A diez años de su cobarde asesinato, Nora Dalmasso no descansa en paz.

Su crimen sigue impune y el único condenado por la Justicia de Río Cuarto es un periodista.

Pero a pesar del descrédito del Poder Judicial y la apatía popular, el fin de la impunidad no parece tan lejano: el año próximo podría realizarse el histórico juicio oral y público en el que Marcelo Macarrón, sentado en el banquillo de los acusados, deberá enfrentar a un tribunal integrado por jurados populares.

Al menos eso es lo que piensa Daniel Miralles.

A diferencia de su antecesor, el nobel fiscal ha mostrado decisión. A solo un mes de asumir, imputó a Macarrón como presunto autor del crimen y reactivó una causa que parecía irremediablemente condenada al olvido. Lo hizo sin incorporar una sola prueba al expediente. Las piezas que le faltan para armar el rompecabezas llegarán desde Uruguay.

Con esos elementos y el testimonio de experimentados aviadores, Miralles considera probada la “ventana horaria” que le habría permitido a Macarrón volar desde Punta del Este a Río Cuarto, asesinar a su esposa, regresar y culminar su raid delictivo adjudicándose el único torneo de su deslucida trayectoria de golfista amateur.

Aunque el crimen se cometió en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, hace diez años, el epílogo de esta increíble historia comenzó a gestarse en el invierno de 2007, cuando el azar quiso que el ADN del presunto asesino –siempre un Macarrón, según el inapelable y coincidente dictamen de la ciencia- coincidiera con la sangre del suegro de la víctima, abuelo del primer imputado y padre del actual: Félix Macarrón, un hosco oficial retirado de las Fuerzas Armadas. Quedarse en la casa de la víctima la noche en que fue hallado el cadáver lo convirtió en la inesperada llave para abrir el cerrojo de lo que bien podría haber sido un crimen perfecto.

Paradojas del destino, fue la sangre del suegro de Nora –cotejada junto a la de otros quince sospechados de contaminar la escena del crimen-, la que orientó la investigación hacia el entorno familiar de la víctima.

La clave siempre fue el gen Macarrón.

Del amante al perejil

La zigzagueante historia del caso Dalmasso es digna del Libro Guinness. La causa llegó a tener tres imputados acusados de cometer el mismo homicidio de maneras distintas y sin conocerse entre sí.

Antes de que la ciencia apuntara hacia los Macarrón, el fiscal Javier Di Santo había imputado al abogado Rafael Magnasco. Joven, pintón, canchero, era el blanco perfecto para los chismes y rumores que afloraban de la usina de la calle Alvear y eran diseminados sin piedad por las calles, bares, peluquerías y barrios de la ciudad. Esos rumores presentaban a Nora Dalmasso como una fatal femme, una mujer insaciable, acosadora de hombres, cuyo trágico final parecía la crónica de una muerte anunciada. En su primer contacto con la prensa nacional, su esposo, flamante viudo con vocero incluído, la perdonó por sus deslices. Y lamentó, como médico, no haberse percatado a tiempo de su problemita. Fue casi un femicidio post mortem, para enmarcarlo en términos actuales. 

El primer decreto de imputación firmado por Di Santo es digno de estudio en las Facultades de Derecho del país y el mundo: el fiscal acusó a Magnasco de haberse acostado con la víctima la noche del crimen. Ni siquiera de violarla. Mucho menos de matarla. ¿En qué artículo del Código Penal está contemplado el delito de tener relaciones sexuales? En ninguno, responden los doctos al unísono. Pero la acusación existió.

La terrible borrachera que se agarró Magnasco la noche del crimen –lo llevaron en auto y tuvieron que esperar porque no podía embocar la llave para entrar a su casa- y la imposibilidad de probar siquiera que conociera a su supuesta amante, pronto lo excluyeron de toda sospecha. La Cámara Penal que revisó la actuación de Di Santo anuló todo lo realizado. El “Rafa”, inmortalizdo por los medios de todo el país como el amante/asesino de Norita, le inició un millonario juicio a la Provincia por “daño moral”.

