“Claro que estamos preocupados, porque no hay confianza de la gente en los fiscales. Pero estamos trabajando para poder revertir esta situación”. La frase pertenece al fiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano. En diálogo con esta revista, el jefe de los fiscales provinciales dijo que “esta semana” definirá al reemplazante de Javier Di Santo en el caso Dalmasso.

La causa lleva dos semanas sin fiscal, desde que Di Santo decidió dar un paso al costado luego de ser denunciado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que lo consideró responsable prima facie de “omisión de persecución de los delincuentes”, una figura contemplada en el artículo 274 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a un año de inhabilitación absoluta.

Moyano no quiso adelantar cuál será el criterio que primará para designar al nuevo fiscal del caso Dalmasso, aunque dejó entrever que la causa recaería sobre un fiscal de Río Cuarto y no sobre un funcionario de otra jurisdicción, como se especulaba. “El tema todavía está en estudio, queremos evitar que tras la designación se produzcan recusaciones”, insistió Moyano.

La decisión del fiscal general no es sencilla porque todos los fiscales que trabajan en la ciudad donde se cometió el femicidio en noviembre de 2006 tuvieron intervención en la causa: Fernando Moine integró el tercero de magistrados que, junto a Marcelo Hidalgo y el propio Di Santo, inculparon a un inocente –el “perejil” Gastón Zárate- como supuesto autor de violación seguida de muerte de Nora Dalmasso.

Aquélla acusación contra Zárate tuvo como ariete policial al comisario Rafael Sosa (hoy preso en Bouwer e imputado por connivencia con el narcotráfico) y se basó en el testimonio de Carlos Curiotti, un amigo del “perejil” Zárate que tenía al momento de declarar un coeficiente intelectual equivalente al de un niño de doce años.

Tras el “perejilazo”, una movilización popular espontánea y masiva que logró la liberación de Zárate, el delasotismo –por entonces, igual que ahora, gobernaba José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti aspiraba a sucederlo- presentó un pedido de juicio político contra Di Santo, Moine e Hidalgo, que durmió el sueño de los justos hasta que ganó un lugar en el archivo de la Legislatura.

Sin embargo, los remezones del “perejilazo” motivaron la apertura de otras causas. A Walter Guzmán le tocó investigar los apremios ilegales denunciados por la familia de Curiotti, a quien tuvieron preso e incomunicado durante horas en la Alcaidía de la UR 9 hasta obligarlo a firmar una acusación falsa contra su amigo Zárate. La pesquisa terminó como suelen concluir las investigaciones de Guzmán: tras pedir el archivo de la causa al juez de control -que le ordenó seguir investigando-, el expediente se perdió en la maraña burocrática de Tribunales.

Al fiscal Julio Rivero le tocó investigar la supuesta connivencia entre el comisario Sosa y los abogados del querellante Marcelo Macarrón. Pese a haber probado que los policías no pagaron los gastos de alojamiento en el hotel Opera –la figura penal era “admisión de dádivas”-, al fiscal lo asaltó una “duda insuperable” y decidió sobreseer a los uniformados sin siquiera tomarle declaración indagatoria al dadivoso Daniel Lacase, a quien los testigos sindicaban como la persona que canceló la deuda del hotel que por entonces era regenteado por su amigo y funcionario Carlos Marrero.

Rivero también intervino en la causa abierta a raíz de la filtración de fotografías del cadáver de Nora Dalmasso al periodismo, que fueron difundidas por el canal de televisión América. El fiscal concluyó que las fotos no se filtraron desde la fiscalía de Di Santo, sino que fueron entregadas al periodismo por los abogados de las partes. Al ser un delito de instancia privada, invitó a Macarrón a hacer la denuncia, pero el viudo prefirió desistir: los testimonios apuntaban hacia sus propios abogados.

NADIE PUEDE

¿Quién se hará cargo del expediente que hace 15 días espera nuevo fiscal? Rivero estaría descartado de plano. Además de su participación en causas conexas al caso Dalmasso, fue ascendido a fiscal de Cámara y ayer se mudó al despacho que dejó vacante Alejandro Cabrera (a quien, paradójicamente, debió investigar por su presunta participación en la compleja trama de robo y venta de bebés durante los años sesenta y setenta).

