El empresario Miguel Rohrer manejaba millones de pesos usufructuando su chapa de presidente de la multinacional Del Monte en Argentina. Tenía –y tiene-, además, un extenso campo, denominado “Cacique Bravo”, en la localidad de Las Acequias, a escasos doce kilómetros de la ciudad de Río Cuarto.

El abogado Daniel Lacase mantenía intactas sus influencias en la DEA y las fuerzas de seguridad, producto de su paso por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem, donde llegó a ser el segundo de Julio César “Chiche” Aráoz, quien fuera socio del capitán Héctor Vergéz, alias “Vargas”, condenado a prisión perpetua por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

El tercero, Marcelo Macarrón, tenía relaciones comerciales con ambos.  Además, eran amigos. Tan amigos que cuando el “francés” –radicado en Buenos Aires- viajaba a Río Cuarto y aún no había adquirido su mansión en el country lindero al nuevo Urú Curé -el club de sus amores donde Macarrón se desempeña(ba) como traumatólogo-, alguna vez durmió en la coqueta casa de Villa Golf que cobró notoriedad cuando Nora Dalmasso apareció allí sin vida, desnuda y con un lazo estrangulando su cuello.

Tan estrecha era la relación que, para los hijos de la víctima, Daniel era el “tío Daniel”. Y el matrimonio compartió unas inolvidables vacaciones en las islas Vírgenes con “Michel” en el año 2003, como lo probó –fotografías incluidas- una investigación del periodista Gustavo Molina publicada en el diario Clarín.

Durante los primeros meses de la traumática investigación del crimen, actuaron como un trío compacto y monolítico. Lacase asumió el curioso rol de “vocero” del viudo ante los medios de comunicación. Y le sugirió al “francés” que armara una coartada sólida sobre sus movimientos aquella noche fatal.

Los tres fueron vistos festejando con champán en el country del “francés” a pocos días de homicidio, como lo relaté en mi libro “Las cuatro muertes de Nora Dalmasso”. La información, aportada por un testigo que quedó azorado al acercarse a la mansión de Michel pensando que estaría deprimido por los rumores que lo asociaban a la víctima, nunca fue desmentida por los miembros del otrora poderoso triángulo.

Lacase le puso los primeros abogados a Macarrón y todos –incluido el fiscal Javier Di Santo- intentaron que el pintor Gastón Zárate pagara los platos rotos del cobarde homicidio de Villa Golf. Pero la tortilla se les dio vuelta: una pueblada, el “perejilazo”, obligó al timorato Poder Judicial riocuartense  a liberar al pintor. Y la acusación se fue cayó como un castillo de naipes. En cambio, se probó que el testigo que incriminó a Zárate, Carlos Curiotti, tenía debilidad mental y firmó su declaración tras padecer apremios ilegales. También se probó que el hotel donde se alojó el comisario Rafael Sosa y su comitiva policial fue abonado por Lacase. Y se probó que las fotos del cadáver de Nora Dalmasso difundidas por el canal América fueron aportadas a la enviada especial a Río Cuarto por los abogados de una de las partes. Sólo la negligencia y/o complicidad de los fiscales de los Tribunales locales evitó que estas causas llegaran a juicio.

Tras la imputación de Facundo Macarrón, algo cambió. Macarrón buscó otros abogados. Rohrer vendió su mansión y cerró las oficinas de Del Monte. Lacase se mandó a guardar, renunció a su patética “vocería” y volvió a ocuparse de sus asuntos jurídicos, mayormente en el fuero laboral.

En su desesperación por ensayar una defensa distinta a la de Facundo Macarrón, Brito intenta ganar tiempo y embarrar la cancha para dilatar el juicio oral y público al que inexorablemente parece  destinado el padre de su primer cliente. Marcelo Macarron –es bueno recordarlo- está imputado desde principio de año como autor material del “homicidio agravado por el vinculo” de su esposa. El delito, por su gravedad, prevé una pena de prisión perpetua y la intervención de jurados populares.

Sin una estrategia procesal que no sea cuestionar las pruebas y dilatar el proceso, en una jugada audaz o temeraria, según se mire, Brito apunta ahora contra el “francés”. Elementos no le faltan: las escuchas telefónicas aportadas por el fiscal Enrique Senestrari demostrarían no sólo que Rohrer estuvo en Río Cuarto la noche del crimen, sino que además habría contado con la complicidad de funcionarios policiales –amén de la conocida complacencia de los fiscales que por entonces acompañaban a Di Santo- para sortear con éxito su primera declaración como testigo en la causa. Su coartada es, por cierto, tan intrincada como poco creíble.

El triángulo se rompió, pero sus líneas podrían volver a converger en un juicio oral. Recién entonces se sabrá hasta dónde llegan las consecuencias de la ruptura del poderoso trío que señalaba culpables, enjuiciaba periodistas y amenazaba llevarse el mundo por delante. Y se sabrá, sobre todo, si aún es posible quebrar el pacto de silencio que ayudó a tender un impiadoso manto de impunidad sobre el femicidio que conmovió al país hace una década.