“Nos encontramos conmocionados, con mucho dolor, por las últimas noticias sobre el crimen de Susana Montoya. Exigimos el avance de la investigación siguiendo el debido proceso para alcanzar justicia por Susana. La búsqueda de la verdad con justicia será nuestro camino siempre”. Al conocerse la detención de Fernando Albareda como sospechoso del asesinato de su madre, en la tarde del jueves 8 de agosto, el comunicado de los organismos de derechos humanos de Córdoba expresaba el estupor frente a la noticia que añadía un eslabón a la cadena de iniquidades y tragedias sufridas por la familia Albareda desde la última dictadura cívico-militar.

Además, la noticia de la muerte violenta de Montoya primero y la imputación de su hijo mayor después, coincidieron con una andanada de ataques a mojones de lucha por memoria, verdad y justicia en particular y los derechos humanos en general. Esa avanzada de un Gobierno nacional que alienta el negacionismo y la lisa y llana justificación del terrorismo de Estado y sus herencias pone a los colectivos que militan por los derechos humanos en una suerte de estado de alerta permanente.

A muchos la noticia los sorprendió durante la ronda de los jueves en la Plaza San Martín, cuya convocatoria había sido ampliada para reclamar el “urgente esclarecimiento” y “protección a la familia Albareda ya”. Un rato antes, un conjunto de organizaciones había manifestado frente al Palacio de Tribunales de Córdoba por “justicia y esclarecimiento del crimen”, que por entonces se suponía perpetrado por autores vinculados a la policía que fue brazo armado de la dictadura y victimaria de Ricardo Fermín Albareda, esposo de Susana y padre de Fernando.

Así lo indicaban los mensajes escritos en una pared en la casa de la víctima en el barrio Ampliación Poeta Lugones de Córdoba capital: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. HDP. #Policía”. Similares a los que el mismo Fernando denunció en diciembre pasado que habían aparecido en su casa, ilustrados con esvásticas y acompañados de seis balas calibre 22 largo: “Se te terminaron los amigos en la policía”. “Te vamos a juntar con tu papito”. “Vas a morir”.

El sábado 3, tras la aparición del cuerpo sin vida y con signos de violencia de Susana Montoya, el abogado Claudio Juárez Centeno, representante de Fernando Albareda, dijo a El Sur que las amenazas conducían a una pista policial: “Podría pensarse que fue con intención de despistar, pero el mensaje fue ese. La familia está muy preocupada. Esto es terrible y se tiene que terminar. Las autoridades deben dar un masazo con la investigación. Si no, tendremos que salir a reclamar al Gobierno de la Provincia y a la Justicia”.

El parte de prensa emitido tras la detención de Albareda por la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger, indica que “el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.

Según la Fiscalía, la pericia grafológica se suma a “los profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense, las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar la participación del nombrado Fernando Armando Albareda”, en el crimen calificado como “homicidio agravado por el vínculo” por el que permanece detenido. Según trascendió, entre esos elementos se cuentan los registros de cámaras de seguridad de la zona, las inconsistencias en la versión de Albareda, cruces de teléfonos, huellas digitales y muestras de ADN cuyos resultados se conocerán en los próximos días.

Luego de la detención, el abogado Juárez Centeno declaró a distintos medios que confiaba en la inocencia de Albareda y la investigación policial y judicial le deparaba sospechas. Además, señaló que el mismo fiscal Klinger había investigado la denuncia por amenazas: “Si el fiscal sabía que las amenazas de diciembre pasado eran falsas, por qué no actuó antes”. Consultado por el periodista Gustavo Molina para un artículo publicado el sábado 10 en elDiarioAR, Juárez Centeno se refirió al contexto: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

