Si hay una esquina que tiene vida propia en la ciudad es la de Rivadavia y Sobremonte. La gente entra y sale permanentemente de los locales comerciales que le dan un inusitado movimiento. Celulares, ropa, flores y maniquíes conviven desde las vidrieras con el ajetreo cotidiano de los peatones, la parada de taxis y el incesante tráfico que, intermitente, se activa y desactiva al compás de los semáforos. Lo que pocos saben es que detrás de esa tradicional esquina se oculta una historia increíble que se remonta a más una década y esconde las peores miserias del Poder Judicial de Río Cuarto.

Algunos actores principales de esta historia, además de los cinco magistrados que intervinieron hasta ahora en la causa judicial, son connotados abogados que están o estuvieron fuertemente vinculados al poder político: Daniel Lacase, Pedro y Facundo Rossi Jaume, los hermanos Mauricio y Gustavo Dova, Ignacio Fernández Sardina, Juan Scodelari y hasta el célebre falso amante de Nora Dalmasso, Rafael Magnasco. La mayoría firmaron como fiadores de la contra cautela fijada por el juez Rolando Guadagna para que Alejandro Sixto Cormick, uno de los cinco hermanos que integran la sociedad “Consorcio Edificio Unión”, permanezca como gerente pese a la manifiesta oposición de la mayoría de los accionistas.

Cansadas de litigar sin éxito en los morosos tribunales civiles de la ciudad, las hermanas Cormick denunciaron a su hermano Alejandro ante el fiscal Daniel Miralles, que se tomó dos años para llegar a una conclusión sorprendentemente (?) corporativa: en vez de investigar los delitos denunciados -estafa procesal, administración fraudulenta, desobediencia a la autoridad y autorizaciones indebidas-, sostuvo en su resolución que si hubiera existido alguna conducta ilegal seguramente habría sido advertida por la Justicia civil, que lo hubiera puesto al tanto.

En otras palabras, el fiscal Miralles -de infructuoso debut en el caso Dalmasso- se tomó dos años para decir que no investigará a sus colegas de la Justicia civil porque confía ciegamente en ellos. Su increíble resolución colmó la paciencia de los denunciantes, que elevaron directamente una nota al fiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano, donde sostienen que Miralles actuó virtualmente como abogado defensor del denunciado -una (in)sana costumbre entre los fiscales vernáculos- y no realizó ninguna de las pericias económicas solicitadas, que apuntaban precisamente a probar el presunto fraude y enriquecimiento indebido del denunciado.

La sociedad, constituida en 1988 por Patricio Cormick, tenía por objeto terminar la construcción y remodelación de locales comerciales y departamentos del inmueble –que consta de dos pisos y un subsuelo- para después repartirlos entre cinco socios: sus hijos Alejandro, María Eugenia, Patricia y Mónica y su nuera María Alicia Medina (viuda del menor de los Cormick, que falleció a los 25 años). Mientras él y su esposa vivieran, el usufructo de la sociedad sería enteramente para ellos. Pero a dos décadas de constituida la sociedad, el edificio todavía no está terminado. Al menos eso aduce su administrador, el único hijo varón de Don Patricio.

Patricio Cormick murió en 2004. Dos años después falleció su esposa, Yolanda. Su hija María Eugenia contrató entonces a Daniel Lacase para comenzar el juicio sucesorio y, contrariamente a lo estipulado por el pater familias, incluyó al “Consorcio Edificio Unión” en el expediente, que instruye desde hace más de una década la jueza Rita Fraire del Barbero.

La inclusión del consorcio en la declaratoria de herederos motivó una batalla judicial entre los hermanos Cormick, con denuncias cruzadas que se fueron acumulando en distintos despachos del Palacio de Justicia.

En 2007, una sorpresiva convocatoria a asamblea entre los accionistas desplazó a María Eugenia de la sociedad y designó como nuevo gerente a Alejandro Sixto Cormick. María Eugenia acudió nuevamente a Lacase, pero el entonces vocero de Marcelo Macarrón estaba demasiado ocupado sembrando pistas falsas y pagando la estadía de los policías llegados de Córdoba para inculpar a un perejil y cerrar el caso. La derivó a su colega Pedro Rossi Jaume, que convocó a una audiencia de conciliación entre los socios, pero ante el estrepitoso fracaso, prefirió dar un paso al costado, no sin antes sugerirle a María Eugenia que, dado el tenor del conflicto, buscara un abogado penalista.

Santa cautelar

Como gerente de la sociedad, Alejandro Sixto Cormick se arrogó funciones para las que no había sido designado y contrató a su propia esposa y su hijo para que lo auxiliaran en la administración. En mayo de 2011, tras cuatro años de presuntos desmanejos y abuso de poder, sus hermanas convocaron a asamblea general y le revocaron el mandato de gerente. Rápido de reflejos, Alejandro presentó una acción de amparo en el juzgado de Rolando Guadagna, solicitando que se impugnara la asamblea que lo destituyó como gerente y se declarara la medida de no innovar hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

El pulcro juez Guadagna hizo lugar al pedido y dictaminó una medida cautelar que confirmó a Alejandro como gerente, aunque le puso algunas condiciones para evitar el supuesto abuso de autoridad y los presuntos desmanejos denunciados por sus hermanas: debía rendir cuentas de la administración del edificio y repartir entre sus socios las utilidades de los locales comerciales alquilados. Curiosamente, a los tres días de dictar su polémica resolución, Guadagna se declaró incompetente, aduciendo que otra jueza –Fraire de Barbero- debía intervenir por tramitar desde hacía años el juicio sucesorio de la familia Cormick.

