Una denuncia penal contra los tres vocales de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sacude por estos días los cimientos del Poder Judicial de Córdoba. La increíble historia fue publicada en exclusiva por esta revista hace más de un año, sin que nadie del espectro político institucional de la provincia se hiciera eco de la gravedad del asunto: en contra de la propia jurisprudencia del TSJ, los supremos Domingo Sesín, Luis Angulo y María Cáceres de Bollati impidieron -en base a un oscuro formalismo procesal- que un productor agropecuario estafado pudiera llegar al final de su reclamo resarcitorio en tribunales.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Provincia por los abogados Carlos Trebucq y Esteban Albarenque en representación del productor Luis Tomás González. Concretamente, acusan a Sesín, Angulo y Cáceres de Bollati de haber incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su intervención en el expediente civil que llegó a sus manos luego de sortear las distintas instancias recursivas del fuero civil.

La historia se remonta al año 2011, cuando González le prestó más de dos millones de dólares a la sociedad TVF S.A., integrada por la familia Panetta, que pagó las tres primeras cuotas pactadas, pero dejó impaga la mitad de la deuda.

En 2016, ante la imposibilidad de recuperar su dinero, González inició un reclamo judicial en el Juzgado 16 Civil y Comercial de Córdoba. Tras interminables chicanas procesales que fueron demorando el proceso, los demandados interpusieron un incidente de perención de instancia, que fue rechazado por la jueza Murillo. La decisión fue confirmada en por la Cámara Sexta Civil y Comercial, que además les rechazó a los Panetta un recurso extraordinario ante el TSJ por no ser una resolución equiparable a sentencia firme, sino un incidente.

Pero el TSJ igual intervino, pese a que su propia jurisprudencia lo obligaba a rechazar el planteo. El denunciante apunta que las resoluciones del propio TSJ -¡más de quince!- que sentaron jurisprudencia a favor de la no recurrencia de este tipo de incidentes fueron firmadas por los propios denunciados: Domingo Sesín (15 fallos), Cáceres de Bollati (9) y Angulo (4). Contrariando esos fallos, los  tres hicieron lugar al recurso en queja de la familia Panetta y ordenaron en 2020 a la Cámara Séptima que dictara un nuevo pronunciamiento.

¿El argumento?: “La resolución impugnada, a tenor de lo esgrimido por la impugnante en su escrito de queja, resultaría susceptible de ocasionar un gravamen irreparable al interés sustantivo de la parte, por lo que, a este respecto, asume el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 384 del CPC”, fue la escueta explicación. "Esta nula motivación en cuatro renglones y sin fundamentación alguna en contradicción a la normativa procesal aplicable rompió la jurisprudencia de la sala civil en la materia, que venía de décadas atrás", advierte González. Y atribuye la notable contradicción a la inconfesable voluntad de los supremos de beneficiar a la familia Panetta, que así podría librarse de su millonaria deuda en dólares.

La Cámara Séptima volvió a rechazar la pretensión de los deudores, confirmando el fallo de primera instancia en apelación y rechazaron los recursos de casación por segunda vez. Pero los Panetta volvieron a recurrir en queja al TSJ. "A esta altura -advierte el denunciante- , en el expediente existían cinco resoluciones de juzgado y cámaras que conforme a derecho y jurisprudencia rechazaban la incidencia planteada por TVF SA.". Y todas -salvo la del propio TSJ- habían resultado adversas a los deudores. 

En 2022, tras una década de enmarañado proceso judicial, el TSJ volvió a salir en auxilio de lo Panetta al cuestionar la actuación de la Cámara Séptima. Según consigna González, el mismo año los tres magistrados resolvieron otros casos de acuerdo a la jurisprudencia del TSJ.  “Conviene recordar que la Sala se ha pronunciado reiteradamente en el sentido expuesto, esto es, que el auto interlocutorio que desestima el incidente de caducidad de la primera instancia no constituye una sentencia definitiva ni irroga un gravamen irreparable al articulante, de suerte que no es susceptible de fiscalizarse a través del recurso de casación por quebrantamiento de formas”, adujeron Sesín, Cáceres de Bollati y Angulo en otras causas contemporáneas a la de González, citadas en la presentación realizada en Fiscalía General.

"La decisión de admitir la casación frente a un caso que rechazaba el incidente de perención en primera instancia no resultó un cambio de criterio y se trató de un caso aislado", advierte  González, que acusa a los supremos cordobeses de haber incurrido en la figura penal de prevaricato, que significa dictar “resoluciones contrarias a la ley”. El delito prevé "pena de prisión o reclusión, multa e inhabilitación absoluta perpetua”.

Al revocar "las cinco decisiones previas de magistrados inferiores" y declarar "la caducidad de instancia", el TSJ discriminó a González, causándole "un perjuicio económico directo e irreversible: la exorbitante suma de más de un millón cien mil dólares que efectivamente prestó (documentada en contrato de mutuo) nunca le será restituida, quedando en beneficio de TVF SA y la familia Panetta, quienes se salieron con la suya después de embarrar tanto el proceso", advierten los letrados del  productor santafesino.

González no duda en asociar el accionar malicioso de Sesín, Angulo y Cáceres de Bollati con sus vínculos con la "sagrada familia" cordobesa: "los Panetta (...) son ex parientes políticos del Dr. Sebastián López Peña, vocal del TSJ, quien fuera presidente del alto cuerpo. Verónica Garade fue legisladora provincial por el radicalismo, hoy vicepresidente del Colegio de Abogados y concejal de la ciudad de Córdoba. María Teresa Panetta -ya fallecida- fue quien cerca de la fecha de navidad en el año 2016 celebraba una reunión en su casa con integrantes de la cúpula judicial tales como Darío Vezzaro, Sebastián López Peña, Luis Roberto Rueda, Olga Riutort, Carlos Hairabedián y José Cafferata Nores, entre otros". Un ex fiscal general, un ex presidente del TSJ, un camarista federal, la ex primera dama de la Provincia, el penalista más reputado de Córdoba y el arquitecto judicial del angelocismo. La creme de la creme del cordobesismo.

La grave denuncia contra los supremos cordobeses fue derivada a la Fiscalía Anticorrupción N° 2, a cargo de Franco Mondino.

Gran Hermana

De esta manera, la publicación de esta revista en su edición de febrero de 2023 -cuya versión digital fue incorporada al expediente- inicia un incierto camino judicial. No sucedió lo mismo con la investigación que revista El Sur publicó en septiembre del año anterior, donde probó que el TSJ entregó uno de los polémicos vehículos de alta gama judicializados a la hermana de Cáceres de Bollati, que trabaja en una clínica privada.

En ese caso, nadie se hizo eco de la publicación de esta revista. Era previsible: a las pocas semanas el entonces todo poderoso legislador Oscar González chocó con otro auto "judicializado" a la docente Alejandra Bengoa, que perdió la vida, en tanto que su hija sufrió algunas heridas y su amiga quedó parapléjica.

¿Ocurrirá lo mismo con la grave denuncia contra los supremos cordobeses? Los antecedentes de la Fiscalía Anticorrupción no despiertan mayores expectativas.