Desacostumbrado al requerimiento periodístico, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Rubio, se vio sorprendido el último viernes por la pregunta de la colega Magdalena Bagliardelli, del programa Puntal AM, sobre el hecho de que en Rio Cuarto -donde desembarcó para dejar inaugurado el nuevo edificio de los Tribunales- el único condenado por el femicidio de Nora Dalmasso sea un periodista.
Incómodo, sorprendido ante una pregunta inesperada, Rubio no supo qué decir. Hasta ese momento, se había explayado a sus anchas sobre las características de la nueva obra edilicia que estaba a punto de inaugurar: el imponente edificio de los Tribunales provinciales, construido justo al frente del Centro Cívico. Cuando por fin reaccionó, pronunció una frase cuanto menos desafortunada para un hombre que representa a la cabeza del Poder Judicial: “El caso Dalmasso es un hecho que nos duele y nos conmueve a todos. Pero no todo se soluciona”. Literal.
Sobre el insólito hecho de que la Justicia de Córdoba tenga como único condenado por el caso Dalmasso a un periodista, la respuesta de Rubio fue de un increíble cinismo:
De esta manera, afectado por una supuesta “interferencia afectiva”, Rubio evitó pronunciarse sobre el escandaloso fallo del máximo tribunal de la provincia -que él integra, aunque no intervino en el caso-, que a fines del año pasado me condenó a indemnizar con 120.000 pesos a los hijos del único imputado por el crimen de Nora Dalmasso. Y este año rechazó por “razones formales” el recurso extraordinario que presentamos para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vía crucis judicial
La decisión del TSJ de impedir que la Corte revise su insólito fallo me obligó a presentar ayer un recurso en queja, para lo cual mi abogado tuvo que viajar y fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Para poder llegar a esa instancia, además de los honorarios, viáticos y gastos de traslado, hubo que hacer un depósito judicial equivalente a la totalidad del sueldo neto que percibo como docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Un salario completo para buscar Justicia fuera de la comarca inexpugnable del cordobesismo, que me condenó en dos instancias a indemnizar a los hijos y al viudo de la víctima. Sentencias que seguramente hubiera avalado el TSJ de no ser porque Marcelo Macarrón –gracias a una presentación que hice en su momento como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC- perdió la protección que le brindaba el fiscal Javier Di Santo. Y apenas la causa mudó de Fiscalía, la suerte del viudo cambió: el fiscal Daniel Miralles lo acusó de ser el autor material del crimen de su esposa y su sucesor, Luis Pizarro, lo imputó por la autoría intelectual del homicidio.
Era demasiado burdo, aún para el autista TSJ cordobés, refrendar una condena judicial que avalara indemnizar económicamente al único imputado que hoy tiene la causa. Pero la sentencia es un intrincado ejercicio de gatopardismo judicial, ya que desde un primer momento los Macarrón -padre e hijos- actuaron en forma monolítica: si bien el viudo me demandó en nombre de sus hijos ejerciendo la patria potestad, cuando Facundo y Valentina cumplieron la mayoría de edad ratificaron la demanda en todos sus términos.
Durante la instrucción de la causa Dalmasso, Facundo y Valentina declararon siempre en consonancia con la coartada de su padre y alimentaron las sospechas sobre presuntos amantes atribuidos a su madre. Nunca se presentaron como querellantes en la causa. La nutricionista devenida empresaria gastronómica y el flamante diplomático designado por el gobierno de Mauricio Macri en Egipto jamás pidieron justicia por su madre. Ni dentro ni fuera del Palacio de Justicia. Pero se plegaron a la ofensiva de su padre -hoy el único imputado por el crimen- en su cruzada judicial contra este periodista.