Amén de su (in)feliz intervención en la causa Dalmasso –lo que podría ser motivo de recusación-, al fiscal Fernando Moine le derivaron la investigación del caso Flores (del que Guzmán se apartó ante la denuncia del Observatorio de Derechos Humanos). Aunque no parece lógico que le asignen al mismo fiscal las dos causas más emblemáticas de impunidad en la ciudad, en los mentideros de los Tribunales de Córdoba ayer no descartaban del todo el nombre del fiscal que llevó a prisión a los Vargas Parra.  

Por razones obvias, el fiscal Guzmán no sería el indicado para hacerse cargo del expediente Dalmasso. Aunque dicen que espera ansioso la causa para revertir los cuestionamientos que pesan sobre él, fue apartado del caso Flores por la misma denuncia del Observatorio de Derechos Humanos, luego desdoblada en dos causas. Sería un despropósito que el fiscal removido por inacción asuma al frente de una causa en la que su par fue apartado por la misma razón.

Guzmán tiene además sobre sus espaldas la espada de Damocles que suponen las gravísimas acusaciones formuladas por Rosa Sabena, que logró llevar a juicio y condenar a la familia Vargas Parra por el secuestro y desaparición de su hijo Nicolás. En mayo, Rosa le entregó en mano al fiscal general de la Provincia la sentencia donde consta que Guzmán le avisaba por teléfono a Vargas Parra antes de realizar allanamientos en su quinta.

Consultado sobre la situación de Guzmán, Moyano dijo que está siendo analizada, pero que aún necesita tiempo para expedirse. “Esta semana vamos a designar nuevo fiscal en el caso Dalmasso; en el otro caso habrá que esperar al menos hasta la semana que viene”, advirtió.

¿NUEVO FISCAL?

Pese a los fuertes cuestionamientos que pesan sobre ellos, los fiscales de Río Cuarto aprobaron sus exámenes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia y esperan ansiosos que su pliego sea aprobado por los obedientes legisladores de la Unicameral, como hicieron con el de Julio Rivero. Sólo que ahora, dos de los tres que todavía están en capilla están complicados, porque primero deberán sortear la causa por “omisión de persecución de delincuentes” que la Justicia de Río Cuarto les abrió a instancias del Observatorio de Derechos Humanos. Que se hayan apartado de las causas en las que fueron cuestionados no impide que continúen siendo investigados por su presunta negligencia.

A esta altura es tal su desesperación que intentaron cuestionar, a través de una burda operación de prensa, la pertenencia del fiscal de Cámara Jorge Medina al Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, pese a que el propio estatuto del organismo –disponible en la web de la Universidad- advierte que “el Comité Asesor asesora y colabora con los distintos proyectos definidos por el Consejo Consultivo” y de ninguna manera sus decisiones son vinculantes.   

En la nota que el Observatorio de Derechos Humanos envió en su momento a quienes fueron invitados a participar se aclaró que “el Consejo Asesor estará integrado por profesionales de distintas especialidades que, por su idoneidad y compromiso cívico, serán consultados sobre problemáticas puntuales que sean tratadas por el Observatorio de DDHH”.

Para que no quedaran dudas, se advertía a renglón seguido: “Su opinión no será vinculante respecto de los pronunciamientos y/o estudios que difunda el Observatorio de DDHH, sino que será incluida como aporte técnico-científico al debate sobre la vigencia y/o violación de los derechos humanos en distintos ámbitos de la ciudad y la región”.

Pretender acusar al fiscal Medina de estar detrás de la denuncia del Observatorio de Derechos Humanos demuestra el nerviosismo que impera hoy entre los cuestionados miembros del Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto.

Ante este complejo panorama, en un Palacio de Justicia que es un hervidero, una de las versiones que circula con mayor fuerza es que Daniel Miralles –quien se desempeña como ayudante fiscal en barrio Alberdi-, se avoque a la causa Dalmasso apenas la Legislatura apruebe su pliego y ocupe el sillón que dejó vacante Rivero. El nuevo fiscal actuaría bajo la directa supervisión del fiscal Jorge Medina, como ocurrió en el caso Sabena, lo que permitió reactivar una causa que estaba dormida por la presunta inacción y/o complicidad de Guzmán (antecedente que explica además los desesperados ataques de un sector de la corporación judicial contra Medina).

De confirmarse esta hipótesis, la esperada reactivación del caso Dalmasso llegaría después de las elecciones provinciales, para alivio del gobernador De la Sota y su candidato.