El caso Dalmasso era la novela mediática nacional del verano 2007. Pero en Córdoba había elecciones y De la Sota no quería complicarle la vida a su socio Juan Schiaretti. Se diseñó entonces un poco sofisticado operativo desde la cúspide del poder para cerrar el caso inculpando a un “perejil”. Trabajaron en esa tarea el entonces fiscal general Gustavo Vidal Lascano, el comisario estrella del delasotismo Rafael Sosa y los pintorescos abogados del viudo, Benjamín Sonzini Astudillo y Rubén Tirso Pereyra. Todos bajo la coordinación del inoficioso vocero de Macarrón, Daniel Lacase.

El plan para cerrar el caso Dalmasso sufrió un inesperado traspié: el “perejilazo”. Una movilización sin precedentes en la historia de la ciudad congregó a una verdadera multitud indignada frente al Palacio de Justicia. Y el juez de control no tuvo más remedio que liberar al “perejil” Gastón Zárate.

Las pruebas contra Zárate se desplomaron como un castillo de naipes. También hicieron su contribución los fiscales que –todavía hoy- trabajan en los Tribunales de Río Cuarto: Walter Guzmán –que zafó estos días de un escandaloso jury por su actuación en el caso Sabena- no investigó los apremios ilegales contra Carlos Curiotti; Julio Rivero –hoy ascendido a fiscal de Cámara- sobreseyó al comisario Sosa porque lo asaltó una “duda insuperable” (sic) pese a haber probado que su estadía en el Hotel Opera había sido abonada por el vocero del viudo.

Rivero tampoco avanzó en la pesquisa sobre la filtración de las fotos del cadáver de Nora Dalmasso que escandalizaron al país. Aclaró, eso sí, que la decisión fue de Macarrón: al descartar que la filtración se hubiera producido en la Fiscalía, debía orientar la investigación hacia los abogados de las partes. El viudo debía hacer la denuncia. Pero Macarrón prefirió iniciar una demanda civil por “daño moral” contra el canal América y los periodistas que difundieron las fotos del cadáver de su esposa.

No sería su única demanda. También denunció a tres periodistas de Río Cuarto –Alejandra Elstein, Vanesa Lerner y el autor de esta nota- por “daño moral”. Eran demandas millonarias, pero el traumatólogo pidió litigar sin gastos.

La huella genética

Cuestionado por su torpeza para recolectar la prueba en la vivienda de los Macarrón en Villa Golf, Di Santo ordenó realizar extracciones de sangre a los posibles contaminadores de la escena del crimen. El resultado fue “concluyente”: la última persona que había estado con la víctima tenía un ADN idéntico al de Félix Macarrón. Por las dudas, Di Santo pidió muestras de sangre de al resto de  los Macarrón que vivían en Río Cuarto. La suerte parecía sonreírle: sólo los del Golf tenían el “alelo nulo” que se correspondía con las muestras obtenidas en la escena del crimen.

El círculo se cerró, inexorable, sobre tres sospechosos: el suegro, el viudo y el hijo de la víctima. El primero dijo que la noche del crimen dormía en su casa; el segundo, que estaba en Punta del Este; el tercero, en Córdoba.

Di Santo eligió el eslabón más débil. Acusó a Facundo Macarrón, un joven menor de edad, de abusar sexualmente de su madre y luego asesinarla con sus propias manos.

La acusación era gravísima, pero el joven estudiante de abogacía no perdió su libertad. Era evidente que el fiscal no medía con la misma vara: al “perejil” Zárate, un humilde pintor de obra, lo había metido preso por el testimonio de un deficiente mental; a Facundo, que estudiaba en la Universidad Católica de Córdoba y pertenecía a una familia acomodada del Golf, lo dejó en libertad pese a contar con prueba científica que indicaba “incontrastables huellas del linaje Macarrón” en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima.

Habían pasado siete meses desde el homicidio y la prueba que necesitaba para demostrar que Facundo Macarrón había viajado a Río Cuarto –las cámaras de las estaciones de peaje- ya no existía. No pudo probar el supuesto viaje criminal de Facundo Macarrón, pero igual lo mantuvo imputado más de cuatro años. También a Zárate, por las dudas.  

Hasta que, en marzo de 2011, llegó el resultado de los análisis del FBI.

