La legisladora provincial Vilma Chiapello criticó la reforma a la ley de seguridad provincial impulsada por el gobernador Juan Schiaretti y alertó sobre el excesivo poder que se otorgaría al Ministerio de Seguridad en caso de ser aprobada por la Unicameral.  “Es una reforma que no implica un cambio de política de seguridad: se crean Consejos Ciudadanos sin participación de los vecinos y no se revisa la formación de los policías, que ha demostrado ser absolutamente insuficiente para que afronten la responsabilidad de velar por la seguridad de la población”, advirtió la legisladora.

Chiapello recordó que desde mediados del año pasado, el gobierno de Schiaretti viene implementando el “Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito” y ahora se propone reformar la ley de seguridad para compatibilizarla con ese programa. Pero advirtió que el Ejecutivo es ambiguo en su articulado y carece de datos estadísticos que avalen su iniciativa. “¿Qué análisis tenemos de nuestra Policía?, ¿en qué se modificará la formación de nuestros policías?, ¿con qué recursos se lograran los objetivos que propone la ley?”, se preguntó.

“Creemos que es necesario conocer y establecer un control sobre los nuevos programas de educación que recibirán los aspirantes a los cuerpos policiales y repensar las fórmulas para superar la brecha entre los nuevos policías y los que llevan años de servicio”, advirtió. Y propuso destinar más recursos a mejorar la educación de los actuales y futuros agentes: “Consideramos que debe haber presupuesto permanente y suficiente para invertir en docentes especializados que garanticen egresados que sean correctamente capacitados para los  nuevos cargos, para de esta forma tener una educación coherente con el nuevo modelo que se plantea. No se pueden llevar adelante planes de seguridad y prevención ciudadana si no se logran cambios en la cultura organizacional de las instituciones de seguridad, que actualmente se centran en un fuerte control social y resabios de paradigmas militarizados y jerárquicos”, insistió.

Sobre la Policía de la Provincia llueven cuestionamientos por detenciones arbitrarias, corrupción y abuso de poder. Para Chiapello, esto es consecuencia de un paradigma de seguridad que se ha demostrado ineficaz: “Estos modelos de seguridad se aplican en nuestra provincia desde fines de la década del ´90 cuando era gobernador (José Manuel)  De la Sota, que tiene una idea de seguridad ciudadana liderada por actores policiales que tienen trayectoria en unidades militarizadas”. Para la legisladora, estas políticas redundaron en “un aumento del poder y la arbitrariedad policial, abandonando el énfasis en la protección de los derechos”.

La legisladora sostuvo que la actual Ley N° 9.235 diseñó un sistema de seguridad pública conformado por la policía administrativa y el servicio penitenciario, y complementado por Defensa Civil, las Juntas de Participación Ciudadana, Dirección de Tránsito, Seguridad Náutica y la agencia de control de la seguridad privada. Y que si bien se previó el diseño de un plan estratégico de seguridad y un programa comunitario, en los hechos se terminó afianzando el esquema autoritario. “En épocas electorales ante la demanda de mayor seguridad se aplicaron  políticas de mano dura. La experiencia demuestra que fracasaron y por eso es necesario un cambio de paradigma”, insistió.

También cuestionó la falta de estadísticas oficiales en materia de seguridad: “A lo largo de estos años no hubo evaluaciones de las políticas de seguridad de la provincia y después de 17 años el Gobierno no pueda dar respuesta a los problemas de inseguridad. Sería bueno que antes de cambiar la ley, la Provincia diera respuestas concretas con índices reales de la supuesta eficacia el Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”.

Sobre la futura conformación de Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana previstos en la nueva ley, Chiapello sostuvo que el texto omite determinar cómo y a través de qué mecanismo serán elegidos sus miembros: “Cuando se habla  de que la Policía Barrial trabajará bajo protocolos específicos, sería bueno que se detallaran esos protocolos que la ley habilita”. “Las actuales Juntas de Participación Ciudadana funcionaron como espacios de legitimación de la actividad policial, ya que estuvieron organizadas desde la institución y presididas por el comisario de la zona”, advirtió la legisladora. Y añadió que por tanto no cumplieron su objetivo de integrar a la sociedad en las políticas de defensa ciudadana: “En esta Juntas no se planteó generar espacios de diálogo con aquellos jóvenes que son considerados «productores de inseguridad», sino que sólo participaron aquellos propietarios que vieron vulnerado o amenazado su derecho a la propiedad y la oferta de medidas que se proponen suelen ser defensivas y/o punitivas”. En este sentido, propuso que se convoque previamente “a los grupos considerados de alto riesgos (jóvenes, personas con problemas de drogadicción, desempleados) a mesas de trabajo para el desarrollo de programas de impacto directo para lograr su inclusión y evitar su reincidencia. Es fundamental  trabajar en la prevención sobre todo con uno de los sectores más vulnerables como es la juventud en nuestra provincia, la cual está profundamente estigmatizada y sufre sistemáticamente el abuso policial”.

Sobre la creación de la “Dirección General de Control de Conducta Policial” prevista por la nueva ley, sostuvo que es “una remake de Asuntos Internos, es decir, la policía controlando a la misma policía. No existen garantías de que pueda llevarse adelante un proceso real de diferenciación entre los agentes que realizan su tarea correctamente y con dedicación, de quienes no cumplen con el deber para el que han sido designados”. Los resultados, dijo, están a la vista: policías imputados y condenados por delitos vinculados a la corrupción y el abuso de autoridad.

“Acá lo que hay que cambiar es el paradigma de seguridad, no seguir con maquillajes a una ley que en realidad no cambia nada. La inseguridad no tiene que ver solamente con cuidar la propiedad privada, sino con no tener trabajo, acceso a la salud, a la educación o al agua potable. Hay sectores que ni siquiera tienen acceso al centro de la ciudad y son los más vulnerables y los más expuestos”, advirtió.

 “Creemos que un modelo de inclusión, antes de ser un modelo de política de seguridad, es un modelo de desarrollo económico y humano, es por ello que más allá de las modificaciones técnicas que la ley habilita, es necesario trabajar en nuestra provincia con cuestiones como la aplicación de políticas públicas universales que lleguen a todos los ciudadanos y que tiendan a la igualdad de oportunidades, a generar nuevos puestos de trabajo que los dignifiquen e incentivar el desarrollo”, concluyó la legisladora.