A falta de Justicia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil realizaron lo que denominaron un “juicio ético” a los diputados nacionales por Córdoba que avalaron el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para las universidades que muchos de ellos habían impulsado. Para juzgar el comportamiento de los legisladores nacionales, se formó un tribunal presidido por el ex juez federal Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien estuvo acompañado por la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Flavia Dezzutto y Patricia Coppola, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Como fiscales actuaron Hugo Seleme –investigador del Conicet, doctor en Derecho y Ciencias Sociales- y la ex secretaria general del gremio de los trabajadores judiciales, Irina Santiesteban.

En el imaginario banquillo de los acusados se sentaron –en ausencia- los diputados libertarios Gabriel Marco Bornoroni y María Celeste Ponce, la desarrollista María Cecilia Ibáñez (egresada de la UNC), las procaces Laura Rodríguez Machado (también egresada de la UNC) y Belén Avico, el radical Luis Picat y la senadora juecista Carmen Álvarez Rivero. Fueron acusados de haber “vulnerado los valores sobre los que se asienta nuestra democracia representativa constitucional” al haber contribuido con su apoyo al veto de Milei al incumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la educación.  

“Los acusados han contribuido a que el Estado incumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la Educación que surge del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, que establece que “corresponde al Congreso  sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

En el caso de Picat, los fiscales recordaron que se ausentó al momento de la votación del proyecto que su propio bloque había presentado. “Luego del veto presidencial, cuando la Cámara de Diputados precisaba de los 2/3 para insistir con la ley, votó en contra de lo decidido por la Cámara en la sesión donde estuvo ausente”, precisaron. “Votó en contra de un proyecto de ley presentado por su propio partido, se apartó de la decisión del presidente de su bloque de respaldar la ley, no hizo uso de la palabra para ofrecer ninguna razón para su proceder y su voto fue contrario a la plataforma electoral de Juntos por el Cambio”, sintetizaron los miembros del tribunal en la sentencia que se dio a conocer a mediados de mes.

Lo mismo señalaron respecto a Ibañez, Bornoroni y Ponce, que tampoco hicieron uso de la palabra, con el agravante de que el primero preside el bloque de La Libertad Avanza y terminó adhiriendo en silencio a la defensa del veto que hizo su par José Luis Espert.

 “Oponerse al financiamiento de las universidades es contrario a la plataforma electoral de la Libertad Avanza que, aunque hablaba de déficit cero, en ningún momento decía que sería alcanzando recortando los fondos dedicados a educación. Por el contrario, señalaba que “la educación de calidad es imperativa para que existan oportunidades laborales para futuras generaciones, para reducir la pobreza y mejorar productividad que elevan las remuneraciones salariales”, señaló el tribunal.

Respecto de Avico y Rodriguez Machado –también egresada de la UNC-, también adhirieron en silencio al veto presidencial. La posición del PRO fue explicada por la diputada Figueroa Casas, quien cuestionó el reparto de los ingresos entre las diferentes universidades y carreras. “El argumento es irrelevante dado que desacordar con la porción de recursos que recibe cada universidad en el reparto no puede ser una razón para disminuir el monto total de los recursos a repartir que reciben todas”, apuntó el tribunal.

En el debate se aludió también a la senadora Alvarez Rivero, la única que defendió su voto en el recinto aduciendo que en la Argentina hay muchos pobres y los pobres no van a la universidad. “Señalar que existen derechos, como el de alimentarse, insatisfechos por parte del Estado, no puede usarse como excusa para dejar insatisfecho otros, como el de la educación”, advirtió el tribunal.

“Los acusados no han cumplido con su obligación de sostener el sistema democrático de gobierno, ofreciendo razones genuinas que respalden sus votos.            Han empleado información errónea cuya falsedad no podían ignorar. Adicionalmente las razones o bien han estado ausentes, o bien han sido contradictorias, irrelevantes o inconsistentes con sus conductas precedentes”, agregó, solicitando “se los declare moralmente responsable de haber socavado nuestra democracia y sean pasibles del reproche ético que su conducta merece”.

