Leo con asombro la columna de opinión de mi viejo compañero de estudios en la Escuela de Ciencias de la Información –ahora Facultad- de la Universidad Nacional de Córdoba. Y digo con asombro no porque me sorprenda el giro ideológico de Adrián Simioni desde que ingresó a trabajar como periodista en La Voz del Interior –empresa con la que se ha mimetizado hasta el paroxismo-, sino por el fanatismo con que ataca el reciente fallo de mi hermano Miguel Hugo Vaca Narvaja, el juez federal que frenó el tarifazo de gas para las Pymes en todo el país.

Simioni, habitual editor y columnista de la sección económica -Política y Negocios (sic)- de La Voz del Interior, se arroga conocimientos jurídicos de los que evidentemente carece. Con la soberbia del ignorante, califica el fallo del juez Vaca Narvaja como “una de las inconsistencias que de vez en cuando salen de los Tribunales”.  Y lo acusa de “reconocer un derecho a algo que no es sujeto de derecho”. Lo trata -a diferencia de sus colegas de corporación, que prefirieron descalificarlo apelando al más rancio macartismo- lisa y llanamente de burro.

Sin embargo, en otra nota de la misma edición del diario en la que Simioni publica la suya, se lee textualmente: “Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, Vaca Narvaja entendió que todas las Pyme son un colectivo digno de ser protegido y que en ese caso la tarifa tampoco debe aumentarse sin audiencia previa.

–La audiencia fue hace días-, le recuerda el periodista a su entrevistado.

–Sí, pero no salió aún el nuevo régimen tarifario. Y aquí destaco un punto: hubo dos votos de la Corte, Maqueda y Rosatti, que indicaron que el Poder Judicial puede evaluar razonabilidad y proporcionalidad de un aumento.

-¿Este fallo, al aceptar a las Pyme como colectivo, contradice lo dictado por la Corte?

–Sí, se contradice con el reciente “fallo Cepis”, pero no con el “fallo Halabi”, en que se basó el juez para sostener que Apyme representa a una clase y por tanto es mejor que litigue por todos. Vamos a ver qué dice ahora la Corte”.

En Derecho, se sabe, suele haber dos bibliotecas. Como sucede, en realidad, en la mayoría de las ciencias sociales. ¿Pretenderá el periodista Adrián Simioni –cuya endeble formación jurídica contrasta con la económica, de inalterable sintonía con la empresa editorial que le paga el sueldo- darle lecciones de Derecho, además de al juez federal Vaca Narvaja, a los cortesanos Maqueda y Rosatti?

Para Simioni no hay dos bibliotecas. Como no la hay para sus patrones de La Voz del Interior. Sólo le (les) preocupa el eventual desfinanciamiento del sistema energético y el incremento del déficit fiscal. Como si esto dependiera exclusivamente del aumento de tarifas. O como si no hubiera otra forma de financiar al Estado –desfinanciado por la quita de retenciones a la minería y al “campo”, amén de la abrupta caída del consumo y la destrucción del mercado interno- que a través de impuestazos, ajuste, despidos y tarifazos.

Simioni cita en su nota el testimonio de un supuesto empresario gastronómico –a quien no identifica, como ya es costumbre en los medios del grupo Clarín -, para asegurar que la factura de gas –tarifazo incluido- equivale apenas a la mitad del sueldo mensual de un mozo. “Personalmente pienso que el que se queja de los aumentos se tiene que dedicar a otra cosa”, dice Simioni que dice el empresario que, “personalmente”, se mantiene en el anonimato y tampoco da la dirección del supuesto –y rentable- restaurante de marras.

En base a este (falaz) testimonio, a Simioni le parece descabellado que un juez haya atendido el reclamo de pequeños y medianos empresarios que no pueden –literalmente- afrontar el brutal tarifazo aplicado por el gobierno de Cambiemos. Tarifazo que la propia Corte Suprema dejó sin efecto en el caso de los consumidores “domiciliarios”.

Sin disimular su crispación ante el freno judicial al tarifazo y desconociendo per se la representatividad de la amparista Apyme, Simioni recurre a la chicana para advertir que “está el riesgo de desfinanciar al sistema energético o agrandar el déficit de un Estado que, entre otras cosas, este año les aumentará más de 20 por ciento los sueldos al juez y a sus empleados sin que los contribuyentes hayan sido convocados a audiencia alguna” (sic). Salvo que las paritarias hayan sido derogadas por decreto en los últimos días, las “audiencias públicas” entre trabajadores y patrones suelen realizarse todos los años (aunque en Córdoba el Tribunal Superior le niegue ese derecho elemental a los trabajadores de la Justicia provincial).

Como corolario a su primitivo razonamiento, Simioni replica el engañoso argumento oficial que repiquetea una y otra vez en los canales oficialistas: “el costo del gas en la Argentina es ridículamente bajo, excepto para los más de 13 millones de argentinos que no gozan de él porque el congelamiento de tarifas frenó la expansión de la red”. ¿Desconoce Simioni los millonarios subsidios estatales que garantizaron altísima rentabilidad a las empresas concesionarias del servicio? No creo. De economía, sabe.

“Raro que eso no moleste a tanta gente preocupada por la equidad. El hecho es que, para el que lo tiene, el gas es casi gratis. Y no importa lo que diga Doña Rosa”, concluye el periodista, evocando al personaje imaginario que el inefable Bernardo Neustadt creó para apuntalar el proyecto neoliberal de Carlos Menem.

En aquellos “dorados años ´90”, el estudiante Adrián Simioni todavía concurría a las aulas de la universidad nacional pública y gratuita, donde discutíamos a Marx, Adorno y Horkheimer y soñábamos con una sociedad más justa, libre y soberana.

No nos preocupaba entonces el desfinanciamiento del sistema energético ni el déficit fiscal.

Tampoco lo que dijera Doña Rosa.