No. No era un simple camioncito de carne el que ingresaba.

No. No fue nada más que un chofer infiel que quiso hacer un negocio ingresando elementos prohibidos a la cárcel.

No. No se habría tratado de un episodio aislado, sino más bien de un mecanismo aceitado, frecuente y en varios establecimientos.

No. No había forma de que esto se hiciera sin la venia de altos funcionarios penitenciarios que bajaban la orden para facilitar el ingreso.

En la Fiscalía de Delitos Complejos están convencidos que el ingreso del camión es apena un eslabón de una asociación ilícita comandada por Alicio Dagatti, con elementos claves de sus empresas y fuerte complicidad de la jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Por eso el 4 de diciembre del año pasado provocaron un tembladeral en la capital alterna de la provincia, cuyas réplicas se sintieron -y aún se sienten- en el mundo empresarial, político, mediático y hasta deportivo.

Es que el detenido no fue otro que el zar del sur cordobés, dueño de frigoríficos, desarrollador inmobiliario, propietario del tradicional diario Puntal, una radio y un canal de televisión y por si fuera poco, presidente reelecto de Estudiantes de Río Cuarto, el club más importante de la ciudad (ver páginas 8 y 9)

Todo lo que creció en las últimas décadas bajo el ala de esa dinastía se vio conmovido con los procedimientos de diciembre, cuando fueron allanados los domicilios de Dagatti padre e hijo y las oficinas del frigorífico Livorno.

Al corazón de la cárcel

El fuerte hermetismo con el que se manejaron los procedimientos fue apena interrumpido recién cinco días después cuando la propia Fiscalía emitió un escueto comunicado donde daba los nombres de los cuatro detenidos. Además de Alicio (60) e Ignacio Dagatti (29), en la lista de los trasladados a Bouwer figuraban Luis María Mina (48) y Maximiliano Gastón Irusta (23).

Este último era empleado de la firma Bravo, transportista que se encargaba de llevar la mercadería del frigorífico Livorno a las cárceles cordobesas. Mina figura como presidente del frigorífico y cabeza de la administración, rol que ejercía secundado (al menos en los papeles) por el otro hijo del mandamás, Federico Dagatti, quien por ahora permanece a salvo de la avanzada judicial.

Ese comunicado de prensa se corroboró que los procedimientos hacían pie sobre lo sucedido el 26 de diciembre de 2023, cuando aquel famoso camioncito de Livorno fue interceptado en el ingreso del complejo de Bouwer. Un “control de rutina” (o una clásica “vendida”, para los que conocen cómo funcionan estas dinámicas) permitió encontrar debajo de una media res 1,7 kg de marihuana y 9 gramos de cocaína, dos blisters de Clonazepam, siete celulares, siete cargadores, 16 cables USB, cuatro auriculares y una bolsa térmica que contenía probablemente whisky.

El destino era naturalmente la cocina de uno de los módulos. Allí esperaban con ansias la reposición, aunque por lo visto la carne no era lo más importante.

No en vano a la cocina le llaman tradicionalmente “el corazón de la cárcel”. Según explican algunos internos consultados para este informe, la denominación “no es por la comida sino porque es ahí donde está el acceso directo y sin requisa a lo que ingresa en los camiones”.

Proveedor estrella

Livorno S.A. ha sido hasta ahora uno de las proveedores estrella del SPC para el abastecimiento de medias reses a los establecimientos carcelarios. Comparte ese privilegiado sitial con Logros y con Bustos Beltrán (por ahora ambas fuera de la órbita de esta investigación).

Sistemáticamente estas tres empresas vienen ganando todas las subastas electrónicas mediante las cuales el SPC licita la compra de toneladas de carne para abastecer las cárceles y los casinos.

Livorno fue constituida en abril de 2004 y en su acta fundacional incluyó una amplísima variedad de actividades. Luego se fue especializando, primero con el ingreso de Luis María Mina al directorio, en 2011, y años más tarde con el desembarco de Federico Dagatti.