La defensa de los legisladores cuestionados estuvo a cargo de Nicolás Cocca, quien actuó de oficio. Consideró que los acusados tienen libertad de conciencia y no deben atarse a los mandatos partidarios, en tanto en última instancia se deben a sus votantes. “No puede ni debe analizarse el voto en contra de la ley de financiamiento universitario de manera aislada, sino en el contexto de una crisis económica que obliga a revisar el presupuesto adaptándolo a las urgencias”, se explayó.

 “¿Es que acaso merece reproche moral haber priorizado el equilibrio presupuestario en consonancia con los principios de representación y ética parlamentaria, cuando ello puede ser objeto de revisión democrática por parte del electorado en futuras elecciones?”, se preguntó Cocca.

 Los testigos

El denominado “juicio ético” concitó un gran interés entre distintas organizaciones sociales y políticas de Córdoba, como lo indica la calidad académica, política y moral de los testigos que comparecieron ante el tribunal: Fernando López (escritor, ex juez de control de San Francisco), Eduardo González Olguín (economista, ex profesor de la UNC) Mariana Garrido (médica especialista en clínica médica, docente de Semiología del hospital nacional de clínicas de la UNC), Mariano Oberlin, (sacerdote católico), Alfredo Sclareck Curutchet (docente de la UNC, economista y miembro de APDH); Emilie Lucienne Barrio Lower Daniele (estudiante filosofía de la UNC); José Sánchez (ingeniero y docente universitario de la UNC, miembro de ADUCOR); Fulvio Stanis (Lic. en Filosofía y representante de los egresados en el Consejo Superior de la UNC); Germán Juncos (No docente UNC); Eduardo Maturano (médico y docente investigador de la UNC); Dante Leguizamón (periodista de los SRT), Lautaro Allassia (estudiante de Derecho de la UNC), Gustavo Adolfo Vaca Narvaja (médico) y Walter Javier Romero (médico peruano que estudió en la UNC).

En los considerandos de su sentencia, el tribunal se preguntó: “¿Cabe reproche ético a las legisladoras y los legisladores de acuerdo a la actuación que les cupo en contra de la ley aprobada del reajuste del presupuesto de las Universidades Públicas Nacionales, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y luego aprobar el veto presidencial formulado respecto de la norma que se votó?”. La respuesta fue afirmativa: “Con su accionar los acusados han vulnerado los valores sobre los que se asienta nuestra democracia representativa constitucional. No han satisfecho la obligación democrática de ofrecer a los ciudadanos a quienes representan razones que justifiquen su voto. Las razones han estado ausentes, han sido inconsistentes o contradictorias con sus propias conductas precedentes. En una democracia representativa es un deber de moralidad política ofrecer razones que sean aceptables para la ciudadanía. Al no hacerlo, los legisladores han socavado el buen funcionamiento del sistema democrático de gobierno que se comprometieron a sostener”.

Además de mencionar los tratados internacionales que fueron violentados por el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, el tribunal recordó que el INDEC determinó que la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y septiembre de este año fue del 153% y los precios de los servicios públicos –agua, electricidad, gas, combustibles-aumentaron un 242%, el incremento del salario docente apenas trepó al 89,42%. “Esto estaría demostrando que el gobierno, al dar un aumento de 270% únicamente para gastos de funcionamiento, ha priorizado que las universidades nacionales le puedan pagar a las empresas proveedores de servicios públicos, muchas de ellas privadas, mientras que no priorizó a los docentes y no docentes universitarios”, advirtió el tribunal.

Luego escuchar a los fiscales, el defensor oficial y los testigos, el Tribunal de Ética resolvió “considerar éticamente responsable a Gabriel Marco Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Belén Avico, Luis Albino Picat, Laura Rodríguez Machado y Carmen Silvia Álvarez Rivero, legisladores elegidos por la Provincia de Córdoba, de haber procedido en violación a principios éticos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional en su actuación respecto de la EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD en la discusión en el Congreso respecto de la ley que actualizaba los montos destinados a dicho objetivo de educación adecuada y avalando el veto presidencial en contra de dicho reajuste”.