En poco más de dos semanas, la administración nacional, la provincial y la de la capital cordobesa lograron aprobar a través de las vías legislativas permisos que marcarán un rumbo económico inmediato con consecuencias en el largo plazo. La “convivencia institucional” sustentada en los denominados “pactos de gobernabilidad” fueron centrales en cada una de esas medidas impulsadas por los oficialismos y apoyadas, de modo decisivo, por las bancadas opositoras. Así, abril habilitará los análisis posteriores en torno a la construcción de nuevas mayorías y minorías parlamentarias que tendrán su principal sostén en las alianzas estratégicas que parecen alejarse cada vez más de postulados partidarios y representatividad con los sectores del electorado que ubicaron a cada uno de los legisladores en sus bancas.

Para cumplimentar con los requisitos impuestos por el juez norteamericano Thomas Griesa y habilitar al gobierno de Mauricio Macri para la toma de deuda por 12.500 millones de dólares, el Ejecutivo nacional habilitó una mesa de negociación amplia con las provincias, luego aprovechada por los principales operadores políticos de Cambiemos en el Congreso Nacional. Rogelio Frigerio recibió en el Ministerio del Interior a todos y cada uno de los principales funcionarios de las 24 provincias. Los recibió en soledad, los separó por color político, les habilitó encuentros con el Presidente y encausó cada una de sus preocupaciones por las vías que derivaron en encuentros de la nación y las provincias en áreas específicas. Tuvo mejor trato con los mandatorios opositores que con los propios.

Las quejas acusaron recibo en el Presidente, que las canalizó vía mediación de su principal aliado dentro del radicalismo, Ernesto Sanz. Prometió devolver el 15% coparticipable que ya había devuelto Cristina Fernández por medio de un decreto y que Macri volvió a absorber por la misma vía. Se concentró la planificación de trabajo conjunto en materia de seguridad y se avanzó en los planes en torno a la reforma política. También hubo reuniones en torno a las problemáticas que atañen a la producción primaria, que fueron consensuados entre todos los encargados de las carteras de agricultura provinciales.

La estrategia para tejer los acuerdos que derivaron en las contundentes votaciones del Congreso Nacional se terminó de cerrar con los guiños necesarios al massismo, que se sucedieron desde los momentos electorales y tuvieron su climax cuando el Presidente partió rumbo a Davos con el líder del Frente Renovador y lo apuntó como “futuro líder del peronismo”. Algo similar sucedió con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, que fue parte de la comitiva oficial en la visita al Vaticano.

Hubo también un guiño nacional que habilitó a las provincias para que la política de reducción y despidos de la órbita nacional sea importada por los gobernadores, que hicieron lo propio achicando sustancialmente las áreas estatales, dando de baja contratos y programas que hasta hace un par de meses funcionaban sin problemas.

Córdova va

Los complejos acuerdos expresados a nivel nacional tuvieron su expresión en la provincia. A mediados de mes, la Legislatura le aprobó a la administración Schiaretti dos de las normas más importantes en pos de que el Ejecutivo pudiese avanzar con sus promesas electorales. Con el aval de la versión cordobesa de la alianza Cambiemos (Juntos Por Córdoba) se habilitó al gobierno de Córdoba para una toma de deuda que asciende a los 1.096 millones de dólares, lo que eleva la deuda total de la administración a casi dos mil millones. En el paquete de medidas que se aprobaron en esa maratónica sesión, el radicalismo también le permitió a Unión por Córdoba asegurarse las herramientas para hacer efectiva la obra de gasoductos, cuyo costo asciende a nueve mil millones de pesos y se ubicó en ojo de la tormenta por la presencia de la empresa brasilera Odebrecht, cuyo titular, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel en una causa por coimas en Petrobras.

El círculo cordobés se cierra con el aval de los ediles de Unión por Córdoba en la aprobación del proyecto que habilitó a la gestión del intendente Ramón Mestre a tomar deuda por 150 millones de dólares. Esa inyección de fondos será destinada, según consta en las dos carillas del proyecto, a saldar vencimientos de deudas anteriores y a la realización de obras en la ciudad. En cálculos del oficialismo, la deuda del municipio cordobés hoy ronda los mil millones de pesos y viene acumulándose desde la gestión de Rubén Martí al frente del Palacio 6 de Julio. La mayor parte de los fondos que llegarán a las arcas municipales aspiran a mejorar “el perfil de la deuda”, según señalan desde el radicalismo gobernante. Si bien los funcionarios mestristas apuntan a la mejora en las luminarias y el pavimento de la ciudad, nada dice el proyecto aprobado sobre las obras proyectadas a partir de los nuevos fondos.

El engranaje político-institucional mediterráneo tiene a la toma de deuda como denominador común y casi excluyente. Una semana después de la aprobación de los proyectos de Unión por Córdoba en la Unicameral y un día antes del visto bueno al proyecto del Cambiemos cordobés en el Concejo Deliberante, un centenar y medio intendentes radicales aprobaron el “pacto” propuesto por el gobernador Schiaretti para encausar las relaciones entre la Provincia y los municipios.

El proyecto oficial traslada servicios y programas provinciales a los municipios y prevé la creación de dos fondos especiales de obras públicas, que ligarán en materia de deuda a las administraciones locales con la provincia durante hasta el final de la gestión Schiaretti.