El 11 de abril de 2022 Leonardo Nelson Cositorto se ubicó en un asiento de clase económica en un avión de Avianca. En la butaca de su derecha se sentó un agente de la Policía Federal Argentina. A su izquierda se acomodó un efectivo de Interpol. El vuelo partió de República Dominicana y lo depositó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en los primeros minutos del día 12. Llegó con la misma remera que llevaba puesta ocho días antes, cuando fue detenido en las playas de la localidad de Juan Dolio, al este de Santo Domingo, bañadas por las cálidas aguas del Caribe.

Salió del espigón internacional de la estación aérea y, a la pasada, dirigió su voz hacia los micrófonos que le extendieron algunos periodistas: “Vengo a seguir trabajando”.

Estaba esposado y era llevado de los brazos por los mismos sabuesos que le hicieron compañía durante el viaje. Su captura había sido solicitada por la fiscal de Villa María Juliana Companys, bajo la acusación de ser integrante de una asociación ilícita que estafó a una creciente cantidad de personas que desfilaban por los Tribunales de esa ciudad y aseguraban que Generación Zoe y su Universidad del Trading se habían quedado con los dólares que les confiaron bajo la promesa de un retorno de 7,5% mensual.

Pero Cositorto venía para “seguir trabajando”, porque el abogado que asumió su defensa a cambio de una cifra millonaria en moneda estadounidense, el mediático Miguel Ángel Pierri, le había asegurado que entraba y salía por la “puerta giratoria”. Luego sucedió que la ignota fiscal villamariense no era un hueso fácil de roer/corromper y, con el devenir de las semanas y los meses, Pierri comenzó a tomar cierta distancia de la causa para descansar en Guillermo Dragotto, del estudio cordobés que subcontrató para poder litigar en Villa María (su matrícula ligada al AMBA no le permitía actuar por estas latitudes).

El mismo líder de Generación Zoe le reprocharía al mediático letrado bonaerense que “bien poco hizo para la plata que me sacó”. Fue durante uno de tantos reportajes que concedió desde el penal de Bouwer, alojamiento que dejó por estos días para mudarse a una cárcel de Corrientes, donde responde actualmente por los mismos cargos por los que deberá rendir cuentas en Villa María.

Dilaciones

En esta ciudad, donde está radicada la “causa madre”, los tiempos fueron más lentos porque la defensa del Faraón/Fanfarrón de la Pirámide se dedicó a presentar apelación tras apelación y “embarrar la cancha” usando cuanto resquicio le permitió la legislación vigente, siempre con el objetivo de dilatar la llegada a juicio para que vencieran las prisiones preventivas de Cositorto y su socio Maximiliano Batista. Y, fundamentalmente, para apartar a Companys.

Este tipo de medidas dilatorias arreciaron cuando algunos integrantes de la organización empezaron a quebrarse a cambio de penas menos duras: en junio de 2023 el abogado de Generación Zoe, Gustavo Saavedra, integrante del estudio del exjuez federal y prófugo de la causa Héctor Yrimia, fue condenado a cuatro años de prisión tras reconocer ante la jueza María Soledad Dottori la comisión de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita en calidad de miembro. En octubre del mismo año, durante otro proceso abreviado, la jueza Nerina Gamero condenó a tres años y ocho meses de prisión a Ivana Álvarez y Silvio Schamme, también autores confesos de los delitos de estafa y asociación ilícita. La fiscal Companys estuvo presente en ambas audiencias.

¿Cómo van a zafar Cositorto y los suyos en una causa donde sus propios soldados se están entregando y proporcionando información al enemigo? Imposible. Entonces, hay que seguir buscando por dónde tumbar la causa, que se desmorone como un castillo de naipes o como la misma pirámide.

Este año llegó el enésimo intento y encontró cierto eco en la “Justicia”. Fue cuando la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María, integrada por Edith Lezama, Eve Flores y Félix Martínez declaró la nulidad de la elevación a juicio de la Causa Zoe en base a defectos que bien podían ser subsanados durante el juicio.

