“Cotreco no se va”. La expresión repercute en el Palacio Municipal e implica un traspié político para el intendente Juan Manuel Llamosas.  Sin embargo, habría que ser indulgentes a la hora de fijar la condena: el actual jefe comunal puede haber cometido errores, puede haber sobredimensionado sus capacidades y las de sus colaboradores, o puede haber  minimizado el poder de fuego de COTRECO y el SURBAC. Pero en la práctica la conclusión final del proceso de licitación del sistema de barrido, limpieza, recolección y tratamiento de la basura no es sino el resultado de una serie de complejos procesos políticos, económicos y gremiales del último cuarto de siglo, no sólo una mera contradicción entre una frase del Llamosas candidato con la práctica del Llamosas intendente.

En la década de los ´90, todo servicio debía ser privatizado. Benigno Rins era el intendente de Río Cuarto. Su paso por las Secretarías de Hacienda y de Gobierno durante el mandato de Miguel Abella y su acercamiento con personeros del liberalismo autóctono como Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo lo habían convertido en un militante de las privatizaciones.

El servicio municipal de recolección de residuos era obsoleto, problemático, cuestionable. En otras palabras, el campo era el adecuado para avanzar en la entrega del sistema a un operador privado. El elegido fue ASEO, una empresa del grupo SOCMA. El pliego de licitación instaló por primera vez en el boca a boca de los riocuartenses la idea de que para saber quién ganaría un concurso, había que saber primero quién había elaborado los pliegos.

ASEO, como era de esperar, no duró mucho. Fue reemplazada por Cliba, una empresa con mayor experiencia en el rubro. Tampoco el servicio mejoró. Por el contrario, dejó latente la idea de que era hora de volver todo a fojas cero. La llegada al poder del peronismo -y, en especial, de Alberto Cantero- implicó el final del sistema privatizador. El canterismo desempolvó una vieja ley del primer peronismo y avanzó en la creación de empresas de economía mixta, cuyas acciones de oro siempre quedaban en manos del Estado.

Nacieron, en medio de la peor crisis económica y financiera de la historia argentina, firmas dedicadas a recolectar y exportar miel, un frigorífico de liebres y conejos, una empresa destinada a cumplir con el servicio de alumbrado público (SEMIUSUR) y otra destinada a la recolección y disposición de la basura (GAMSUR) 

Por diversos motivos, esta última fue la más exitosa. A medida que comenzó a darle respuestas a la ciudadanía, también inició un proceso de expansión que la llevó a prestar servicios en otras ciudades como Río Tercero y Olavarría.

Pero, mientras el servicio se prestaba de manera adecuada y con un plantel relativamente reducido de personal (140 empleados en 2005), la convivencia interna de los socios privados con el Estado no era todo lo armoniosa que  el emprendimiento parecía reclamar.

Para los funcionarios municipales, siempre hubo de parte de algunos de los “accionistas” demasiada premura en recoger los beneficios de su inversión. El tema nunca se debatió con claridad ante la opinión pública, pero lo cierto es que abrió la puerta para que Rins, al regresar al poder, planteara su propósito de acabar con las “empresas de economía mixta”.

SEMIUSUR -más de hecho que de derecho- fue fusionada con GAMSUR, que lentamente dejó de participar en licitaciones para prestar servicios en otras ciudades, y el número de dependientes de la empresa comenzó a expandirse considerablemente.  Al asumir Llamosas, 270 personas dependían de COTRECO. Pero esta es otra historia.

La era Jure

Herida de muerte por decisión política y por una intencionada mala administración, GAMSUR se transformó -mágicamente- en “el mejor negocio municipal de las últimas décadas”, según aseguró el intendente Juan Jure cuando decidió que la empresa pasara a ser casi en su totalidad del Estado municipal. 

Algo había cambiado también en las relaciones laborales. El Sindicato de Camioneros, primero, y el SURBAC, después,  habían avanzado en la consolidación de no pocos espacios en el marco de los sistemas municipales de recolección de residuos en todo el país. Para algunos municipios, en especial los bonaerenses, ya no había vuelta atrás. 

Había empresas que pertenecían al Sindicato -expresa o disimuladamente-, las cuales de manera cotidiana mejoraban las condiciones de sus trabajadores a costa de las comunas. El reclamo de “mayores costos” pasó a ser común.

En ese contexto, GAMSUR -que iba perdiendo, no sin escándalos, su presencia en otros mercados- comenzó a ser una pesada carga para el municipio. Cara, poco eficiente, en franco proceso de descapitalización, tomada virtualmente por sus empleados, la empresa quedó al borde de la quiebra en 2011. Faltaba muy poco para que Jure buscara la reelección. El intendente no podía resistir que nuevamente el Pasaje de la Concepción fuera cubierto de mugre por los trabajadores del SURBAC, ya constituido en el gremio dominante en la provincia.

La decisión fue, entonces, destruir GAMSUR. En ese intento, surgieron anécdotas más propias del Macondo de García Márquez. Una supuesta empresa manejada por supuestos dirigentes supuestamente próximos al gobierno nacional kirchnerista arribaron a Río Cuarto, Villa María y Córdoba para proponerles a sus intendentes una mágica solución a todos sus males. La empresa se llamaba INVIRON. Los “empresarios” mostraban fotos y presentaban a supuestos y exitosos colegas norteamericanos que reflejaban cómo la basura podía convertirse en  un recurso extraordinario, reciclable.

