Escribe: Guillermo Posada

El 24 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba envió al Consejo de la Magistratura las actuaciones del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien encabezó un operativo para apartar de las causas por delitos de lesa humanidad al camarista Abel Sánchez Torres.
Sánchez Freytes es juez federal Nº 2, pero cumple funciones de subrogante en el juzgado Nº3, donde se investigan las causas de violaciones a los derechos humanos en Córdoba, entre otras, las referidas a la sustracción de bebés nacidos en cautiverio en campos de concentración.
Esta revista tuvo acceso al expediente, un verdadero compendio de chicanas jurídicas, miserias personales, acusaciones cruzadas, notificaciones y certificados sobre cada palabra escrita, que resumen la odisea que han debido enfrentar las víctimas de la dictadura militar durante las últimas tres décadas para encontrar justicia.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había pedido, a su vez, que el Consejo investigue al juez Sánchez Freytes por las dilaciones que sufre la instrucción de las causas a su cargo. "Tiene inclinación a favorecer a los represores", señalaron.
Fue esa organización de derechos humanos quien reclamó en su momento a Sánchez Torres que se anoticiara sobre el porqué del retraso de las instrucciones para elevar a juicio las causas. En consecuencia, el camarista pidió información por teléfono al juez instructor, quien envió a sus secretarias para que lo pusieran en situación. Pero simultáneamente ordenó a las funcionarias que certificaran el pedido y que lo remitieran a las defensas de los genocidas, junto con notas periodísticas que daban cuenta de lo sucedido, no sólo en las causas donde Abuelas es querellante, sino en todas las que se investigan en la justicia federal cordobesa.
Tal como informó esta revista el mes pasado, la Cámara de Apelaciones avaló los planteos de recusación de las defensas de los genocidas en la conocida causa Mackentor, con el voto crucial del inefable Luis Rodolfo Martínez, el juez que cobró el año pasado 230 mil pesos en viáticos.
El fiscal de la Cámara, Alberto Lozada, advirtió que el procedimiento llevado a cabo por Sánchez Freytes constituye un "escándalo jurídico", porque "pretender apartar a un juez por una simple circunstancia pueril y totalmente ajena a la causa es abiertamente arbitrario y carente de todo asidero jurídico". El fiscal fue más allá y dictaminó que "peor todavía es que por la motivación que la Cámara Federal le ha dado a tan grave decisión, el efecto recusatorio contra el juez Sánchez Torres podría reproducirse y tratar de extenderse a todas las causas que se tramitan actualmente y que se tramiten en el futuro (?)".

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