Companys bramó entonces a través de un comunicado: “demoran el juicio y meten a la causa Zoe en un laberinto judicial donde los únicos perjudicados son los estafados y los únicos beneficiados son los supuestos estafadores”.

 “Como mínimo, la decisión presenta una alevosa arbitrariedad que va en contra del resto de los jueces que ya intervinieron y, sobre todo, perjudica a las víctimas que esperan una pronta resolución del caso… Es realmente sugestivo que se quiera ahora cuestionar un proceso que la Justicia de Córdoba, en pleno, confirmó decenas de veces, ya que los planteos defensivos fueron desechados más de 30 veces por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación; incluso se confirmó la prisión preventiva y la elevación a juicio sin cuestionamiento alguno”, insistió la fiscal.

De película

Mientras en la Fiscalía corrigen los “defectos” detectados a través de la lupa que Dragotto acercó a los camaristas, aparece un sorprendente dictamen del Tribunal de Ética de la Justicia de Córdoba, que con una lupa de la misma marca procedió a analizar el documental de Netflix “El vendedor de ilusiones. El caso Generación Zoe”.

Sí, el cuerpo presidido por Armando S. Andruet (h) encontró razonable la denuncia contra Companys presentada por Dragotto “en representación de sus asistidos, los Sres. Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, en los autos caratulados “Abellonio y otros por supuestos autores de Asociación Ilícita y Estafa”. ¿Qué denuncia ahora el defensor? “El accionar llevado adelante por la Fiscal Juliana Companys, respecto a su participación en la película documental… entendiendo que la Sra. Fiscal no puede continuar actuando en la causa por no ser imparcial, ni objetiva”. En fin… que debe ser apartada…

Las profusas subjetividades de Dragotto acompañadas por las propias de Andruet y los suyos (“permitió que se usaran dependencias judiciales para las filmaciones”, “violó el secreto de sumario”, o el arcaico “dio declaraciones en un lugar impropio como un bar”), fueron respondidas por Companys con abundante material y argumentos basados en legislación vigente, como la explicada a sus acusadores en un párrafo de singular contundencia: “Confundir los atributos del Juez con los del Fiscal demuestran que la presentación es fruto de una ignorancia grave, ya que desconoce los principios básicos en que se asienta el procedimiento acusatorio adversarial. Las notas de imparcialidad y objetividad corrían juntas y de la mano en el proceso inquisitivo. La Reforma Procesal justamente vino a entregar el conflicto a las partes y en el caso concreto, es parte acusadora, No puedo ni debo ser imparcial. Sí tengo deber como Fiscal de ser objetiva”.

Los “éticos” de la Justicia cordobesa igual resolvieron que existen motivos suficientes para elevar la inquietud del representante de Cositorto al Tribunal Superior de Justicia para que juzgue la “actuación” de Companys en el documental de Netflix.

Es decir que todavía no está todo dicho, y menos cuando Cositorto reconocía en su tiempo de bonanza, que juntaba un millón y medio de dólares por día… Es más, hasta un funcionario al que le convendría tener cerca en el momento del juicio a la fiscal que más conoce un expediente de decenas de cuerpos, porque lo instruyó, hizo saber que prefiere que ella no esté en la sala durante las audiencias “por tratarse de una persona cuestionada”. Y habría obtenido la venia del Ministerio Público Fiscal, en manos del pulcro fiscal Juan Manuel Delgado.

Tiempo al tiempo, que se encargará de aclarar la verdad… A propósito, el juicio todavía no tiene fecha (como quiere y consigue la dupla Cositorto-Dragotto) mientras se agota el plazo de las prisiones preventivas y tal vez los acusados acudan a Tribunales en libertad… En caso de que vayan.

Al filo del inicio de la feria judicial de enero, la fiscal Companys insistió con su pedido de elevación a juicio de la causa.