Crónicas
Entrevistas
Actualidad
El Kiosco virtual
Reflexiones
Cultura
Música
Cine
Libros
Galería Magalú
Galerías multimedia
La Revista
Revista El Sur
Staff
Ediciones en papel
"El derecho víctima del terrorismo de Estado", de Esteban Ortiz.
Los abogados y el terrorismo de Estado
Por | Fotografía: UniRío editora.
Foto: Hernán Vaca Narvaja, Esteban Ortiz y Susana Aguad durante la presentación del libro \"El derecho víctima del terrorismo de Estado\".
El libro, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UniRío), fue presentado el jueves 23 de abril en la Biblioteca Córdoba. Un análisis riguroso sobre el rol de los abogados durante la última dictadura cívica militar.
Publicada el en Libros

El terrorismo de Estado en Argentina dejó el luctuoso saldo de 30 mil desaparecidos, miles de asesinados, presos políticos, exiliados y centenares de niños apropiados que, casi cuatro décadas después, todavía viven en la mentira de una identidad robada. 

En las últimas décadas, la sociedad argentina fue protagonista de una disputa política, cultural y jurídica. Con los organismos de derechos humanos a la vanguardia, hubo que luchar mucho para desterrar la impunidad y lograr el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar.

Hubo que plantarse con firmeza contra las simplificaciones autoexculpatorias como la teoría de los dos demonios, que igualaba a víctimas y victimarios en una increíble, falaz y casi surrealista confrontación bélica entre dos bandos enfrentados.

Las consignas que cantábamos en nuestra juventud hablaban de la férrea voluntad de impedir la manipulación histórica del genocidio. “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”.

A 39 años del golpe militar nadie puede hacerse el distraído. Desterramos el “por algo será”, el “algo habrá hecho”. Está probada la existencia del plan cóndor, de las desapariciones forzadas –la “solución final”, como decía Videla-, de las torturas, los vuelos de la muerte, la apropiación de bebés nacidos en cautiverio.

La batalla cultural ganada no es menor que la batalla jurídica. La teoría de los dos demonios era tan funcional a los autores intelectuales de la mayor masacre del siglo XX como las leyes de impunidad y los indultos a sus autores materiales.

La revisión de nuestra historia implica necesariamente, además del juicio y castigo a los culpables, la reivindicación de una generación diezmada.

Aunque a los medios hegemónicos les disguste el “relato”, desde hace una década este relato se construye sobre cimientos sólidos.

“La única verdad es la realidad”, decía Perón. Y la realidad es que en Argentina –y en América Latina- hubo un plan sistemático de exterminio, un terrorismo de Estado aplicado sin piedad para eliminar todo vestigio de resistencia a la imposición del neoliberalismo más atroz y descarnado que haya vivido el continente desde los tiempos de la conquista.

Vale la pena hacer un rápido racconto de este proceso: tras imponer el reino del terror sembrando el país de campos de concentración, los militares pretendieron autoerigirse en héroes de una cruzada épica que preservó los valores occidentales y cristianos ante el avance de la “subversión marxista internacional”.

Con los militares en retirada luego de su estruendoso fracaso en Malvinas, el primer gobierno democrático, pese a haber creado la CONADEP y concretar el histórico juicio a las Juntas Militares, ensayó la perversa teoría de los dos demonios, equiparando a víctimas y victimarios en una “guerra sucia” entre “dos bandos” que se enfrentaban entre sí ante la pasiva contemplación de una sociedad perpleja.

El presidente Carlos Menen profundizó esta teoría y pretendió imponer la “reconciliación nacional” indultando a los pocos genocidas que habían sido condenados por la Justicia argentina.

En la última década, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se derogaron las leyes de impunidad y se hizo una revisión profunda de aquellos paradigmas, proponiendo en su lugar una política de Estado basada en el eje Memoria, Verdad y Justicia.

Hoy nadie discute que el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue el epílogo de un siniestro plan continental (el Plan Cóndor) que, con la complicidad y el acompañamiento de la jerarquía eclesiástica y los grupos económicos más concentrados, instauraron sendas dictaduras en América Latina para imponer el proyecto neoliberal impulsado por Estados Unidos y sus socios continentales.  

CÓRDOBA ARRASADA

Cuna de la Reforma Universitaria y el Cordobazo, rebelde y conservadora, tradicional y cosmopolita, Córdoba pasó de ser un faro revolucionario que alumbraba al país y el continente a una de las provincias más castigadas por el terrorismo de Estado. Aquí el escenario del terror se montó mucho tiempo antes del golpe cívico militar, cuando un movimiento sedicioso (el Navarrazo) derrocó al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López.

El “Operativo Independencia” montado para aniquilar la guerrilla en Tucumán y el sistema represivo impuesto en la Córdoba pos Navarrazo constituyen los primeros ensayos del plan criminal de Videla, Martínez de hoz, Massut, blaquier, Menéndez, primatesta y compañía.

Este es el eje argumental del libro de Esteban Ortiz. El terrorismo de estado empezó antes del golpe del 24 de marzo y tuvo en Córdoba uno de sus primeros ensayos. Y en este escenario pre dictatorial, los abogados –que en muchos casos también eran periodistas- fueron blanco predilecto de la triple A y su versión cordobesa, el Comando Libertadores de América.