La Cámara Civil de Río Cuarto debía resolver la cuestión de competencia, pero ante su injustificada dilación, las hermanas Cormick recurrieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que dispuso la acumulación de todos los expedientes en el juzgado de la jueza del Barbero. Entre una decisión y otra pasaron… ¡seis años!  Período en el cual la cautelar de Guadagna siguió vigente -batiendo incluso el récord del grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- y Alejandro Cormick continuó usufructuando la explotación de los locales comerciales de la sociedad.

Pese a las instrucciones de Guadagna, sus hermanas aseguran que jamás rindió cuentas y que en todo ese tiempo no vieron un peso de ganancia. Por eso en abril de 2017, cansadas de la morosidad del fuero civil, se presentaron ante el fiscal Daniel Miralles para denunciar penalmente a su hermano Alejandro como supuesto autor de estafa y administración fraudulenta.

En la Fiscalía de Miralles se tomaron dos años para expedirse. O mejor, para no expedirse y mandar la denuncia al archivo con un argumento inverosímil: “... que la propia justicia civil y comercial, donde coherentemente deben ventilarse estas cuestiones y no en esta sede penal, continúe sosteniendo en el cargo de gerente a Alejandro Sixto Cormick, debería eximirme de mayores comentarios, toda vez que, en caso que hubieran detectado alguna irregularidad que pudiera derivar en delito perseguible por acción pública, hubiera corrido antecedentes al Fiscal en turno, y eso no se hizo en ningún momento a lo largo de un proceso societario tramitado en sede civil que lleva más de siete años y más de 1600 fs. de actuación". En otras palabras, el fiscal se autoexcluyó de investigar los delitos denunciados por las hermanas Cormick en un expediente civil que inexplicablemente acumula más de un lustro y mil seiscientas fojas sin resolver algo tan simple como una controversia comercial entre socios. “Entre bueyes no hay cornadas”, dice el refrán. Entre magistrados tampoco, se entiende.

La jueza del Barbero lleva más de una década sin resolver el juicio sucesorio de la familia Cormick. Cuando el STJ le sumó el expediente del “Consorcio Edificio Unión”, en lugar de revisar la validez del acta constitutiva de la sociedad –donde consta que el actual gerente está en minoría- y dejar sin efecto la polémica cautelar de Guadagna, decidió hacer un “juicio abreviado” para resolver la controversia. Y así, indefinidamente, una y otra vez, las hermanas Cormick ven como se ramifica indeterminadamente la controversia con su hermano en los inexpugnables laberintos de la burocracia judicial.

Mientras la causa se dilata injustificadamente, el selecto grupo de abogados que intervino en todos estos años acumula honorarios y otros treinta colegas que prestaron sus firmas como fiadores del gerente denunciado confían que la jueza del Barbero siga frenando el reclamo de las verdaderas víctimas –las hermanas Cormick-, porque podría llevarlos a la  ruina si ejecutara sus generosas fianzas para devolverle a las hermanas Cormick al menos parte del dinero “administrado” por Alejandro durante más de un lustro gracias a la generosa cautelar de Guadagna, hoy felizmente jubilado del Poder Judicial.

Mientras la jueza tramita sin prisa y con pausa la sucesión y convalida la cuestionada gerencia de Alejandro Cormick, su hermana María Eugenia se separó y perdió el remís que manejaba para sobrevivir; su hermana Mónica murió el año pasado, víctima de una enfermedad terminal, seguramente agravada por los sinsabores de una disputa familiar perpetuada injustificadamente en los Tribunales locales.

Federico y Virginia Bogni, dos jóvenes que nada tienen que ver con el Derecho, tuvieron que asumir la representación de su madre fallecida y de su tía Patricia. Hoy hablan como abogados, saben de memoria las trapisondas que les hicieron en Tribunales y juran que llegarán hasta las últimas consecuencias. Porque más allá del dinero y la salud, no están dispuestos a permitir que la corporación judicial de Río Cuarto les quite lo único que les queda: su dignidad.

Uno de los párrafos más elocuentes de la presentación que hicieron ante el fiscal Moyano resume el calvario que vive la familia Cormick y las consecuencias que la impericia judicial ha tenido sobre su familia: “La denuncia que se realizó ante la fiscalía tiene fecha 31 de marzo de 2017, mientras que Mónica Ruth Cormick fallecía el 12 de diciembre de 2017, SIN JUSTICIA, ni protección del Estado, ya que los actores que deben velar por el cumplimiento de la ley están muy preocupados por hacer funcionar la “industria del juicio”, cometiendo un feminicidio económico”.