Su padre, Ricardo Fermín Albareda era ingeniero electrónico, subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). El 25 de septiembre de 1979, fue secuestrado por una patota del Departamento de Informaciones D2 de la policía cordobesa. Comandados por su jefe, Pedro Raúl Telleldín, los captores lo llevaron al centro de detención Casa de Hidráulica, en el dique San Roque. Allí lo torturaron durante varias horas hasta que murió desangrado, para cobrarle con saña lo que esa policía al servicio de la dictadura consideraba una “traición”. Albareda tenía 37 años y tres hijos. El 11 de diciembre de 2009, algunos de sus victimarios fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba a prisión perpetua: los ex policías Rodolfo Aníbal Campos, César Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos como autores materiales y el ex general Luciano Benjamín Menéndez como autor mediato. Telleldín y su lugarteniente Américo Romano murieron impunes.

En marzo de este año, en un reconocimiento institucional inédito en la Policía de Córdoba, la resolución 215 del Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía Ricardo Fermín ALBAREDA”. La reparación del legajo incluyó el pago de un subsidio por fallecimiento de $ 76.447.970,50 para sus herederos. En ese dinero se basa la hipótesis de motivación criminal que maneja la fiscalía.

El jueves se marchaba en silencio por la Plaza San Martín, hasta que Ana Mohaded, sobreviviente del campo de Concentración de La Perla y hoy decana de la Facultad de Artes de la UNC, pidió el megáfono para decir: “Nos hemos abrazado sintiendo tristeza, dolor, desazón, desconcierto… Pero también estamos acá sabiendo que siempre estuvimos y estaremos en busca de la verdad, de la justicia, en busca de construir el mejor de los mundos posibles. Nosotros y nosotras, siempre hemos producido una construcción que calme el dolor atroz que siempre producen los poderes hegemónicos. Estando al lado de las compañeras y compañeros trabajadores, jubilados, víctimas del terrorismo de Estado y del gatillo fácil. Estamos siempre para poner amor y flor donde ellos desvastan, para poner riqueza donde ellos trabajan la pobreza. Con toda la situación terrible que estamos viviendo, estamos acá para decir: ¡Memoria, Verdad, Justicia!”.

Visita “humanitaria” a la casta represora

Las palabras de Mohaded aludían al crimen de Susana Montoya y también a un contexto donde el Gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel y La Libertad Avanza (LLA) profundiza su ataque contra bastiones de los derechos humanos, siembra vientos de odio discursivo y cosecha tempestades de violencia material. La visita de legisladores oficialistas a conspicuos represores condenados por crímenes de lesa humanidad; la intervención a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; la censura a películas sobre diversidad sexual o críticas hacia la dictadura que denunció un director de cine; el control a trabajadores del espacio para la memoria de la ex ESMA con listas manejadas por policías federales; son algunos episodios recientes que se suman a los masivos despidos y el desguace de áreas vinculadas a la investigación histórica, la pedagogía de la memoria y el apoyo a los juicios al terrorismo de Estado.

Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda fueron algunos de los represores condenados que recibieron el 11 de julio la visita de los diputados de LLA Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci, trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza en un vehículo oficial y con el pretexto de una “visita humanitaria” a presos “de más de 70 años”.

“Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, justificaría después el entrerriano Benedit, ante el reproche de sus compañeros de bloque en un chat de WhatsApp. El ex dirigente de la Sociedad Rural argumentó que “no se cumplen los derechos humanos, porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”. “Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas y el Presidente (Milei) combate en la política a esta ideología”, insistió. Mientras Bonacci se despegaba y acusaba a Benedit de haberla “emboscado”, al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem le llovían pedidos de bancadas opositoras y aliadas para sancionar a quienes participaron del tour al pabellón de lesa.

Astiz, el Ángel de la muerte, fue condenado por secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos de las Madres de Plaza de Mayo Mary Ponce, Esther Ballestrino y Azucena Villaflor, y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, exagente de inteligencia del Batallón 601 e integrante del grupo de tareas del centro clandestino de detención Automotores Orletti. Pernías, excapitán de fragata y miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, corresponsable entre otros crímenes de la desaparición de las Madres y las monjas francesas. Suárez Mason, hijo del comandante del Primer Cuerpo de Ejército y jefe de la represión en provincia de Buenos Aires, excapitán de navío condenado por crímenes en la ESMA. Donda, excapitán de corbeta y miembro del 3.3.2, condenado por secuestros, torturas y homicidios, entre ellos del militante Raymundo Villaflor, y por la apropiación y ocultamiento de identidad de Victoria Donda, su sobrina nacida en la ESMA.

