“Lo importante es que esta gente (TSJ) sienta que no pueden hacer lo que quieren. Que hay un periodista, un legislador, que se lo van a señalar, porque lo que están haciendo es de una impunidad increíble”, arranca la entrevista Rodrigo Agrelo en su despacho de la Legislatura provincial. Detrás de su generosa altura -rayana con el metro 90- emerge por el ventanal la Casa de Gobierno, conocida popularmente como ‘El Panal’.

Sabe que el caso contra tres de los supremos del cordobesismo es una quijotada. A pesar del escándalo público que significa para la Justicia provincial el caso Panetta, Agrelo arremetió en soledad con el pedido de juicio político por “mal desempeño” contra los vocales del tribunal Luis Angulo, Domingo Sesín y Marta Cáceres de Bollati por intervenir con un recurso extraordinario, cuando lo tiene vedado por el Código de Procedimiento. Fue en una causa contra la sociedad TVF S.A., integrada por los hermanos Verónica y Francisco Panetta. El productor agropecuario Luis Tomás González reclamaba una deuda de un millón de dólares, la mitad de lo que les había prestado en 2011.

La iniciativa del legislador generó un tembladeral en la Unicameral. Cuando la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Myriam Prunotto, derivó la denuncia a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en vez de la Sala de Acusación -como establece la Constitución Provincial- se votó en la Cámara. Con un sorpresivo resultado de empate en 34 voto. La propia Prunotto tuvo que desempatar (ver recuadro).

Panetta es un apellido de recorrido en el mundillo judicial y político provincial. La Voz del Interior los describió como una familia influyente: “Verónica es actual concejala de la Ciudad de Córdoba; antes fue legisladora por la Unión Cívica Radical y también integró el esquema ejecutivo de Ramón Mestre en la Municipalidad capitalina. Además, es vicepresidenta del Colegio de Abogados”, enumeró el periodista Juan Manuel González.

“Por su parte, Francisco es familiar político de Olga Riutort. Los hermanos son primos de la madre de los hijos de Sebastián López Peña, vocal del TSJ. Los vínculos de la familia quedaron expuestos en el famoso robo en la cena del 23 de diciembre de 2016 en barrio Cofico, de la Capital provincial, mientras se celebraba el cumpleaños de la abogada María Teresa Garade Panetta, la madre de ambos, fallecida en septiembre de 2023”, se detalla en la denuncia que el estafado González presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia. En aquel cumpleaños se encontraba presente el actual vocal López Peña.

- ¿En qué se basó para pedir el Juri de Enjuiciamiento a los tres vocales?

- Básicamente, la violación de la ley. El Código de Procedimiento establece específicamente cuáles son las causas por las que el Tribunal Superior de Justicia puede entender en una casación. Solo está permitido cuando hay sentencia definitiva, resolución equiparable o un agravio irreparable que le impida al demandado revertir un fallo. En este caso no existe ninguna de esas causales. Los Panetta podían proseguir con la llamada acción ordinaria. No hubo gravamen irreparable. En ese marco, el TSJ intervino en esta causa como tribunal de tercera instancia, pero en Córdoba eso no existe. Hay dos instancias, y si habiendo sentencia definitiva ésta adolece, por ejemplo, de lógica jurídica como una mala valoración de la prueba, entonces el TSJ puede entender en una casación. Eso tampoco se cumplió. Se metieron en la causa anticipadamente.

- Una especie de per saltum menemista.

- Claro (sonríe). Entonces se meten en el fondo del asunto cuando no debió suceder. La consecuencia es que el demandante, que reclama el derecho al cobro de la deuda, se queda sin acción por prescripción. Y así se perdió de cobrar una deuda de un millón de dólares.

- ¿Cómo se explica que el TSJ haya actuado de esta forma?

- Es todo muy extraño.

- Hay que descartar que desconozcan la ley.

- Esto es lo que se llama “un error inexcusable”. No es un simple error, porque no podían desconocer que estaban faltando a la ley que los asiste. Evidentemente, personas tan altamente formadas en derecho no pueden ignorar las consecuencias de su actuar. Son tres personas que resuelven hacer algo y que con su error inexcusable terminan dañando a un particular. Además, es muy llamativo que esté en medio la doctora Panetta, la dueña de casa en barrio Cofico donde en el 2014 se hizo una reunión con una gran parte de la cúpula del poder político y judicial de Córdoba, que trascendió por un asalto. Su hija (una de las demandadas) fue legisladora hasta hace poco y ahora es concejal de la ciudad de Córdoba. Son elementos que están sobre la mesa y cada uno sacará su conclusión. Si hay personas de la esfera política involucradas en la causa, estos vocales del TSJ debieron ser más cuidadosos.

- ¿Qué implicancias tiene esta causa?