Jure se mostró cautivado por los visitantes. Incluso invirtió una pequeña fortuna ($ 120 mil pesos de entonces) en promocionar el sistema ofrecido.  El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, fue más prudente. Tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para conocer “la planta de INVIRON”. Todavía la está buscando. La empresa no era mucho más que un proyecto ambicioso, un conjunto de buenas voluntades puesto al servicio  de unos pícaros que en nuestra provincia daban por hecho lo que era sólo una maqueta publicitaria.

INVIRON se cayó, pero la decisión de cerrar GAMSUR siguió vigente. Apareció COTRECO, una modesta empresa dirigida por Horacio Busso, el hermano de Sergio Busso, ministro, legislador tribuno de cuentas y operador político de José Manuel De la Sota.  En septiembre de 2011, a pocos meses de lanzar su campaña electoral para la reelección, Jure transfirió el contrato de la empresa de economía mixta a la empresa privada. La decisión parecía incompatible con las normas de Sociedades, pero hasta hoy todavía ningún Juzgado se expidió al respecto.

Dos detalles: con el contrato, allá fueron a parar también los cientos de empleados de GAMSUR. Entre ellos, sindicalistas del SURBAC a quienes nunca se los vio correr detrás de un camión recolector por las calles de Río Cuarto. Hay quienes aseguran que también entre los “transferidos” había personal que se desempeñaba en la pintoresca Alpa Corral.  El otro punto controversial fue el de asumir como un cargo municipal el compromiso patronal de indemnizar a todos los empleados de las empresas recolectoras de residuos una vez que se diera de baja el convenio de concesión o éste finalizara. Era la cláusula de oro. COTRECO se hacía cargo del personal de GAMSUR pero éste seguía vinculado con la empresa de economía mixta. Ergo: todos los beneficios para Busso y compañía, todas las penas, municipales.

Desde su arribo a Río Cuarto, COTRECO -que apenas registraba haber prestado un servicio similar en una pequeña localidad santafesina-  no dejó de crecer. En poco tiempo se quedó con la recolección de residuos en Córdoba, Carlos Paz y Villa María.

A pesar de que la Municipalidad siempre cumplió con el canon mensual, en 2015 la empresa preguntó a la Justicia provincial si podía rescindir el contrato sin pagar ningún tipo de multa por ello. El argumento: no podía soportar la pérdida de seis millones de pesos por mes que aducía sufrir. El juez Rolando Guadagna ordenó una auditoría que estableció las pérdidas en unos cinco millones de pesos por mes. Pero cuando se analizaron los papeles, surgieron dos problemitas nuevos: la empresa perdía tres millones de pesos sólo por financiar al municipio. Había aceptado cobrar su canon con cheques posdatados. El resultado fue demoledor: el costo de esa improvisada financiación implicaba un duro golpe a la empresa. El otro aspecto cuestionable fue denunciado por el entonces Defensor del Pueblo, Guillermo De Rivas. La administración de la empresa parecía estar a cargo del enemigo. Gastos innecesarios, algunos poco claros, incumplimientos varios  de los compromisos asumidos, etc., etc.  constituían la característica principal de una administración que parecía rozar lo fraudulento.

No obstante, el juez Guadagna sugirió que el municipio reconociera la pérdida financiera que generaba con sus cheques diferidos a COTRECO. La premura con la que la comuna aceptó la propuesta fue más que sospechosa.  Guillermo Mana, jefe de Gabinete, fue el vocero en cuanta conferencia de prensa se anunció el acuerdo. Tiempo después, cuando ya Mana había guardado su traje de funcionario y precandidato a intendente, asumiría como el principal asesor económico de... COTRECO.

Llamosas y después

Al fin, en 2015 el contrato, derivado de GAMSUR, llegó a su fin con un panorama inquietante: la empresa cobraba mucho más de lo que establecía el acuerdo original, tenía mucho más personal que el necesario para cumplir su tarea, los trabajadores debían ser indemnizados por GAMSUR (es decir, por el municipio), el servicio de alumbrado y semaforización prácticamente no se prestaba (Busso reconoció en una entrevista televisiva que ese servicio ni siquiera lo quería seguir desarrollando). En síntesis: caro, deficiente, incompleto y muy perjudicial para el Estado.

Aún en ese contexto, haber dicho que COTRECO no iba a seguir resultó aventurado. En especial porque la decisión política de reformular el servicio requería mucho más que un buen abogado administrativista y un dirigente político de izquierda que había encontrado en el tema de los residuos urbanos un buen ámbito de militancia.  La práctica demostró que el problema era otro.

Tres días después de asumir, el secretario de Servicios Públicos desapareció de la escena luego de ser “interpelado” (por decirlo sutilmente) por los dirigentes del SURBAC. En tanto, los proyectos de “Códigos de Limpieza Urbana” tomados de Wikipedia encontraron rápida aprobación legislativa pero en nada contribuyeron a abaratar o a mejorar el servicio. Al final de cuentas, los pliegos no difirieron mucho de los que Rins redactó en los ´90. Incluso un concejal del oficialismo llegó a decir con orgullo que Río Cuarto volvía a licitar el servicio después de 20 años. La experiencia de las empresas de economía mixta promovida por Cantero fue sepultada por sus propios compañeros.  Ahora sí, el nuevo pliego no necesitó ninguna cláusula para favorecer a nadie. La carterización del servicio (se sabe que las empresas acuerdan quien se presenta en cada lugar y en qué condiciones  para no pisarse entre sí) dejó solito a COTRECO. Y COTRECO no se fue.