Las autoridades de la UNC quedaron habilitadas por el Consejo Superior de la UNC a presentar un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo, tras la aprobación de la Resolución del 27 de febrero. El directorio encabezado por Daniel Barraco, tras la renuncia de Manuel San Pedro, realizó dos presentaciones tras ejecutarse una primera etapa del proceso de retiros voluntario y jubilaciones anticipadas que, según las autoridades, no alcanzó la cantidad deseada.
Si bien la cartera laboral abrió el PPC conforme lo fija la legislación vigente, para el abogado laboralista Eugenio Biafore, de amplia trayectoria asesorando sindicatos y trabajadores de prensa, “de alguna manera hay una conmoción de parte de los dueños de los SRT, la UNC, y un avance en el PPC como si fuera una empresa común y corriente. Aducen tanto los cambios tecnológicos, la caída de rating y la venta de espacios publicitarios como el contexto de crisis justifica el achicamiento de la empresa. Pero el problema es que estamos frente a un medio de naturaleza pública, que se presenta ante el Ministerio como de funcionamiento privado”. “Es como si en una escuela del Estado se despidieran profesores y se sacara un turno porque el gobierno no tiene plata para pagar la luz. Eso no se puede hacer”, ejemplifica.
En ese marco, dice el letrado, cabe preguntarse si la UNC puede tener acciones de una empresa privada. “No –responde-, porque estaría en contra su objeto fundacional. No puede tener negocios privados”.
“El Directorio plantea luego que los ingresos deben originarse como si la empresa fuese privada, para después apelar a la muletilla ‘no hay plata’. Lo que no explican en los papeles que presentan en Trabajo es a dónde fue la plata que durante tantos años mantuvo a los SRT y cuáles eran los aportes que hacía el Estado nacional. O si los hacían los estudiantes, cómo era la forma. Esto no está claro”, cuestiona.
¿Y los fondos?
La explicación retórica de la UNC es que los fondos salían de los gastos generales del presupuesto de la Casa de Altos Estudios. Para Biafore esa respuesta “no alcanza”. “Al tratarse de una universidad pública, esos manejos contables, traspasos de fondos, etc., deben tener una autorización legal. Por lo tanto, tienen que explicar por qué ahora no pueden traspasar más los mismos fondos que antes si proveían para el funcionamiento de los SRT”, insiste. Y agrega: “Eso no implica dejar de atender los cambios necesarios para que no sea deficitario. Pero para hacerlo funcionar como un medio privado tendrían que vender la empresa”. Es otras palabras, primero deberían cambiar su naturaleza y recién después presentarse al Ministerio de Trabajo.
¿Fuera de la ley?
El abogado señala que en el PPC “solo hay una propuesta de achicamiento de funciones y de personal, a fin de continuar con la lógica de autosuficiencia, lógica que no existió desde su fundación hasta ahora porque su fin nunca fue la auto sustentabilidad”.
“Desde mi punto de vista no es explícita en el documento la no responsabilidad de la crisis del propio directorio, que es lo que exige la ley para habilitar el PPC”, concluye Biafiore.
La masacre de Texas
El personal de los SRT ve cada día como el agua se les escurre entre las manos. La decisión de la UNC de ajustar la estructura del multimedio ya se había cobrado, al cierre de esta edición, a 62 trabajadores que se acogieron al retiro voluntario o la jubilación anticipada, de un total de 240, conformado por 208 de planta permanente y 32 con distintos tipos de contrataciones, la mayoría precarizados. En estos días se esperan los resultados de una segunda tanda: ya se habrían acercado a las autoridades para conocer sus condiciones de retiro otros 40 trabajadores.
Según explicó el delegado de Cispren Gregorio Tatián, el Directorio anunció en el Ministerio de Trabajo que su plan de crisis oficializa la intención de reducir un 50% el plantel de los 162 trabajadores de planta que quedan. “Es decir que en realidad al final del proceso se quieren quedar solo con una tercera parte de la empresa: pretenden un plantel final de entre 72 y 80 empleados”, advierte el periodista.
Tatián denuncia que las nuevas autoridades “nos dijeron que no saben nada de medios, que no les interesa ni consumen medios y que su función es ser el brazo ejecutor del ajuste. Y en charlas informales nos adelantaron que se viene ‘la masacre de Texas’, que en definitiva es lo que propone en el PPC”.
El delegado dice que en las versiones que surgieron desde la UNC a partir de la crisis financiera hubo una fuerte manipulación de las cifras para justificar el ajuste. “Nos dicen que los fondos para sostener los SRT están saliendo de los gastos generales de la universidad, para luego añadir que el multimedio consume más fondos que muchas Facultades. Pero no explican que los 1.300 millones que gastaron el año pasado y que asignaron para este año incluyen los salarios, mientras que los gastos de las Facultades están diferenciados en mantenimiento y sueldos del personal. Entonces comparan el total de los SRT con los gastos de electricidad, seguridad y mantenimiento de las Facultades. Nos es una comparación fundada en la realidad de los gastos”, agrega.
La UNC tampoco informa de dónde sale el dinero disponible para pagar los retiros voluntarios. El Cispren calculó que esos fondos insumen otros 1.300 millones de pesos, que egresan de las arcas de la Casa de Estudios. “Parece que hay más presupuesto que el informado en la sesión del Consejo Superior”, advierte la secretaria general del gremio, Mariana Mandakovic (foto).
El sindicato calculó que cada trabajador que opta por el retiro voluntario estaría recibiendo el equivalente a 20 mil dólares.
Mandakovic asegura que el PPC está “flojo de papeles”. “Está claro que hay una connivencia entre la UNC y el Estado provincial para abrir el PPC en esos términos. ¿Cuáles son los motivos externos? ¿Que llegó Milei? Es un contrasentido que la propia UNC no piense en políticas de comunicación para su propio multimedio, siendo que destinan unidades académicas para pensar y enseñar a profesionales que ocupan distintos roles”, reflexiona.