenos oficios del desarrollista Jorge Petrone, quien financiaba la compra de futbolistas y otros aportes económicos con la entrega de departamentos que, convenientemente sobrevaluados, Dossetti traspasaba a sus futbolistas como parte de pago. En su carácter de contador de la empresa de Petrone, Gama S.A., el ex mandamás de Talleres también supo tener sus problemas con la Justicia Federal, ante la que debió dar respuestas en el marco de lo que el periodista Gustavo Veiga, en un artículo publicado en Página/12 el 26 de marzo de 2001, calificó como “un caso macabro”: una operación inmobiliaria que se efectuó utilizando el documento de identidad de un estudiante desaparecido durante la última dictadura militar.

Más temprano que tarde, el dinero y las ambiciones hicieron que Dossetti y Petrone terminaran jugando en equipos diferentes, aunque parecidos. Mientras despotricaba contra los embargos y los amagues de pedidos de quiebra del mediático empresario inmobiliario, el dirigente se jactaba, entre otras cuestiones, de haberle vendido varios “buzones” a quien había sido su inexperto mecenas, incluido en esa lista a “un jugador con una pierna más corta que la otra”.

De todos modos, Dossetti nunca tuvo que dar cuenta de esa y otras irregularidades ante sus pares de comisión directiva, y mucho menos en los Tribunales provinciales. El órgano fiduciario que, según expresa disposición de la Ley 25.284 de Salvataje de Entidades Deportivas, debía investigar su gestión y la de sus pares de conducción luego de la declaración de quiebra de Talleres, lo liberó sin más de culpa y cargo. No menos indulgente fue el binomio de fideicomisarios que acompañó la última etapa de la causa, en la que el juez Saúl Silvestre se abocó con gran dedicación a allanar el camino para el tantas veces anunciado desembarco del otrora preparador físico Andrés Fassi y su tan promocionado “Modelo Pachuca”, apuntalado con capitales de procedencia mejicana.

No tuvo la misma suerte Petrone –distinguido con bombos y platillos por el diario La Voz del Interior como Empresario del Año 2011-, quien hoy cumple en el penal de Bouwer una condena de cinco años y medio de prisión, por los delitos de usurpación y falsedad ideológica, en el marco de la mega-causa del Registro de la Propiedad.

Entre los desmanejos de la gestión presidencial de Dossetti se cuentan la venta fraccionada de pases de futbolistas por más del 100 por ciento posible, la creación de una mesa de dinero con tasas usurarias para financiar la participación del equipo en las copas internacionales (Conmebol 1999, Mercosur 2001 y Libertadores 2002), y la emisión de más de 900 documentos sin respaldo bancario por una suma cercana a los 10 millones de pesos, maniobra que le valió –según la ocurrente expresión del ex directivo Rogelio Egea- el mote de “El rey de los cheques voladores”.

“Quizá tuvimos que controlarlo más”, admitió alguna vez “el Notable” Roggio en referencia al dirigente al que, entre 1998 y 2004, rigurosamente le giraba cada 30 días una importante cifra en dólares, con cargo de donación.

No voy en tren… voy en camión

En materia de política, Dossetti nunca descubrió sus cartas. Al menos públicamente, En alguna ocasión supo contar que había sido “muy amigo” del ex gobernador radical Ramón Bautista Mestre, padre del actual intendente cordobés; y en vísperas de las elecciones presidenciales de 2003 llegó a esbozar cierta simpatía con la candidatura del neoliberal Ricardo López Murphy. Pero no mucho más.

Tal vez por ese motivo, llamó la atención cuando su nombre apareció vinculado al gobierno de José Manuel de la Sota, en su carácter de presidente de “Encode”, una empresa que presta servicios de certificación electrónica y digital, y cuya propiedad comparte con el abogado José Antonio Vidales y con el ingeniero Pablo Casal.

La primera especulación encauzó la búsqueda hacia la figura del mismísimo ex gerenciador albiazul Carlos Granero, hermano de José Granero, alguna vez gobernador interino de la Santa Cruz y ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien supo cultivar buenas migas con el tres veces mandatario provincial. Pero hay quienes aseguran que, en realidad, quien ofició de “Celestino” en este romance fue el dirigente camionero Hugo Moyano, a partir de los lazos comunes que él (como gremialista) y Dossetti (como asesor contable) tienen con la Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas (Fecotac).