Todo esto es público y letra de sentencias judiciales. Los diputados de la Nación deberían saberlo, pero Benedit redobló la apuesta y amenazó con denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces que “armaron y fallaron a favor de esta farsa” (los juicios de lesa humanidad).

“Lo peor es que se plantee esa visita como humanitaria y no tengan el coraje de asumirla como la reivindicación lisa y llana que fue”, dice a El Sur Lyllan Luque, abogada criminóloga y querellante en causas de lesa humanidad. “Esa reivindicación de la dictadura no solo tiene que ver con el pasado, sino con lo que habilita en el presente –advierte Luque–. No es casual que al mismo tiempo se invierta en inteligencia, en más atribuciones a las fuerzas de seguridad, se pretenda bajar la edad de imputabilidad y se vuelva a justificar que a ciertas personas se les pueda vulnerar derechos, los delincuentes, los extranjeros, los que protestan… Hay una relación ahí. Es la exaltación de un pasado autoritario y neoliberal, lo mismo que hacen ellos ahora”.

Censurar la memoria y las identidades diversas

El 11 de julio, el cineasta Goyo Anchou, director de ¡Homofobia!, denunció un código de censura no escrito pero vigente en salas y espacios culturales del Estado nacional.  “CONTENIDOS PROHIBIDOS EN CENTROS CULTURALES NACIONALES. 1. LGBT 2. FEMINISMOS 3. CRITICAS A LA DICTADURA 4. DEFENSAS DEL GOBIERNO PREVIO. 5. QUE INCLUYAN A LALI ESPÓSITO (por ej. Púan). Este código de censura nos lo recitaron hace un rato los programadores de una de las casas de cultura oficiales que tiene el Gobierno nacional en Buenos Aires, cuando fuimos hoy con otro amigo realizador a hablar sobre un ciclo extendido de películas nacionales”, escribió en su cuenta de Instagram @goyoanchou.

Sin dar los nombres de los programadores para no exponerlos a sanciones, Anchou agregó: “Si alguno de ustedes tienen amigos que trabajen en el área, pueden preguntarles y van a ver que está sucediendo. ¿Qué hacer frente a esto? 1. No llorar, no victimizarse. Pero sí hacerlo saber 2. Organizarse. Hay mucha gente, incluso votantes de este gobierno, que no van a quedarse quietos frente a lo que sucede. En mi campo, el cultural, que es uno de los más atacados, hay una necesidad urgente de generar movidas, articulaciones, generar situaciones de resistencia cultural, circuitos de espacios liberados, el famoso margen de esperanza que surge en los cataclismos es el que puede cambiar la historia. En la oscuridad, hagamos luz”.

Contra las aulas y los pañuelos

El 25 de julio, el Ministerio de Capital Humano de la Nación que conduce Sandra Pettovello dispuso intervenir la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Según la resolución EX-2024-74633284, “resulta necesario efectuar la designación de un nuevo funcionario”, por lo que se nombró como “Rector Organizador” a Eduardo Luis Maurizzio, en reemplazo de Cristina Caamaño, quien había sido designada legalmente por la asamblea interclaustros en marzo pasado.

La medida transgrede el artículo 30 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, que establece que “las instituciones universitarias nacionales solo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación” y ante “conflictos insolubles”, “grave alteración del orden público” o “manifiesto incumplimiento de la presente ley”. La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció la “persecución ideológica” del “Gobierno fascista, negacionista y reivindicador de la dictadura” y anunció: “Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra Universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La defenderemos como a su ejemplo”.

