Si bien esta revista se ha ocupado a lo largo de sus casi veinte años de vida de temas vinculados al Poder Judicial, esta primera edición de 2024 evidencia la grave crisis que atraviesa la Justicia: 12 de las 32 páginas de la edición impresa abordan los desaguisados de una corporación cuya ineficiencia, impericia y corrupción ha quedado al desnudo.

En un diciembre negro para el Poder Judicial se produjeron varias noticias relacionadas entre sí: la aplicación del artículo 280 al director de esta revista para dejar como único condenado del caso Dalmasso a un periodista y, apenas dos meses después, el linchamiento mediático de Roberto Bárzola como supuesto asesino de Nora Dalmasso. En una insólita conferencia de prensa previa a la Navidad, el fiscal Pablo Jávega informó que el ADN de Bárzola está en el cinto homicida y en un vello púbico encontrado en la zona inguinal de la víctima. Pese a que esos datos genéticos obran desde hace años en el expediente, es la primera vez que se informa la coincidencia de la  huella genética del cinto de la bata -que pasó de ser una apenas identificable a ocho en los últimos dos años- con la del vello hasta ahora nunca identificado. En cualquier investigación penal, semejante hallazgo genético indicaría la indubitable presencia de Bárzola en la escena del crimen. En esta causa, en cambio, prima la sospecha: ¿ese vello se peritó 18 años después? ¿Por qué nunca se informó que coincidía con la huella genética del cinto de la bata? ¿Es posible que sea resultado de la "contaminación" -Bárzola trabajaba en la vivienda-, como indicó Nidia Modesti para exculpar a Macarrón? O peor aún: ¿es posible que se haya manipulado la prueba genética? Cuando los comprometía, los Macarrón siempre atacaron la tarea de los peritos; ahora dicen que la prueba genética es concluyente para incriminar a Bárzola.

La sentencia mediática a Bárzola no coincide con el fallo del tribunal que juzgó a Macarrón, que "declaró" a Nora víctima de violencia de género y aseguró que mantuvo sexo consentido con su agresor antes de ser asesinada.

Clausurar el caso Dalmasso con la condena mediática a un albañil al que no se podrá sentar en el banquillo de los acusados es cuanto menos un contrasentido para el Poder Judicial, que una vez más consagra la impunidad.

El TSJ tiene a tres de sus seis miembros denunciados por prevaricato y abuso de autoridad y otro tribunal de Río Cuarto dejó impune el brutal crimen del narco Claudio Torres al absolver a todos los imputados.

Con este Poder Judicial-que homenajea sin ruborizarse al jubilado Juan Carlos Maqueda, imputado por el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial-, todos vivimos en libertad condicional.