La noticia sobre un inminente acuerdo entre la nueva empresa del ex titular de la “T” y el gobierno cordobés, cuando todavía no estaban finiquitados los pasos legales y protocolares de rigor, fue sacada a luz en 2012 en las páginas del matutino con más años de supervivencia en la Docta, y eso molestó sobremanera al otrora hombre fuerte del club de barrio Jardín. Adoptando una práctica recurrente de sus tiempos de dirigente deportivo y apelando a las buenas relaciones que supo forjar en aquellos años de bonanza como intocable capo del clan “tallarín”, recorrió en tiempo récord la distancia que separa a su oficina céntrica de la sede del diario de Camino a Pajas Blancas, para pedir explicaciones sobre el escrito del comunicador “indiscreto”. Aquella vez la sangre no llegó al río y el periodista logró salvar su pellejo, aunque poco tiempo más adelante el delivery (léase cambio forzoso e inconsulto de sección) se activaría ante un zumbido que llegó directamente desde las alturas del Panal.

El enojo de Dossetti tenía sobrados motivos. La filtración de la información sobre el inminente arreglo con el Gobierno de la Provincia de Córdoba era una amenaza concreta para su propósito de resucitar como el Ave Fénix, luego de varios años de autoimpuesto ostracismo y de soportar la condena pública que significó el descrédito personal y profesional de propios, extraños y ajenos.

Mientras sus familiares armaban verdaderos “operativos comandos” para no exponerlo públicamente y evitarle disgustos cada vez que entraba o salía de sus oficinas, Dossetti buscó un acercamiento con los socios “notables” en los tiempos en que estos gobernaron a Talleres a través del llamado Fondo de Inversión que sucedió a las dos etapas del gerenciamiento de Ateliers S.A., la que presidió Granero y la que tuvo como cabeza visible al oscuro empresario cordobés-mejicano Carlos Ahumada Kurtz, quien hoy despunta el vicio como máxima autoridad electa de otro club del ascenso de AFA: Estudiantes de San Luis.

No hay unanimidad a la hora de indagar sobre el resultado de aquellas gestiones: mientras algunas voces susurran al oído que Dossetti llegó a formalizar algunos aportes dinerarios para la causa azul y blanca, muchas voces se levantan con fuerza asegurando que aquellos coqueteos resultaron infructuosas debido al bloqueo que le impusieron Roggio y sus laderos más cercanos: el abogado Rodrigo Escribano, el médico Ernesto Salum y el banquero Hugo Bertinetti, influyente personaje de la City al que sus buenos contactos blindaron de los cuestionamientos, a pesar de haber sido el ideólogo de muchas de las acciones de la administración dossettista.

Matrimonio y algo más

El anunciado enlace entre Encode y la Provincia recién pudo consumarse a comienzos del año pasado, luego de que una resolución de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (Onti), organismo dependiente de la jefatura del Gabinete de la Nación, le dio a la empresa de Dossetti vía libre para operar como “autoridad de registro”, y competir en igualdad de condiciones con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la propia Onti, en los procedimientos de certificación digital.

El puntapié inicial del llamado “gobierno electrónico” en la Provincia de Córdoba lo dio el Ministerio de Trabajo, que dispuso la obligatoriedad de un empadronamiento, vía Internet, para las 67.500 empresas y entidades del sector privado que tienen más de 20 empleados a su cargo a partir de mayo de 2015.

El legislador Aurelio García Elorrio fue quien puso bajo la lupa a la flamante sociedad. A través de un proyecto de resolución presentado el año pasado en la Unicameral, el representante del partido Encuentro Vecinal Córdoba indagó sobre los alcances del acuerdo y pidió precisiones sobre un posible direccionamiento estatal hacia los servicios de Encode, siendo que “la rúbrica de la documentación laboral a través de la página web del Ministerio de Trabajo no requiere de la intervención de empresa certificadora privada alguna” y que el trámite puede hacerse en forma gratuita a través de otros organismos autorizados. “Cuando se planteó este tema a funcionarios del Ministerio de Trabajo, se argumentó que el enfrentamiento político entre la Provincia y la Nación lo impedían. Pero la falacia queda al descubierto cuando se observa que la Dirección de Rentas hacía sus certificaciones a través de la Afip”, fundamentó García Elorrio, quien también observó la activa participación de empleados de la firma Encode en las jornadas de capacitación sobre la flamante tramitación convocadas por el gobierno provincial.