El perejilazo
Al denegarme el derecho de recurrir a la Corte Suprema por “razones formales”, el TSJ -del que Rubio forma parte- pretendió dar vuelta la página y cerrar la única causa judicial que avanzó en el tristemente célebre caso Dalmasso. Una causa civil que se ha movido todos estos años a un ritmo sugestivamente rápido y con llamativa coherencia: en poco más de una década, me impusieron tres condenas sucesivas mientras la investigación penal –la del homicidio- sigue naufragando en la pasmosa inconsistencia de quinto fiscal de la causa.
Que la Justicia tenga por único condenado del caso Dalmasso a un periodista es un escándalo que solo el inexpugnable paso del tiempo rezagó a un segundo plano en la agenda informativa. Que una de las cabezas del Poder Judicial se excuse de opinar escudándose en la supuesta relación afectiva con el periodista condenado es una provocación.
Alguna vez, en sus años mozos, al igual que el gobernador Juan Schiaretti, Rubio militó por la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Y para conseguirlo se involucró en la lucha política y social, al punto de haber participado en la gesta popular del Cordobazo. Pero luego acomodaron el cuerpo a la triste realidad que dejó en la provincia la siniestra obra del general Luciano Benjamín Menéndez y su patota, que diezmaron en sus campos de la muerte a buena parte de esa generación llamada a cambiar la historia. Entre ellos mi padre, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), periodista y abogado, que defendió presos políticos hasta el día en que él mismo fue detenido en las escalinatas del viejo edificio de los tribunales federales de Córdoba.
Tras la masacre perpetrada por el terrorismo de Estado, Córdoba nunca dejó de girar a la derecha. Primero con los radicales Eduardo Angeloz y Ramón Mestre y luego con los peronistas José De la Sota y Juan Schiaretti, expresiones de un virtual pero hegemónico Partido Cordobés y garantes del statu quo representado por un grupo concentrado de empresas, la corporación político-mediática y la familia judicial.
Luis Rubio tuvo el cinismo de excusarse de opinar sobre el esperpento jurídico cometido por sus pares escudándose en su amistad con mi padre. Avaló con su silencio corporativo, entre otras cosas, que el TSJ considerara que “la materia de contienda (jurídica entre Macarrón y esta revista) se circunscribió al interés particular de los litigantes, sin afectar el interés de la colectividad toda, sobre la cual ninguna gravitación ejerce la decisión tomada en esta causa concreta”. Un “interés particular” tan curioso que motivó en aquellos días el pedido de juicio político a tres fiscales, la renuncia del ministro de Gobierno, del secretario de Seguridad, de la cúpula de la Policía y del fiscal General de la Provincia.
El mismo Rubio declaró, a días del histórico “Perejilazo”, que había visto decenas de colectivos estacionados en el macrocentro de Río Cuarto que probaban que aquella movilización espontánea había sido en realidad orquestada con fines políticos. Excusas y anteojeras para negar que aquella verdadera pueblada cuestionaba a un Poder Judicial cuyo descrédito, desde entonces, no ha dejado de profundizarse.
La fastuosidad de los nuevos tribunales de Río Cuarto, lejos de disimular el divorcio de la magistratura con la gente, lo patentiza al exponer grotescamente los beneficios de pertenecer a la corporación.
Hace apenas dos años, una encuesta encargada por el propio TSJ arrojó que el 81,2 por ciento de los cordobeses desconfiaba de sus magistrados cuando había intereses políticos en juego, y que el 85,4 por ciento pensaba que si no fuera por los medios de comunicación muchos casos judiciales jamás hubieran pasado el umbral de Tribunales (https://www.lavoz.com.ar/politica/la-imagen-de-los-jueces-por-el-piso-desde-hace-25-anos). No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Memoria selectiva
No sé si el afecto que Rubio dice sentir por mi padre es sincero. No tengo por qué dudarlo. Pero su participación como testigo en el juicio que se hizo en Córdoba a los jueces, fiscales y defensores oficiales por su complicidad en el asesinato de once presos políticos -entre ellos mi padre- en la cárcel de barrio San Martín (la UP1) se circunscribió a ejercer una enérgica defensa corporativa de su amigo Carlos Otero Álvarez, secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma en aquellos años de terror, locura y muerte. Y Otero Álvarez -quedó probado- no movió un dedo para impedir el “traslado” de mi padre y de otros 28 presos políticos que fueron fusilados entre marzo y septiembre de 1976 con total impunidad, ni investigó el brutal estaqueamiento de José Moukarzel en pleno invierno, ni la ejecución de Paco Bauducco frente a sus propios compañeros de presidio.
