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Ediciones en papel
Avanza el plan de Papel Prensa que atenta contra la libertad de expresión
Magnetocracia
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El gran tanque argentino, Clarín, avanza en el Congreso Nacional para obtener un manejo discrecional de la fabricación de papel para diarios, que detenta merced a los acuerdos con el genocida Jorge Rafael Videla. Ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la democracia.
Publicada el en Crónicas

¿Alguien sabía de la existencia de El Ucachense? Los vecinos de Ucacha, sí. ¿Alguien leyó alguna vez El Observador, de Monte Maíz? Los vecinos de esa localidad, sí. ¿Alguien supo que Nuevo Serrano superó las dos décadas junto a sus lectores? Los vecinos de Serrano, sí. ¿Alguien tuvo en sus manos una edición de Papel Tortuga? Los vecinos de Alta Gracia, sí…

   Esos cuatro periódicos (mensuarios, quincenarios, semanarios) se imprimían en una misma imprenta cordobesa para difundir los logros y las necesidades de la comunidad a la cual pertenecían, y servían como fuente de sustento a familias, grupos de emprendedores y cooperativistas de la palabra que no pudieron subsistir ante el descontrolado aumento en el precio de su principal insumo, el papel: 112 por ciento en lo que va del año, con lo que el precio de la tonelada pasó de 17.000 pesos en enero a 39.000 pesos por estos días. El aumento en dólares alcanzó 27,8%, cuando es sabido que se produce con madera y mano de obra nacionales.

   Los cuatro fueron víctimas de la dictadura de precios ejercida por el monopolio fabricante de papel para diarios, Papel Prensa SA, que se encuentra en las manos manchadas de sangre de Clarín, poseedor del 49% de las acciones; La Nación, tenedora del 23%, el Estado Nacional, dueño de un 27,50%, y Télam, propietaria de un residual de 0,50%.

   Lo que pasó con esos medios escritos, pequeños pero que hacían un significativo aporte al crecimiento de la sociedad en la que cumplían el rol de brindar información y servicios, se replicó en la mayor parte de la geografía nacional, con algunos virando a versión digital y otros desapareciendo, sin alternativa.

   El silenciador se aplicó cuando aún estaba en vigencia de la Ley 26.736, que en diciembre de 2011 había declarado de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, y que aseguraba que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tuvieran las mismas condiciones de acceso al insumo básico, al tiempo que eliminaba los cupos discriminatorios, es decir que obligaba a satisfacer la demanda interna.

       A por todo

   Ahora, acallados los más débiles, Papel Prensa SA (Clarín) va por los diarios medianos y otros de tirada que le resulta apetecible (en verdad, todas lo son a partir de la abrupta e incontenible caída en las ventas del “mal diario argentino”). Si desaparecen esos medios, ahí está el pulpo para extender sus tentáculos. Si no desaparecen, les puede generar deuda hasta hacerla impagable, para quedárselos luego, como ya lo hizo con La Voz del Interior, de Córdoba, y Los Andes, de Mendoza.

   En ese entendimiento es que envió (Clarín, envió) a la Cámara de Diputados la iniciativa para la supresión de los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la citada Ley 26.736. Al proyecto lo hizo firmar por Nicolás Massot y Luciano Laspina (PRO), Mario Negri, Miguel Bazze, Luis Borsani (UCR), Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (Unidos por una Nueva Argentina), Pablo Kosiner (PJ), Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente de Concordia Misionero). Y lo giró con sigilo sólo a la Comisión de Comercio de la Cámara, que le dio un rápido tratamiento (llamaron a reunión a las 18.30 de un día y lo trataron a las 8 de la mañana del siguiente) y dictamen favorable, aunque no llegaría al recinto en el período ordinario. De cualquier manera, el presidente Mauricio Macri consideró que desregular el precio del papel para diarios es un tema tan prioritario que mereció ser incluido para su tratamiento en extraordinarias.

   Asociaciones de diarios pyme, federaciones y redes de medios autogestionados, gremios de prensa y gráficos denunciaron que las modificaciones entrañan un ataque al derecho a la comunicación en beneficio de Papel Prensa SA, entre otras cosas porque quitan los mecanismos de control sobre la actividad. Pero no hubo caso, tras un análisis exprés y desoyendo planteos contrarios, en la Cámara baja hirieron de muerte la democratización del papel para diarios… y la democratización de la palabra… y el derecho a la información.

   ¿Por qué? Porque Clarín y La Nación, a un lado del mostrador serán vendedores y al otro lado serán compradores (como antes), y podrán realizarse descuentos por volumen de compra. Es decir, a modo de ejemplo, podrían pagar 30.000 pesos la tonelada que otros deberían pagar 50.000 pesos. O lo que es lo mismo, todos los medios chicos o medianos financiarán a los más grandes a través de la compra de papel en condiciones desiguales.

   Y, por si ello fuera poco, el monopolio queda habilitado a desabastecer el mercado interno en caso que le convenga (y le conviene) exportar. En este punto, hay que decir que el proyecto aprobado con 127 votos a favor mantiene (por diez años) en 0% el arancel a la importación, que es como una aspirina para un mal mayor, puesto que con el dólar cerca de 40 pesos a final de 2018, la importación es una quimera en un sector cartelizado a nivel internacional. El 0% es una forma elegante de que el desabastecimiento sea un problema de los diarios y no de la ley ni del Gobierno ni de Clarín.

   Ante el inminente tratamiento en el Senado, también corresponde señalar que es falaz el argumento esgrimido por el partido liderado por Héctor Magneto y sus legisladores, en el sentido de que se busca la protección de los puestos de trabajo de los operarios de la planta industrial de Papel Prensa SA, en la ciudad de San Pedro. Esta excusa es cuanto menos maliciosa, viniendo de parte de quienes cerraron la histórica agencia Diarios y Noticias con el consiguiente despido de decenas de trabajadores, porque se iba a servir directamente de una Télam “depurada” mediante otros 357 despidos.

   Fríos números que suman a los más de 4.000 empleos perdidos en el gremio de prensa, a los que se van agregando aquellos incontables de medios como los cuatro que mencionábamos al comienzo.

   La Cámara alta puede poner freno o dar vía libre y consagrar este atentado a la pluralidad de voces, a la Constitución, en el 35 aniversario de la recuperación de la democracia y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una nueva oportunidad para saber a quién representa cada uno de los representantes del pueblo. Sin embargo, esta esperanza se desvanece visto que el macrismo y el partido de Magneto mostraron sobrada capacidad de maniobra para conseguir votos de quienes en su día fueron elegidos como representantes de la oposición.

Sergio Vaudagnotto
- Periodista. -