Los planteos del legislador recibieron algunas burlas de sus pares de “Unión por Córdoba” (“¿ahora querés enseñarles a los contadores cómo se hacen las cosas?”) y también una respuesta formal, aunque no menos superficial. “No existe ninguna norma legal emitida por el Ministerio de Trabajo u otra dependencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba que obligue a las empresas o empleadores a suscribir acuerdo con firma privada para efectuar solicitudes de rúbrica de documentación laboral”, señaló el escrito firmado por Jorge Monayar, subdirector de Gestión Legislativa. “Tampoco existe concesión legal alguna o tercerización del servicio digital en el marco de la implementación del Sistema provincial de Administración de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral”, añadió el texto.

Casi en simultáneo, Adrián Brito, por entonces titular de la cartera laboral provincial, salió al cruce de las sospechas asegurando que “de ninguna manera” la instrumentación del nuevo sistema era “un traje hecho a medida” para Dossetti y asociados.

En un rápido cálculo, el legislador García Elorrio estimó en 52,8 millones de pesos la recaudación anual de Encode, “por un servicio que podrían brindar sin cargo entes públicos”.

“Es evidente que hay ciertos acuerdos por debajo de la mesa, aunque es muy difícil llegar a probarlo”, asegura María Rosa Marcone, dirigente de Encuentro Vecinal, quien anticipó que en breve se hará un nuevo pedido de informes al Ministerio que, desde la asunción del gabinete de Juan Schiaretti, encabeza Omar Sereno. “Más allá del reproche ético a la actitud del gobierno de direccionar el negocio, aquí hay un claro perjuicio para el empleador, que aumenta de un modo importante su costo laboral, y también para los profesionales de Ciencias Económicas, que deben realizar un trabajo extra en beneficio de una empresa privada”, precisó la colaboradora de García Elorrio.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba forma parte de la extensa lista de “empresas que confían en Encode”, y que son enumeradas en la página http://www.firmadigital.com.ar. La nómina incluye a bancos, compañías de seguros, sanatorios privados, tarjetas de crédito, líneas aéreas, servicios de medicina prepaga, multinacionales de las gaseosas y de las comidas rápidas, concesionarias de autos, cadenas de supermercados y hasta el grupo que lleva un apellido a esta altura ya familiar: “Roggio”.

A través de su nuevo y exitoso emprendimiento, el ex presidente de Talleres recientemente ofició como auspiciante de la fiesta aniversario del programa radial más escuchado de la Cadena 3 con carácter de “exclusivo”, halago que no le debe haber resultado precisamente una ganga. Encode también tiene presencia publicitaria en algunos espacios periodísticos televisivos, sobre todo vinculados a la temática del deporte.

El testimonio de Dossetti falta en esta nota por su propia voluntad. No fueron pocos los llamados telefónicos que se sucedieron en los últimos meses a partir de un encuentro tan casual como incómodo, en el que el propio ex directivo trató de “romper el hielo” con una breve alocución que acompañó con un gesto de cierto regocijo.

-¿Cómo andás? Me enteré de que te echaron del diario…

-Y bueno. Se ve que molestaba a más de uno. De todos modos, los dos tenemos en claro que todo lo que publiqué cuando seguía la información de Talleres era verdad. Es más: si le parece, podríamos hacer una nota. Usted sabe que no le voy a tirar “centros a la olla”, pero también que todo lo que diga será respetado a rajatabla.

-Bueno… llamame. Acá te doy mi tarjeta.

El encuentro, tan casual como incómodo, tuvo lugar en las escaleras de acceso a un coqueto gimnasio del centro cordobés, un lugar al que se lo vincula estrechamente con aquel único prestamista a quien, en sus ya lejanas épocas de dirigente deportivo, Dossetti temía incumplir.