El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) pidió el inmediato apartamiento de los fiscales Javier Di Santo y Walter Guzmán de las causas donde se investigan los asesinatos de Nora Dalmasso y Alejandro Flores, respectivamente. Lo hizo mediante una presentación en la fiscalía de Julio Rivero, a quienes le pidieron que les permita constituirse como querellantes en la causa.

Di Santo y Guzmán fueron denunciados el 8 de abril como supuestos autores del delito de Omisión de Represión de los Delincuentes (Art. 274 del Código Penal) por su manifiesta inacción en las causas Dalmasso y Flores, paradigmas de la impunidad en la ciudad de Río Cuarto y el país.

En la presentación, “a los fines de contribuir a consagrar los fines de la investigación e impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores”, el Observatorio de Derechos Humanos le pidió al fiscal Rivero que ordene “el apartamiento de los fiscales (Di Santo y Guzmán) de las causas cuyos procedimientos desnaturalizaron, al omitir el mandato legal que obliga al funcionario a mantener vigente la persecución penal”.

“Es evidente que bajo la forma del cese de los efectos delictivos o simplemente para preservar el debido proceso, Guzmán y Di Santo deberán ser retirados de los expedientes simplemente porque lo que no hicieron es de esperar que no lo harán. O lo que es peor, pueden llegar a concebirlo deficientemente, obligados por las denuncias de un desempeño arbitrario. O si se quiere pueden ambos tomar tardíamente medidas inconducentes que no pueden lograr superar la calificación de idoneidad”, señalaron.

Y advirtieron que sólo el paso al costado de ambos fiscales permitirá llevar adelante la investigación “con una autoridad incontaminada, que evite toda duda de parcialidad, oportunismo o violencia moral que los inhabilita a continuar entendiendo objetivamente en las causas”.

La presentación judicial recuerda que el Observatorio de Derechos Humanos tiene entre sus objetivos “la identificación de la vulneración o violación de los derechos humanos, así como la importante tarea de potenciar prácticas que contribuyan a su defensa”, además de “la lucha contra toda violación y manifestación de violencia estatal, lucha contra la impunidad y reclamo de justicia, coadyuvando a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al deber del Estado de investigar, juzgar, castigar y reparar las violaciones a los derechos y a las libertades”. 

“La práctica extensionista propiciada al verificarse que en procesos penales vigentes se hace caso omiso al respecto del debido proceso que exige básicamente la realización de las etapas de acusación, juicio y castigo si correspondiere, torna justificada la incorporación del Observatorio de Derechos Humanos en carácter de querellante, con el propósito de coadyuvar desde ese lugar a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos”, concluye el escrito.

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos entregó la semana pasada copia certificada de la denuncia contra los fiscales Di Santo y Guzmán al secretario de Sumarios Administrativos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Mauricio Quiles. En la nota, fechada el 23 de abril, se pone en conocimiento del TSJ “a los efectos que hubiere lugar” la existencia de la demanda penal por inacción presentada en Río Cuarto contra los fiscales Di Santo y Guzmán, “a quienes el Observatorio de Derechos Humanos considera prima facie incursos en el delito de Omisión de Represión de los Delincuentes, encuadrado en el artículo 274 del Código Penal, por su evidente inacción en los resonantes casos “Dalmasso” y “Flores”, que permanecen impunes”.