Por Gonzalo Puig (*)

El gobierno nacional ha explicitado en innumerables oportunidades que tiene como fin la destrucción del Estado. El vaciamiento de las instituciones públicas es la herramienta para tal fin.

En ese marco, los medios públicos corren la misma suerte que cualquier otro organismo o sector del Estado, afectando el derecho de la población al acceso a la información, a la circulación de cultura, la construcción de ciudadanía o la distribución de conocimiento. Es decir, la garantía de salud democrática de nuestro pueblo, además de atacar cientos de fuentes laborales.

En el caso de Radio Nacional el vaciamiento comenzó con la caída de contratos -precarizados, por cierto- y el no nombramiento de directores en las radios de las provincias, generando pérdida de autonomía y la incapacidad de solucionar conflictos desde cada una de las emisoras. Todo se profundizó cuando el 8 de julio la intervención de RTA (Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado) impuso la medida de quitarle tareas a trabajadores del interior, levantando programaciones locales para pasar contenido producido desde Buenos Aires. Una extraña concepción del federalismo.

Haciendo zoom en Córdoba, estamos ante un escenario que dejaría a la provincia -inéditamente desde la aparición de la radio en el escenario mediático-, sin medios públicos. Los medios pioneros, formadores de identidad, garantes de la información y que han sido escuela de profesionales, están en jaque. Tanto Radio Nacional Córdoba como los medios que conforman los Servicios de Radio y Televisión Argentina corren riesgo concreto de desaparecer.

Desde el 10 de diciembre de 2023 hasta aquí Córdoba ha sido el laboratorio de las prácticas libertarias. Así como el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba fue el primero en ejecutar las políticas represivas nacionales, el Rectorado de la UNC se transforma en el laboratorio de aniquilación de medios públicos como botón de muestra de lo puede suceder a nivel nacional. 

Una cosa debe quedar clara: perder los medios públicos nos quita derechos y debilita la Democracia.

(*) Delegado gremial de ATE.