El gobierno de La Libertad Avanza ataca a la libertad de expresión. El presidente Javier Milei cerró ilegalmente la agencia Télam de noticias, que le daba presencia soberana al país y personalidad informativa propia. Fundamentó su decisión en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que es nulo de nulidad absoluta e insanable, como lo ha declarado el Senado de la Nación. Aún más, por el decreto 548 del 28/06/24 Milei transformó a la agencia de noticias en un órgano de “Publicidad y Propaganda del Gobierno Nacional”.

            Sigue buscando cerrar o precarizar a la Televisión Pública y a Radio Nacional y se está ensañando con los y las periodistas, a quienes agrede, están mal pagos y constantemente se rebaja al noble oficio indicando que están comprados (“ensobrados”) si no coinciden con el Gobierno actual, generándoles de esta forma también graves riesgos a su seguridad personal. Aún más, pretendió exigir matrícula profesional para trabajar, lo que está prohibido por pactos internacionales. El propio vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que era "un privilegio estar en la sala de conferencias y ser periodista acreditado en la Casa de Gobierno…Vamos a hacer un nuevo esquema que efectivamente sean periodistas de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos". Gravísimo que sea el Gobierno el que determine el periodismo que puede acceder a la información pública y a su vez, que pertenezca a determinados medios. Desde ese criterio gravemente inconstitucional, a la reconocida periodista Silvia Mercado unilateralmente le rechazaron su acreditación en la Casa Rosada.    

Mancha venenosa

            La lógica referida se ha ido extendiendo como una mancha venenosa  para dolor de la historia de Córdoba: las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidieron encarar la tarea por la cual se busca hacer desaparecer o volver insignificante al valioso multimedio universitario (SRT), que cuenta con la señal de televisión abierta Canal 10, también incluido en la Televisión Digital Abierta (TDA), junto al Canal “U”; Radio Universidad (AM 580); Nuestra Radio (FM 102.3), más su página web de noticias Cba24N y sus redes sociales en Internet.

            La universidad está llevando adelante un verdadero “filicidio moral”: es la madre que mata al hijo que fue parte de ella durante 66 años, un “bien social” esencial en la construcción de la agenda informativa y cultural de Córdoba.

La mano de Clarín

            Durante los rectorados de Carolina Scotto y Francisco Tamarit se rescató a los SRT de las cenizas e incluso se buscó ampliar su presencia y en junio de 2011 se presentó el proyecto de instalar el primer canal de noticias del interior del país: Cba24.N.

            De acuerdo a la ley 26.522 de Servicios de Radiodifusión y normativa concordante, Cablevisión, la empresa proveedora de televisión por cable, perteneciente al grupo Clarín, debía subir la señal de CBA24.N a la grilla en la ciudad de Córdoba, pero se negó a hacerlo.

            Resultaba evidente que dicho canal no convenía a los intereses del grupo.

            Ello motivó la necesidad de encarar un amparo ante la Justicia federal y en dicho juicio, tuve el privilegio de representar como abogado a los SRT.

            La empresa demandada puso todo tipo de trabas en la causa e incluso el abogado de la empresa, Gerardo Viramonte, me amenazó con una causa penal por defender a los SRT. Al punto tal que el 29/09/2014 el Foro del Periodismo Argentino (FOPEA) declaró que “la actuación profesional que le cabe en el caso de Córdoba al Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, socio de FOPEA, no admite reparo alguno y la amenaza directa de que se iniciarían acciones penales en su contra carece de asidero y forma parte más de una práctica de amedrentamiento que del debate en una causa judicial”.

            Lo cierto es que se ganó el amparo y se llegó a un acuerdo para incorporar  a la grilla de Cablevisión las señales de LV 80 Canal 10 y de CBA24N (o como en el futuro se la denomine). Además de Córdoba Capital se agregó a Villa Allende, Rio Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, Salsipuedes, Saldan, La Calera, Carlos Paz, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, La Falda, Jesús María y Colonia Caroya. La incorporación de las localidades aludidas implicaba la ampliación de la potencial audiencia de la señal CBA24N. Logramos mucho más y crecimos.

            Aunque las moralejas posteriores no fueron buenas, el proyecto del canal de noticia no se pudo seguir y se lo transformó en canal “U” y a mí, periodista con cuatro premios de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina  (ADEPA) y de la Federación de Colegios de Abogados (FACA) por los artículos publicados en el diario La Voz del Interior, se me comunicó desde el diario que por decisión de la empresa Clarín, atento a la defensa que hice de los SRT, no publicarían ninguna nota más de mi autoría.

Métodos perversos

            Las dificultades deben empujar aún más a la lucha por la libertad de expresión. El actual camino tomado por la Universidad, al revés, se encaró de la manera más degradante.

            En el mundo, los medios públicos son asegurados y reciben importantes aportes del Estado por la tarea que desempeñan como base fundamental de la transparencia pública necesaria en democracia y para la defensa del derecho humano a la información. Tal es el caso de la BBC en el Reino Unido, la RAI en Italia, la Deutsche Welle en Alemania, la TVE española, entre muchos otros.

            Sin embargo, las autoridades del multimedio, para lograr el objetivo de achicarlo, aplicaron métodos extorsivos e indignos con las personas que le dan el contenido cultural y obligaron a irse a 96 trabajadores con retiros (in)voluntarios y jubilaciones anticipadas. Y habría otros 40 más que están a punto de hacerlo.  

            Aplicaron métodos perversos con sus empleados. Es inaceptable que la Universidad, como ámbito de enseñanza del respeto de los derechos de los trabajadores, optara por no pagar los sueldos en tiempo y forma, que es un derecho humano de naturaleza alimentaria, y a su vez abonara un 20 % de ese salario en tickets de un supermercado. El aguinaldo sigue impago. Ahora  amenaza pagar el 50 % del salario como empresa en crisis a los empleados que se queden. A la fecha no hay garantía del pago del mes de julio.

            Al personal de los SRT la problemática le ha generado depresiones, angustias e inseguridades inaceptables como la de perder la obra social. Algunos han tenido que sacar préstamos para pagar cuentas.

            La Universidad Nacional de Córdoba debería afectar partidas del aumento del 270% presupuestario reconocido por el Gobierno nacional destinadas a los gastos de funcionamiento y tomar lo pertinente para solucionar el problema económico de los SRT. También tendría la posibilidad de obtener fondos del presupuesto no ejecutado del año anterior.  

            Nadie puede ser indiferente ante esta situación. Todos tenemos la responsabilidad de defender al multimedio y a su gente para que no se apague esa voz.