Con mejor tecnología que el Ceprocor, los norteamericanos le pusieron nombre propio al “linaje Macarrón”: las muestras eran de Marcelo Eduardo. El viudo.

Con el resultado del FBI en sus manos, Di Santo desvinculó de la causa a Facundo Macarrón (y, de paso, al “perejil”). Pero no imputó al viudo. Al contrario, actuó como su abogado defensor: le envió al Ceprocor –el mismo que no pudo ponerle nombre propio al ADN Macarrón- un cuestionario orientado a probar que sus huellas genéticas en la escena del crimen podían ser producto de la contaminación de prendas en el lavarropas familiar.

Sin imputados, la causa volvió a dormir el sueño de los (in)justos.

El cuarto imputado

En abril de 2015, durante la gestión del rector Marcelo Ruiz, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto denunció al fiscal Javier Di Santo por su evidente inacción en el caso Dalmasso.  Ante la posibilidad de afrontar un juicio por mal desempeño, optó por desprenderse de la causa. El expediente pasó a la Fiscalía de Julio Rivero, que por entonces se probaba el traje de fiscal de Cámara.

El caso Dalmasso se quedó así sin fiscal. Pero la suerte seguía detrás del expediente. Revisando viejas escuchas telefónicas, el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, se encontró con el testimonio de ex agentes de inteligencia y miembros de la Policía Judicial interesados en el caso Dalmasso. Envió la transcripción de las escuchas a los Tribunales de Río Cuarto.

Esas escuchas se referían a la presencia del empresario Miguel Rohrer –amigo íntimo de la familia Macarrón - en Río Cuarto la noche del crimen. A la decisión policial de protegerlo durante su declaración testimonial. Y al desvelo que el caso produjo en De la Sota, que lo comentó con el presidente Néstor Kirchner. Según las escuchas, la controversia se zanjó tras una cumbre entre el jefe de la Policía mediterránea y el Señor Cinco de la SIDE.

Daniel Miralles asumió como fiscal el 16 de febrero. El 18 de marzo, apenas un mes después, imputó a Marcelo Macarrón como presunto autor del homicidio de su esposa. Lo hizo en base a la prueba que está en el expediente hace una década e indica que la última persona que estuvo con Nora Dalmasso dejó su huella genética en la sábana donde encontraron su cuerpo, el cinto con que fue estrangulada, la vagina y la vulva (zona genital externa), de donde chorreaba un líquido blanquecino que el bioquímico Daniel Zabala siempre dijo que era semen, producto de una relación sexual contemporánea al homicidio.

Con esa prueba científica inapelable y confirmada la “ventana horaria” que objetivamente permite realizar un viaje en avión desde Uruguay a Río Cuarto, el fiscal Miralles espera que lleguen las pruebas de Uruguay para redactar la acusación contra Marcelo Macarrón y pedir la elevación de la causa a juicio oral y público. Por la gravedad de la imputación, se descuenta además que será con jurados populares.

Ante este oscuro panorama, el abogado Marcelo Brito amenaza con presentar nulidades, pedidos de prueba extemporáneos –como el cotejo de ADN un cabello hallado en la escena del crimen con el de Miguel Rohrer- y todo tipo de artimañas judiciales para dilatar un proceso para el que seguramente se está preparando y sabe inexorable.

Brito es consciente de que el camino al juicio oral es inexorable. Sabe, además, que pese a la orfandad de reclamo por parte de la familia de la víctima -este año la querella echó al abogado Diego Estévez y todavía no designó reemplazante-, el reclamo de Justicia por Nora en un país que llora masivamente los femicidios nuestros de cada dia ha encarnado como demanda popular en la sociedad riocuartense. Pruebas al canto: en las últimas marchas de #NiUnaMenos realizadas en la ciudad, el rostro radiante de de Nora Dalmasso se confundió en una marea de pancartas con el de otras emblemáticas víctimas de femicidio.

Lo último que vio Nora Dalmasso la madrugada del 25 de noviembre de 2005, hace diez años, fue el rostro de la persona que le arrebató la vida.

Desde entonces, no descansa en paz.

La Justicia de Río Cuarto tiene la última palabra.