El 15° juicio de lesa humanidad en Córdoba encierra una paradoja: se sienta en el banquillo de los acusados quien se sentaba en el estrado de los jueces que en 2008 le impusieron a Luciano Benjamín Menéndez la primera de las trece condenas a prisión perpetua que se llevó a la tumba. El ex juez Carlos Otero Álvarez está acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público –en la modalidad de abuso de autoridad– y omisión de denunciar delitos”, en 92 hechos. Entre ellos, varios de los 31 asesinatos de presos políticos de la UP1, además de secuestros y torturas, denunciados por testigos y víctimas cuando el acusado era secretario penal del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984.

La audiencia, que presiden los jueces Facundo Zapiola, Mario Martínez y José Escobar Cello, es una derivación de la “causa de los magistrados”, la única vinculada a complicidades civiles con el terrorismo de Estado que llegó a juicio en Córdoba en 2017, siete años después del proceso en que fueron condenados por esos crímenes el dictador Jorge Rafael Videla, el ex general Menéndez y otros 29 represores.

Una escena reveladora

El 22 de marzo de 1977, el juez Zamboni Ledesma, el secretario Otero Álvarez, el fiscal Humberto Vidal y el defensor oficial Luis Molina visitaron a Luis Baronetto en la cárcel de Sierra Chica para indagarlo.

—Antes de responder cualquier pregunta, quiero saber quién mató a mi mujer –exigió el preso.

El juez guardó silencio y su secretario intervino:

—Lo único que tenemos es este comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército –dijo Otero Álvarez antes de leer el parte que informaba sobre “seis subversivos muertos en un intento de fuga”.

—Eso es mentira. Acaban de escuchar a Eduardo De Breuil contarles que lo obligaron a presenciar el fusilamiento de su hermano y el comunicado dice que fue durante un “intento de fuga”. Además, nadie puede sacar a los presos de la cárcel sin autorización de un juez... –retrucó Baronetto antes que el defensor le advirtiera que si insistía sería “el único perjudicado”.

La causa maldita y su laberinto

Desde que recuperó la libertad en 1983 Baronetto denunció una y otra vez a todos los responsables de los crímenes de la UP1. Al reanudarse los juicios, la denuncia contra los ex magistrados, presentada por él, Miguel Ceballos y Rubén Arroyo en 2007, se instruyó por separado de la causa UP1 por decisión de la jueza Cristina Garzón de Lascano, a lo que sobrevino una serie de apartamientos por “amistad íntima” con los acusados.

Cuando llegó a juicio, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF-2), integrado por Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Jorge Gallino, condenó el 7 de noviembre de 2017 a tres años de prisión en suspenso al ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo, y absolvió al ex defensor oficial Ricardo Haro y a Otero Álvarez.

La fiscalía y las querellas apelaron y el 21 de octubre de 2020 la Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Otero Álvarez, por los “graves defectos en su motivación, razonamiento y en la valoración de la prueba y el derecho aplicable”, y porque el tribunal “se apartó del paradigma de los derechos humanos”. Además, los camaristas Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña reprocharon al TOF-2 la “valoración parcializada de las pruebas” y la “simulación de enjuiciamientos”, con el resultado de “consagrar la impunidad de los imputados”.

En la penúltima jornada del juicio, Miguel Ceballos, hijo de uno de los fusilados y hoy secretario del Juzgado Federal N° 3, dijo: “Las víctimas fueron abandonadas por los funcionarios que debían velar por su integridad. Nunca investigaron a pesar de que los certificados de defunción decían: ‘muerte por herida de bala’. Hubo inacción e indolencia. Y luego fueron beneficiados por la reacción corporativa de la Justicia federal”.

“Es necesario saldar estas cuentas del pasado para que la sociedad vuelva a confiar en la Justicia”, reclamó.

Entrevistado por El Sur, Baronetto aseguró que el arduo camino recorrido y el escenario adverso del juicio actual demuestran que “hasta en las peores condiciones políticas es posible resistir y llevar adelante acciones, aun con poderes institucionales como la Justicia, donde hubo complicidad con la dictadura y hay una continuidad”. “Es un poder al que le falta mucho de democracia para ser útil al pueblo”, añadió el querellante, quien declaró esta semana en el juicio.  

En cancha chica y sin tribunas

El juicio a Otero Álvarez tiene como escenario la sede del TOF N° 2, en Hipólito Yrigoyen y Crisol, donde las partes y familiares de víctimas y acusado se apretujan en una pequeña sala, mientras el público y los periodistas siguen la audiencia desde un televisor instalado en un hall y sin acceso a conectividad. La difusión en vivo a través del canal de Youtube de la Justicia federal, que desde la pandemia es habitual, sólo se habilitó después del reclamo de los trabajadores de prensa acreditados. Incluso, el medio especializado La Retaguardia, que transmite los juicios de lesa humanidad desde los tribunales de distintas provincias, no fue autorizado a acceder a la sala de zoom para generar su propia señal.

Ante esta situación, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) solicitó en una carta al juez Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara de Apelaciones y máxima autoridad de la Justicia federal de Córdoba, que se garanticen “condiciones dignas” para la cobertura de este y otros procesos de lesa humanidad: “El retorno a las audiencias a la sala principal de la torre de tribunales, dada la importancia de estos juicios para el sistema democrático, su valor pedagógico y el derecho de las víctimas del terrorismo estatal y del público en general a presenciar el debate en condiciones mínimas de comodidad. La disposición de un espacio físico específico en esa torre (para) desarrollar la tarea periodística con acceso a los elementos básicos para ello (…). El acceso al zoom de transmisión por parte de los medios que lo soliciten en tiempo y forma, y demuestren legítimo interés”.

La puesta en práctica de estas medidas, destacó el sindicato en su misiva, contribuirá “a una mejor difusión del propio trabajo del Poder Judicial federal. A la vez, fortalecerá nuestra democracia, en tiempos en los que atraviesan nuestra sociedad discursos negacionistas y apologéticos del terrorismo de Estado que aún se está juzgando”.

En su respuesta al Cispren, el juez Sánchez Torres aseguró que la sala principal de la torre de Tribunales federales “ha estado siempre a disposición de los Tribunales Orales que la soliciten para la realización de Juicios Orales y Públicos de Lesa Humanidad y de trascendencia pública” y se encuentra equipada y con “un espacio acorde para garantizar el trabajo de la prensa acreditada”.

“Se desconocen los motivos por los cuales en esta oportunidad, el Tribunal Oral interviniente no ha solicitado la autorización para la utilización de dicha sala”, desliza el magistrado en un párrafo que deja en pie la conjetura de las querellas y familiares: “Quieren ‘bajarle el precio’ al juicio para que tenga la menor trascendencia pública posible”.