Con el tiempo llegaron los contratos de carne con el SPC, desde 2008 en manos de Juan María Bouvier. Ya en 2016 se pueden rastrear algunos contratos ganados por el frigorífico Livorno, pero eran varias las empresas que disputaban el negocio. La participación de Dagatti comenzó a crecer en 2018 hasta terminar cartelizando la provisión de carne junto a Logros y Bustos Beltrán. El año pasado Livorno se quedó con tres de las cinco subastas electrónicas para la provisión de carnes, según datos del sitio Compras Públicas del Gobierno de la Provincia. En dos de esas subastas fue única oferente. Sumó la provisión de 613 toneladas de carne para los diferentes establecimientos penitenciarios de la provincia por un valor que, actualizado, asciende a 5.796 millones de pesos.

Aunque el 2023 terminó con el escándalo del camión “cargado de cositas” interceptado en el ingreso del mayor complejo carcelario del interior del país, la nueva administración del SPC -ahora en manos de Carolina Funes- siguió contratando a Livorno. Este año la empresa de los Dagatti abrochó cuatro licitaciones más a través del mismo mecanismo: en tres fue la única oferente para proveer 969 toneladas por un valor actualizado de 6.111 millones de pesos.

Livorno, investigada por introducir elementos prohibidos a Bouwer, continuó siendo la proveedora estrella de las cárceles cordobesas. En Tribunales este dato llama la atención: cuesta no pensar en complicidades más arriba de la cadena de mando, por fuera incluso de la entidad penitenciaria. Más todavía al escuchar al ministro de Justicia, Julián López -bajo cuya cartera funciona el SPC- afirmar en declaraciones a radio Punto a Punto que "cada tres meses se cambian los proveedores”. Afirmación fácilmente refutable con sólo “barrer” las subastas electrónicas de los últimos 10 años, tarea que carga cierto tedio pero que no reviste mayor complicación.

"En diciembre de 2023, cuando se detectó el ingreso de este camión, le cursamos notificaciones correspondientes a las áreas administrativas como a las judiciales para que se tomen las medidas correspondientes", precisó López, que aclaró que no tenían claro si el delito era "de la empresa que transportaba o de la empresa proveedora de carne". Más allá de las explicaciones públicas del funcionario, Livorno siguió proveyendo al SPC: la última adjudicación a la empresa fue el 11 de diciembre de 2024, ¡siete días después de que sus dueños y su director cayeran presos!

La investigación

En el Imperio del sur cordobés no cesan las especulaciones en torno a la detención del zar de la carne (y de los negocios). Que le soltaron la mano, que avanzó demasiado, que se asoció con los tipos equivocados, que le están pasando una factura, que no quiso arreglar, que sí quiso arreglar, que se está comiendo un garrón, que lo largan en pocos días…(ver página 7)

En Tribunales II las versiones son bien distintas. Se habla de “pruebas muy contundentes” que justifican los allanamientos del 4 de diciembre y del mantenimiento de las detenciones aún después de las indagatorias, tomadas la semana de la última Navidad.

Pocos después de las detenciones el abogado Matías Pueyrredón, a cargo de la defensa de los detenidos, aseguró no salir de su asombro. “Tengo para decir que mis clientes y esta defensa se encuentran en un completo desconcierto, sin entender lo que procesalmente sucede”, le dijo al diario de Dagatti. Y manifestó su optimismo en que en las indagatorias sus defendidos aclararían todo y recuperan la libertad “atento a su colaboración frente a la investigación y a su comportamiento durante los allanamientos”. Pero las esperadas indagatorias arrojaron tres abstenciones (los dos Dagatti y Mina) y una declaración exculpatoria (Irusta), lo que no alteraría el temperamento del fiscal Enrique Gavier de mantener las prisiones preventivas.