Entre las cosas que pude rescatar de mi padre a la vuelta del exilio había una anotación rápida, con letra manuscrita, en una pequeña agenda que mi abuelo solía tener en su escritorio. Decía: “Hay un momento en nuestra vida en que es preciso tomar una decisión, sea para olvidar de una vez nuestros sueños resignándonos a la mediocridad, sea para arriesgar todo en el sentido de realizarlos”. Está fechada el 15 de diciembre de 1974, casi un año antes de ser detenido.
Mi padre era así, no especulaba, no medía consecuencias, opinaba abiertamente y luchaba por la verdad y la justicia. En su cuento “La verdad”, publicado en su libro póstumo “La última estación”, escribió: “Valía la pena. No vería el resultado. No asistiría al derrumbe del sistema y sus beneficiarios. No celebraría cada ejecución de sus verdugos, pero quizás alguien, alguna vez lo recordaría y le agradecería su sacrificio y su coherencia. Para Eduardo lo fundamental había sido -y ya hablaba en pasado- vivir conforme a su pensamiento”.
Mi padre vivió -y murió- conforme a su pensamiento. Sus hijos asumimos aquel legado, lo más sagrado que nos dejó, y lo hicimos propio. En mi caso, abracé el periodismo como profesión para buscar la verdad y contarla. Por eso cubrí con pasión, rigor y profesionalismo las alternativas del caso Dalmasso, como antes había cronicado el juicio del caso María Soledad Morales en Catamarca, o denunciado a un juez de familia acusado de abusar de una menor en plena audiencia oral, o evidenciado la pertinaz y recurrente mala praxis de los fiscales de de Río Cuarto (casos Sabena, Flores, Dalmasso, etc.).
La sentencia del TSJ -que Rubio integra- me condena a indemnizar a la familia más sospechada por el crimen de Nora Dalmasso, dos de cuyos miembros incluso fueron imputados por la Justicia. La cifra fijada, si bien representa apenas un porcentaje del jugoso salario que cobra Rubio y sus colegas, es un cimbronazo económico para alguien que vive de su profesión de periodista y docente universitario.
Es una sentencia “ejemplificadora”, como pidieron los Macarrón.
Si tanto afecto me tiene, doctor Rubio, lo invito a depositar en la cuenta judicial correspondiente el monto de la indemnización a la familia del imputado por el crimen de Nora Dalmasso y devolverme el dinero que tuve que pagar para ir en queja a la Corte Suprema. Sería un acto genuino que corroboraría la integridad que usted me reconoce –soy “una excelente persona”, según dijo- y un gesto tardío pero concreto para honrar la memoria de su amigo fusilado.
Sería en realidad un préstamo, hasta que se expida la Corte. Porque no tenga dudas, doctor Rubio, que el mamarracho jurídico que usted avala con su silencio será revertido por el máximo tribunal de la Nación, que no consentirá que la deslucida corporación judicial que usted representa convierta al periodista que más investigó el caso en el chivo expiatorio de una Justicia clasista, inoperante y cómplice del poder.
La Justicia del cordobesismo.
Le pido ese gesto de grandeza para demostrar que verdaderamente confía en mi integridad, no solo personal, sino fundamentalmente profesional. Porque, al igual que mi padre, yo tampoco separo mi profesión de mis convicciones personales y políticas.
De lo contrario, doctor Rubio, por favor llámese a silencio.
Carmen Tarres Comunicaciones