Docente universitario, investigador, defensor oficial y abogado comprometido con su realidad, Esteban Rafael Ortiz nos muestra en este libro el resultado de un estudio riguroso y exhaustivo, que describe la compleja relación entre el Derecho y el Terrorismo de Estado. El autor aborda las complejas redes que conforman en la praxis esa entelequia inasible –y por tanto ideal- que es el Derecho.

Si el Derecho es Sinónimo de Equidad y Justicia, la articulación del Estado Terrorista, como supresión absoluta del Derecho, implica la eliminación lisa y llana del marco normativo que rige a una comunidad organizada en democracia. Y aquí viene la primera paradoja: a pesar de haber modificado la estructura normativa del país (suplantando el “Estado de Derecho” por el “Estado Terrorista”) y haber facultado incluso a los  Tribunales Militares a aplicar la pena de muerte, la dictadura cívico militar necesitó montar una estructura clandestina para llevar a cabo su plan criminal. 

La dictadura tuvo, precisó, necesitó, en palabras de Emilio Mignone, de “una normativa global paralela y secreta”. Y la precisó porque los abogados siempre encontraban un resquicio para aplicar el Derecho, para interponer recursos, para poner piedras en el camino de la impunidad y el autoritarismo.

La investigación de Esteban Ortiz recupera lo más noble y lo más oscuro del ejercicio de la profesión de abogado.

Rescata los ejemplos de abogados que arriesgaron su vida para presentar Hábeas Corpus y así lograr al menos que las fuerzas armadas blanquearan a los detenidos-desaparecidos. Cómo habrán sido de valientes y persistentes estos abogados, que se presentaron 9.319 recursos de hábeas corpus en el país durante la última dictadura cívico militar.

El libro cuenta las miserias humanas de la dirigencia de los Colegios de Abogados de la provincia y el país, de su tibia o nula defensa de sus asociados, de su abierta adhesión a la dictadura. Estaban más preocupados por evocar a los próceres u organizar los festejos institucionales que por defender la vida de sus colegiados presos o desaparecidos. Rescata el ejemplo de abogados que, desde la lejanía del exilio, denunciaron la sistemática violación de los derechos humanos en su país. Recupera para la posteridad la vergonzosa solicitada de un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la universidad nacional de córdoba que renegaron de sus colegas desaparecidos, presos y exiliados, para adherir fervorosamente a los principios del Proceso de Reorganización Nacional. Firmaron un texto condenando la “campaña anti argentina” que se montaba desde el exterior.

Ortiz recuerda –porque, como dice Eduardo Galeano, “la memoria no nació para ancla sino que tiene más bien vocación de catapulta”-, que algunos de los firmantes de aquella bochornosa solicitada ocuparon y ocupan los máximos sitiales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia desde la restauración democrática.

En el libro de Ortiz no hay ausentes. Hay memoria viva. Reviven en sus páginas los abogados desaparecidos por la hidalguía y la nobleza de su lucha. Y revive también la mezquindad de quienes debieron velar por la integridad física de los presos políticos y prefirieron hacer la vista gorda o avalar las torturas y los asesinatos que se cometían en sus narices y bajo su propia jurisdicción.

El libro describe sin tapujos la inconfesada complicidad de vastos sectores del Poder Judicial, la Iglesia católica y los medios de comunicación con la dictadura cívico militar. Y lo hace sin eufemismos, mencionando con nombre y apellido a quienes permitieron, avalaron y hasta celebraron la peor matanza colectiva del Siglo XX. Recuerda, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) entregó al gobernador militar Carlos Chasseing el listado de los empleados de Tribunales con sus domicilios particulares y avaló la cesantía de quienes dejaron de ir a su trabajo por estar detenidos, exiliados o desaparecidos. Describe la complicidad de los medios de comunicación de la provincia, desde la obsecuencia del diario “Los Principios” que reproducía los partes mentirosos del Tercer Cuerpo de Ejército hasta el declamado apoyo del diario “La Voz del Interior” al genocida Luciano Benjamín Menéndez.

Además de la precisión del planteo teórico –el Derecho víctima del Terrorismo de Estado- y de la tensión entre la práctica del Derecho como reaseguro del statu quo o herramienta de transformación social, el libro de Ortiz constituye un merecido homenaje a quienes ofrendaron su vida por enaltecer el ejercicio de la abogacía. En sus páginas se rescatan nombres de abogados emblemáticos en la lucha contra el terrorismo de Estado como Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Mario Abel Amaya, Tomás Fresneda, Carlos Felipe Altamira, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Gustavo Roca, entre muchos otros. La lista es tan larga como dolorosa.

No es casual, plantea el autor, que la dictadura cívico militar hiciera desaparecer a más de un centenar de abogados en la provincia de Córdoba. “Las estadísticas de la represión –apunta Ortiz- demuestran el encarnizamiento del régimen contra los abogados comprometidos con un derecho popular y la defensa de los derechos humanos”.

Por su justeza teórica y su precisión estadística, el trabajo de Esteban Ortiz constituye un aporte fundamental a la revisión de nuestro pasado reciente y una merecida reivindicación de aquellos hombres y mujeres que abrazaron la abogacía como herramienta de transformación social y emancipación nacional. 

Ficha técnica:

Ortiz, Esteban Rafael: El derecho víctima del terrorismo de Estado. UniRío editora, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 2015. 296 páginas. 

Hernán Vaca Narvaja
- Director -