 “Las pruebas y también los indicios soy muy fuertes y no están sólo atadas al hecho flagrante del camión el 26 de diciembre del año pasado, sino que se ha logrado reunir otros elementos probatorios que son los que permitieron avanzar”. La frase pertenece a una alta fuente tribunalicia que conoce de cerca el caso y lo viene siguiendo desde hace meses. “Te imaginarás que, sin eso, el fiscal no podría haber tomado las determinaciones que tomó con esta figura tan poderosa. No es que ha salido de excursión de pesca”, graficó.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que el transporte con “sorpresas” sería “algo habitual” en los camiones de Livorno. Se habla de un “ingreso fluido”, “en varios establecimientos”, “para el ingreso de mercadería prohibida”, con la complicidad de “altas esferas del Servicio Penitenciario”.

La respuesta de la defensa de Dagatti es la esperable: “La empresa no tiene nada que ver, ya que contrataba a un transporte tercerizado”. Pero desde Tribunales no se amilanan: “Está el elemento para refutar con facilidad ese planteo”, aseguran. Aducen que si se detectó un camión que intentaba ingresar mercadería prohibida con semejante desparpajo es porque era algo que se venía haciendo con total tranquilidad. “¿Quién va a osar meter semejante cantidad de cosas por la puerta de entrada del complejo si no tiene el acuerdo previo de las altas esferas que manejan la seguridad del establecimiento?”, se preguntan.

Cuando se habla de “altas esferas” hay nombres ineludibles. Uno es el otrora mandamás del SPC, Juan María Bouvier, preso desde el año pasado, justo 15 días antes de la caída en desgracia del camión. “Por acción o por omisión es también responsable”, apuntan desde el Palacio de Justicia, aunque admiten que por el momento no hay pruebas directas que lo vinculen con ese caso particular protagonizado -por ahora- por los Dagatti. Pero advierten que “es todo un dato el hecho de que la carta blanca para ese tipo de ingresos haya caído ni bien fue detenido Bouvier”.

La imputación que pesa sobre Dagatti es asociación ilícita. Lo acusan de haber montado un mecanismo aceitado para el ingreso habitual de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos con una serie de complicidades -asociadas o pagadas- que hacían la vista gorda.

Para los investigadores, el negocio no se asentaba tanto en el ingreso de droga como de teléfonos celulares: “Está claro que se apuntaba a todo lo que pudiera dejar un buen retorno y permitiera mantener el diseño jerárquico delictivo intramuros. Esa organización iba desde los altos jerarcas penitenciarios, que acordaban con los cómplices, luego los mandos medios y plumas de pabellones que rigorean a los otros detenidos para obligarlos a estafar. Y así se generaba el dinero”, explican.

Al cierre de esta edición se esperaba que el fiscal Gavier confirmara las imputaciones y decidiera si mantiene las prisiones preventivas. Debe determinar si está lo suficientemente acreditado el hecho con los elementos de prueba existentes en la causa y si la salida de Dagatti y cia del penal supone un riesgo procesal.

Quienes conocen el estilo de Gavier y los antecedentes de la Fiscalía auguran una larga estadía en prisión para el hombre fuerte del Imperio del sur.

El chofer que levantó la mano

Una de las precuelas claves de la investigación es la que protagonizó Néstor Lucero, el chofer de 36 años que condujo aquel camión de Livorno al penal de Bouwer el mediodía posterior a la Navidad de 2023. El 29 de noviembre último Lucero admitió su culpabilidad y fue condenado por la Cámara Octava del Crimen a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada.

Lucero -que era empleado de Bravo, la transportista de Livorno- admitió su culpabilidad en un juicio abreviado, lo que le permitió morigerar la pena. ¿Habrá sido su declaración lo que permitió escalar más arriba la investigación y detener a los Dagatti? Pregunta clave que se debería develar cuando se conozcan los detalles de la acusación.