Sale Saieg. Entra Farina. Cambio de nombres en el Ministerio de Seguridad, a una semana del quinto triunfo consecutivo de Unión por Córdoba en elecciones ejecutivas.

Pero… Siempre hay peros. La sorpresiva partida de Saieg volvió a llenar de suspicacias los corrillos de El Panal y expandió los rumores que se ciernen sobre un gobernador que desde su asunción, hace casi cuatro años, parece poco interesado en gobernar.

Walter Saieg fue el hombre que parecía destinado a agarrar el fierro caliente que dejaron los acuartelamientos del 3 y 4 de diciembre de 2013, que además de una víctima fatal y millonarias pérdidas económicas y sociales, se llevó puesta a la entonces ministra Alejandra Monteoliva.

El desembarco del intendente de Alta Gracia se leyó en aquel momento como la decisión de que  fuera un exponente de la política (y no una técnica como la ministra saliente) quien se encargara de pisar la cabeza de la serpiente en la que se había convertido la desacatada fuerza policial. Pero con Saieg, recomendado por Alejo Paredes, llegaría también a la cima de la Policía el comisario general Julio César Suárez, no sin polémica previa, y no sin polémica (y mucha) posterior.

Ministro y jefe coexistieron con relativa normalidad y calma, y si hubiera que describir el desempeño de ambos, se podría afirmar que el político cultivó un bajo perfil, sin declaraciones altisonantes, midiendo sus expresiones y respaldando desde la institucionalidad la controversial gestión de la fuerza policial.

En contrapartida, el uniformado de mayor rango de la Provincia se mantendría siempre en el centro de la escena, cultivando infaustos neologismos –como el de la “policialización de la ciudad”, lograda en base a la explotación de la tropa y la exigencia de cargas horarias por encima de lo permitido-, descargando la ira contra prensa –como fue el caso de un periodista de los SRT que cuestionó un procedimiento y logró la imputación de Suárez por amenazas-, acumulando en su gestión un triste récord de casos de gatillo fácil y sometiendo a la población cordobesa a las infames razzias, que sólo encontrarían límite en una oportuna decisión judicial.

Naturalmente, este escenario llevó a preguntarse quién era el superior y quién el subordinado en esa particular relación. El organigrama decía una cosa… que la realidad se encargaba de negar.

¿Dónde está el piloto?

El cénit de esta desvirtuación llegaría el 26 de junio último, a sólo nueve días de las elecciones que consagrarían a Juan Schiaretti como nuevo gobernador. Ese día, el Boletín Oficial publicó el decreto 357 del Ministerio de Seguridad, que con la firma de Walter Saieg informaba el pase a retiro de 203 uniformados, entre ellos varios comisarios. La información fue rápidamente replicada por los medios de prensa y portales de Internet. Pero esa misma noche llegó a las redacciones un escueto comunicado de la fuerza que señalaba textualmente: "La Jefatura de Policía informa: ante las versiones de supuestos pases a retiro del personal policial, esta Jefatura desmiente la existencia de los mismos. Los pases, retiros y ascensos se analizarán cuando la Junta de Promoción y Retiros emita su dictamen anual".

La situación era insólita: un subordinado desafiaba lo escrito, firmado y publicado por un ministro del Ejecutivo. En cualquier régimen constitucional sano, el episodio le hubiera costado la renuncia al jefe de la fuerza. En Córdoba pasó al revés: apenas doce horas después de la desmentida policial, una nueva edición del Boletín Oficial publicaba la resolución 440 –también firmada por Saieg- que dejaba sin efecto los pases a retiro. 

El poder simbólico que hasta ese momento exhibía Saieg se esfumó tan rápido como la vigencia de su frustrada resolución. Si no renunció en ese momento fue porque el calendario electoral lo obligó a hacer silencio. Pero el portazo era un hecho y se concretó el 11 de junio, cuando el dirigente presentó su renuncia, argumentando “razones estrictamente políticas”.

Las lecturas (políticas) no tardaron en circular. Al reasumir la intendencia, Saieg pretendería enrolarse de modo activo en la disputa por ese cargo electivo en el sexto municipio más importante de la provincia, intentando retener el mando en manos de Unión por Córdoba.

Pero las especulaciones cambiaron de orientación cuando se conoció el nombre de su reemplazante al frente del Ministerio de Gobierno y Seguridad. El 13 de julio asumió Marcos Farina, un dirigente ignoto para los cordobeses capitalinos pero conocido por los riocuartenses por administrar el Centro Cívico y el Jockey Club de esa ciudad.

El hombre que queda al frente de un Ministerio encargado de una responsabilidad que es señalada como prioritaria en todas las encuestas ciudadanas tiene en su palmarés haberse recibido de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y haberse desempeñado en la función pública como secretario del Concejo Deliberante, subdirector de Inspección de Personas Jurídicas y director del Centro Cívico, todo en Río Cuarto, donde su capital político es directamente proporcional a su obsecuencia con la primera dama provincial, Adriana Nazario, requisito sine qua non para asomar la cabeza en el mediocre horizonte político del delasotismo riocuartense.

Si bien es cierto que como director del Centro Cívico Farina mantiene una buena relación con los intendentes del sur –y en esto no desentonaría con la gestión de Saieg-, en los mentideros políticos es un secreto a voces que el ministro saliente no estaba dispuesto a seguir habilitando fondos (¿reservados?) de las arcas oficiales para financiar la candidatura presidencial del gobernador. Algo similar habría sucedido con la sorpresiva (¿?) renuncia de Hugo Testa a fines de mayo al Ministerio de Obras Públicas, aunque el funcionario –que ya suena de nuevo como ministro en el futuro gabinete de Schiaretti- prefirió aducir “razones estrictamente personales” y no “estrictamente políticas”, como hizo Saieg.

¿Qué parece esconder la designación de un hombre de tan escuetos antecedentes al frente de un Ministerio que sólo con la fuerza policial suma más de 22 mil dependientes? Que su asunción es un acto meramente protocolar, por cuanto la definición de las políticas de seguridad se seguirá tomando en el edificio de Colón y Santa Fe y no en El Panal. En otras palabras, que el poder real y concreto continuará “tercerizado” en una fuerza armada que hace años es dueña y señora de las calles cordobesas, las libertades y las garantías de los ciudadanos que no tienen recursos para defenderse.

Al momento de su jura, para sorpresa de los periodistas, el único anuncio concreto que hizo Farina fue la confirmación en su cargo del jefe de Policía Julio César Suárez. En realidad, el confirmado fue el propio Farina, el nuevo “cuatro de copas” del gobierno en retirada de José Manuel De la Sota.