Por estos días, la dirigencia política riocuartense debate quién será el nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad. La renuncia presentada por Guillermo De Rivas permitirá, en primer lugar, brindar mayor contemporaneidad al titular de la Defensoría con la gestión municipal electa en el último comicio comunal. Es un paso adelante: desde las épocas de Mario Alesci  (el primer titular del organismo) el “ombusdman”  local era nombrado un año después de la asunción del intendente electo, por lo que extendía su mandato hasta ese mismo tiempo luego de que el jefe comunal con el que debió convivir diera las hurras.

Como contrapartida, la renuncia del ahora funcionario del Ejecutivo municipal sirvió también para probar la inconsistencia de algunas normas que rigen la vida del instituto: el ahora ex Defensor  y su adjunta, Estela Concordano, demostraron que roza el absurdo la prohibición de no realizar actividades partidarias mientras se ejerce el cargo.

Concordano fue electa concejal y De Rivas llevará adelante el proceso de “modernización del Estado municipal”, tarea que –a nivel nacional- le valió al licenciado Tomás Ibarra el seudónimo de “Torquemada”, por su pulsión a despedir empleados públicos (si son peronistas, mejor) sin otro argumento más que el de hacer “más eficaz” al Estado. 

A propósito, esta semana los medios no oficialistas revelaron que antes de fin de año otros 120 mil empleados nacionales serán expulsados de sus puestos de trabajo.  Todo un presagio…

La elección

Mientras Margarita “Magui” Gutiérrez (por ser la persona con más antigüedad en la Defensoría) ocupa  interinamente el cargo de “ombudswoman” ,  el Concejo Deliberante ha iniciado el proceso dictado por la Carta Orgánica para elegir al sucesor o a la sucesora de De Rivas.

El cuerpo ya efectuó la convocatoria pública de todos los partidos o alianzas con personería jurídica que actúan en Río Cuarto  para que propusieran un candidato.  Se presentaron cinco nombres: cuatro  abogados y  una periodista (la única mujer) están en la línea de largada. En un mes,  los concejales eligirán, entre esas propuestas de la oposición, en sesión secreta. 

Durante la Convención Municipal la forma de designar al Defensor motivó uno de los pocos enfrentamientos serios entre el radicalismo y los peronistas.

En principio, la UCR interpretaba que la institución no debía ser creada. Pero,  luego, los 18 convencionales que la representaban aceptaron la propuesta de los 17 constituyentes del PJ. También el convencional de Unión Vecinal y los dos del FREPASO adhirieron a la iniciativa.  Pero acordaron con los radicales que debía ser elegido entre lo que  proponían “los partidos de la oposición”, en contrapartida con la propuesta del PJ de que ese cargo tuviera algún fundamento en la voluntad popular y fuera para la primera minoría en el Concejo Deliberante. Fácil es advertir que cada cual atendía a su juego.

Como finalmente se impuso la tesis radical, el ya nombrado Alesci fue nombrado al poco tiempo como primer Defensor, en representación de la Unión Vecinal. El llamado “pacto del Andino” se había efectivizado.

El sistema quedó conformado para que el Defensor del Pueblo fuera, siempre, un hombre “amigo” del oficialismo de turno.  La ecuación es simple: como los votos que se necesitan para designar –en segunda vuelta- al titular de la Defensoría  suman 10, el oficialismo (que siempre tiene mayoría en el Concejo- es el que define el nombre entre todos los que acerca la oposición.

La gestión de Alberto Cantero pagó no sólo con la misma moneda sino también con el mismo hombre el desaire del ´97: también optó por Mario Alesci, a pesar de las encendidas e ilustradas argumentaciones de los concejales Rossi Jaume y Alvarez Provenzal, entre otros.

En 2005 los partidos mayoritarios acordaron que había llegado el momento de acabar con ese despropósito. Por otra parte, ninguna otra fuerza tenía para entonces representación parlamentaria, por lo que designar un representante no peronista hubiera resultado un contrasentido.

Igual, los sempiternos conflictos internos del pejotismo local le dieron a Benigno Rins, primero, y a Juan Jure, en 2009, la posibilidad de optar entre al menos dos nombres presentados en cada oportunidad por fuerzas “amigas” de Unión por Córdoba.  Juan Manuel Llamosas y Eduardo “Lalo” Mugnaini contaron con más votos del oficialismo que del peronismo para hacerse del cargo.  El supuesto secreto de la sesión en la que se elige el “ombusdman” no impide sacar sencillas cuentas sobre quien votó a quien.

Recién en 2012, el PJ pudo presentar un candidato formal único. Y aunque dos de sus concejales se negaron expresamente a votar a Guillermo De Rivas,  este consiguió en segunda vuelta los sufragios necesarios.

Prosapia

En otras palabras, si bien quedó en claro que el Defensor del Pueblo tiene un origen “popular” (lo eligen los “representantes del pueblo), también es cierto que dos debilidades de origen condicionan su potencialidad.

Por un lado, la Carta Orgánica sólo lo  faculta para actuar ante la administración local, mientras le veda la actuación ante la justicia pues nada previó en materia de legitimación. En otras palabras, no puede representar judicialmente al Pueblo de Río Cuarto. Decisión de los radicales del ´95.

Por otra parte, con la única excepción del primer Alesci, todos los demás Defensores –de una u otra manera- han sido condicionados por el voto oficialista. Y, aunque la institución se fue fortaleciendo a partir de enfrentar –por delegación de las Defensorías nacional y, en menor medida, de la inexpresiva provincial- a las telefónicas, los bancos que le pagan a los jubilados en condiciones ambientales bochornosas, a las empresas de gas natural, etc., etc.,  es muy difícil encontrar en los últimos 15 años una sola actuación relevante de la Defensoría en torno a problemáticas locales, esas para las cuales fue creada la institución. Y esto no va en desmedro de la actuación de los Defensores. Simplemente, es una regla no escrita: “Yo te elijo, vos no me jodés“, dicen que dicen los intendentes cuando “proclaman” al nuevo Defensor.

Es más, llaman la atención dos características habituales de los últimos Defensores: son miembros de familias de dilatada actuación en la política municipal (Juan Manuel De Rivas fue secretario de Gobierno y presidente del bloque de concejales del PJ, Julio Humberto Mugnaini, intendente municipal, y Esteban Miguel Llamosas, candidato a lord mayor en el ´83) y, en mayor o menor medida, están vinculados al mismo club de los ex intendentes Rins y Jure. Hace tiempo, un humorista local insinuó que el verdadero ámbito donde se elige al Defensor del Pueblo (el chiste hacía referencia a ese y a muchos otros cargos) quedaba en Soles del Oeste. Uno de los postulantes a sentarse en el sillón de Alesci reúne todas esas “condiciones”. ¿Será premonitorio?