- Como resultado de todo esto, el TSJ contradice toda su jurisprudencia desde el 2000 a esta parte, donde dictaron 13 fallos sobre instancias iguales a esta. Luego, cuando aparecen dos causas más donde le piden al TSJ que aplique la misma doctrina que benefició a los Panetta, les responden que no, que fue un “caso especial”. Es decir, en los fallos posteriores admiten que la causa Panetta fue una excepción y que está infundada. Si fuera un cambio de criterio del TSJ entonces debieron decir “de acá en más estos casos se tratan de ese modo”. Pero no, solo lo trataron así en esta causa. Ese es el tema.

- ¿Es decir que tomaron esa resolución en particular por relaciones políticas?

- No puedo afirmarlo, pero hay elementos indiciarios en ese sentido. Justamente, debieron extremar los recaudos para que no se interprete de esa forma.

- Todo esto dio pie a una denuncia penal contra el TSJ que se está tramitando en una Fiscalía Anticorrupción.

- Solo conozco la denuncia por su difusión mediática, pero hay que aclarar algo: para incurrir en “mal desempeño” no es necesario haber cometido un delito. La Legislatura no es un tribunal judicial sino político, que evalúa si la conducta de estos señores los habilita a seguir siendo parte del TSJ. Por eso pedimos la suspensión provisoria y la posterior remoción de sus cargos una vez probado el asunto.

- ¿Este caso pone en tela de juicio la seguridad jurídica en la provincia?

- Sin ninguna duda genera inseguridad jurídica. Cuando el TSJ modifica su propia jurisprudencia por un solo caso para después retornar al criterio anterior, eso genera inseguridad jurídica porque el ciudadano no sabe a qué atenerse, si a un modo de fallar o a otro.

¿Pirueta legislativa?

Rodrigo Agrelo sostiene que en la Legislatura el oficialismo evitó con una maniobra que el pedido de juicio político recayera en la Sala Acusadora de la Cámara, que se constituye cada año al comienzo del año legislativo.

“Esto no es un proyecto sino una nota, que constituye un trámite especial referido a juicio político y debe recibirse por un mecanismo establecido por la Constitución de la Provincia. Una vez ingresada la nota debió ser remitida a la Sala Acusadora, que debe crear una comisión investigadora que acusa a los denunciados si encuentra suficiente prueba para ello. Y luego la Sala es la que debe condenar o absolver, destituyendo o confirmando a los jueces en sus cargos”, explica el legislador.

“Pero la Presidencia de la Legislatura -prosigue- envió la nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales como si fuera un proyecto de ley. Nada que ver. De esta forma, la Comisión de Asuntos Constitucionales asume una atribución que no tiene y ahora se tomará su tiempo para resolver qué hacer”.

- ¿A qué atribuye esta conducta del oficialismo?

- No tengo dudas que el peronismo pretende dilatar el avance del juicio político. Lo que hizo fue entorpecer el trámite normal que establece la Constitución. Inventaron una pirueta legislativa para evitar que mi denuncia fuera a la Sala Acusadora. Llaryora busca una mayoría automática en el TSJ para tener cuatro sobre siete vocales. Hoy hay tres de los integrantes del tribunal que fueron altos funcionarios del Gobierno: Cáceres de Bollati, Angulo y López Peña. En una especie de simulacro montado, el gobernador manda el pliego de Jéssica Valentini, presentándola como si fuera una extrapartidaria  cuando en realidad es del núcleo del poder y una persona de extrema confianza de Llaryora, avanzando sobre el Poder Judicial. 

- En un reciente encuentro de jueces de tribunales provinciales en Córdoba, invitados por el TSJ, se reclamó no juzgar a los magistrados por sus fallos.

- Si los fallos son realizados por vía distinta a la que establece la ley son responsables. Precisamente eso es lo que lleva a nuestra acusación: dictaron un fallo que tenían vedado hacer. Es el fallo lo que exhibe el mal cumplimiento de sus funciones en este caso. 

- Todo el caso tiene tufillo a “sagrada familia”.

- Hay gente que usa su presencia social y profesional para intentar favorecer los resultados de su desempeño. No creo que esté generalizado, pero sucede, con excepciones. El TSJ dice que Panetta perdió varios juicios como abogada para justificar que no la favoreció particularmente. Pero en ninguno de esos casos Panetta era motivo de investigación, solo litigaba, por lo que no se aplica ese argumento.

- ¿Cómo seguirá el trámite legislativo ahora?

- Hay que esperar los cuatro meses que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales para expedirse. Allí el peronismo tiene mayoría, por lo que podemos prever lo que sucederá. Pero luego ese despacho se va a discutir en el recinto y veremos cuántos votos juntan. Al margen, voy a insistir cuando se constituya la Sala Acusadora para que tome el trámite en la primera sesión de febrero.