Numerosas organizaciones sindicales, universitarias y de derechos humanos expresaron su repudio a la intervención. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) la consideró una “violación de la autonomía universitaria” y denunció la intención de vaciarla: “Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre del 2023, la Universidad de las Madres no recibió un peso de presupuesto y, días atrás, el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó una medida cautelar de la UNMa contra el Ministerio de Capital Humano, en el que había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y reclamaba más 556 millones de pesos adeudados (unos 550 mil dólares)”.

Un nuevo embate contra la CONADI

En la más reciente acometida contra el proceso de revisión y reparación de las secuelas del terrorismo de Estado, el Gobierno profundizó el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada en 1992 por iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo como un organismo dedicado a garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes y colaborar en la búsqueda de los hijos e hijas de desaparecidas apropiados por la dictadura. El decreto 727/2024, emitido el martes 13 de agosto y firmado por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, dispone eliminar la Unidad Especial de Investigación (UIE) de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado en el seno de la Conadi.

En los considerandos, se alega que la UIE es un órgano de la administración nacional con “facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales” y “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y de los fiscales que integran el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, extremo que violenta nuestro régimen constitucional (…) afectando así la división de poderes”.

Desde la asociación Abuelas, aclararon que “es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial”, ya que “durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años”. “El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia”, destacaron en un comunicado. Además, plantearon: “La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía”.

Vandalizar la memoria

La embestida oficial tiene su correlato en el territorio, donde el revanchismo empoderado suele desplegarse contra los sitios de la memoria y los símbolos populares. El viernes 26 de julio por la tarde, hubo en Cruz del Eje un homenaje a Eva Duarte de Perón en el 72 aniversario de su fallecimiento. Horas después del acto, fue destruido el busto en la esquina de la ruta nacional 38 y la avenida que lleva su nombre, a pocos metros de dos estaciones de servicio que atienden las 24 horas y tienen cámaras de seguridad. Las flores, todavía frescas, fueron las únicas testigos.

La Mesa de la Memoria Cruz del Eje exhortó a las autoridades municipales y judiciales a investigar el ataque y expresó: “En estos tiempos en donde prevalece un sistemático negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, e inducido por el Gobierno nacional, los violentos de siempre, alimentados de odio y de revanchismo, no dudan en descargarlo sobre los símbolos populares que representan a los ‘demonios’ políticos objetos de tanto odio”. El Partido Justicialista (PJ) de la vecina San Marcos Sierras señaló que “el odio que se transmite de una generación a otra no logrará perturbar a quien descansa en el corazón y en la memoria de su pueblo”. El desmembrado PJ cruzdelejeño todavía no reaccionó.

Reparar legajos, educar conciencias

A contramano del vendaval jurásico, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) entregó a familiares copias de los legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado en su comunidad. Con el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria colmada, el acto del miércoles 7 de agosto incluyó los legajos de José Peco Duarte, trabajador no docente y referente de la Juventud Peronista, y los estudiantes José Santiago Pocho Amato, del PRT, Berta Gringa Perassi, del Peronismo de Base (PB) y luego del PRT, y Alberto Pinto, del PB.

Directora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Rosa Cattana explica que “reparar es dejar constancia de la verdadera causa por la cual la persona dejó de ir a trabajar o a estudiar”. “Es una tarea que de todos modos hubiéramos hecho, pero hoy la pensamos como contracara de un discurso que no solo es negacionismo, sino reivindicación del genocidio. Es terrible que se pueda confundir a las generaciones jóvenes, pero no lo van a lograr tan fácilmente porque aquí hay una verdad con un recorrido y el prestigio de las Madres y Abuelas”, concluye. Para Clarisa Duarte, hija de Peco, es una iniciativa “muy valiosa para las familias y la reconstrucción de la memoria colectiva, y que la lleve adelante una universidad, con todo lo que está pasando en el país, la hace más importante. Es un acto de justicia”.