Marzo invita a reflexionar sobre los avances judiciales respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. Tras décadas de impunidad, la Justicia penal alcanzó a los militares responsables del genocidio, visibilizando su plan macabro y creando conciencia sobre lo ocurrido. Pero el régimen se sustentaba en un proyecto económico avalado por muchos sectores. Hace algunos años, la Comisión Nacional de Valores publicó un relevamiento de empresarios víctimas de la dictadura, despojados y forzados a renunciar a sus bienes. Pero poco se habla de los empresarios que apuntalaron el terrorismo de Estado. “Hay un juego de razones, la dimensión económica muchas veces quedó opacada, porque era más evidente la cuestión criminal, religiosa, cultural. Pero también fueron proyectos económicos y en ellos hay ganadores y perdedores, quienes apoyaron o no apoyaron. Es importante entender el terrorismo de Estado como fenómeno complejo donde la serie de apoyos y complicidades no es tan sólo discursiva, sino muchas veces material y conlleva responsabilidades legales”, explica Gabriel Pereira, profesor e investigador de Conicet.  “El Nunca Más –agrega- debería implicar entender que esos apoyos no fueron anecdóticos, no se dieron de vez en cuando, sino que hubo un fenómeno estructural de complicidades que nos lleva a pensar que fue una dictadura cívico-militar. Hay que entender que las empresas no son neutras, los negocios tienen ciertas ideologías, pero no siempre implican algo ilegal. Hay una disputa discursiva: ser ultra capitalista no es ilegal; cometer delitos en pos de esa ideología sí.”

-¿Hay diferencia entre hacer negocios con la dictadura y ser cómplice?

-Hay que entender al terrorismo de Estado, no solo desde la dimensión criminal -son asesinos, autoritarios- sino como proyectos complejos culturales, económicos, religiosos, donde hubo intereses. En las dictaduras latinoamericanas, pero también en el Holocausto Nazi, las violaciones a los derechos humanos no se podrían haber realizado sin los aportes sustantivos de sectores que conocían o querían que se llevaran adelante. Yo puedo vender sillas y hacer negocios con la dictadura cívico-militar, en todo caso es una decisión ética; pero es diferente si lo que hacés implica un apoyo sustantivo: les pasas información, les das dinero, les cedes tus terrenos, hacés inteligencia. Estos son cómplices en la violación de los derechos humanos. Los que hicieron negocios por el fin mismo de los negocios, no estarían alcanzados por el fenómeno del derecho que establece responsabilidades penales. Aunque se puede conjugar ambas acciones desde una misma empresa.

-En este se juzga la causa del Ingenio La Fronterita de Tucumán…

-Exacto, se intenta que se logre por primera vez la condena a altos funcionarios del Ingenio La Fronterita, que era del grupo Minetti. En términos muy similares a la causa Ford en Buenos Aires, se juzgan las contribuciones que hizo la empresa para que se cometieran delitos de lesa humanidad contra 68 personas. Tenemos información de que la empresa cedió el predio para que se montara un centro clandestino de detención, le pasó información de futuras víctimas a las Fuerzas Armadas, le dieron control del territorio. Y después lo que hicieron fue callarse, la desaparición forzada de personas es un delito continuado en el tiempo, y uno de los elementos es el ocultamiento. El no denunciar o dar a conocer hechos es una contribución sustantiva para que siga la desaparición forzada.

 -¿Cuáles son las causas judiciales en Argentina sobre este tema que han podido avanzar?

-Argentina, junto con Colombia, es uno de los países con mayor cantidad de causas judiciales en el mundo. En Argentina son alrededor de veintinueve causas. Y además hubo condenas. Por ejemplo, en la causa La Veloz del Norte, el empresario Marcos Levin fue condenado, se probó que hizo contribuciones sustantivas para que se cometieran delitos de lesa humanidad contra un líder sindical y obreros de su propia empresa. O la causa Ford en Buenos Aires, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad contra los propios empleados, detenidos y torturados en la planta. La empresa Siderca es otro caso con condena, pero la mayoría de estas causas terminan dilatadas en la Justicia y perdidas en recovecos procesales, o se interrumpen porque los acusados fallecen o ya no pueden estar en un juicio.

-La defensa usa la estrategia de la dilación…

-Hay un patrón donde la impunidad biológica llega bastante rápido en estas causas. Es el caso de Carlos Blaquier, del Ingenio Ledesma en Jujuy -donde hay información que demuestra que se manejaba como un feudo-, hay tres causas judiciales. La Noche del Apagón es la más conocida porque desaparecieron varios obreros. Esa causa avanzó mucho. En 2015 se pidió la elevación a juicio, el Tribunal Superior lo dio vuelta y fue a la Corte Suprema, donde el expediente estuvo perdido alrededor de cinco años. Cuando finalmente se autorizó el juicio y se citó a Blaquier, éste se enfermó y después falleció. Y el juicio quedó en la nada: no lo declararon inocente ni culpable. Con muchas causas está sucediendo lo mismo. Es la estrategia de la dilación que viene de la defensa, pero muchas veces también de los actores judiciales, porque prefieren antes que condenar o declarar inocentes, quedarse en el medio y que sea el tiempo el que decida. Muchas veces prefieren no avanzar porque sería meterse con personas con las cuales tienen relaciones, o porque descubren circunstancias que prefieren no develar. Tenemos casos de jueces de instrucción que llevaron a cabo la investigación en causas de lesa humanidad de forma muy valiente, pero a la hora de investigar a actores económicos mostraron un accionar altamente criticable. Es el caso de la Corte Suprema de Argentina, donde la causa Ledesma contra Blaquier durmió durante años sin ninguna razón que los justificara.    

-¿En Córdoba existen causas judiciales contra actores empresariales?

-Desde nuestras investigaciones, no tenemos mapeado denuncias judiciales respecto de actores económicos en esa provincia. En Argentina están concentrados en sectores del noroeste, nordeste, en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires. En Córdoba tenemos el grupo Minetti, que es originario de ahí, que durante la dictadura tenían dos ingenios. Uno de ellos está en  la causa Fronterita, donde hubo 68 víctimas. Con la contribución para que se monte un centro clandestino de detención dentro de la empresa. Esa es la conexión más clara que hay en Córdoba. Después hay rumores y testimonios de otros casos en muchas provincias, inclusive en Córdoba. Pero nosotros tratamos de poner en nuestra investigación casos que tengan una cantidad de evidencias suficiente para que sigan a través de una causa judicial o hayan sido explícita y sistemáticamente nombrados en la CONADEP. 

-O sea, en Córdoba no hubo denuncias judiciales, pero seguramente sucedieron hechos de complicidad empresarial…

-Puede haber algunas denuncias públicas, pero no como causa judicial. Entiendo que la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba tiene algo sobre el caso Fiat, pero no hay causa judicial. 

-Es llamativo que Córdoba no tenga casos que hayan llegado a la Justicia siendo un epicentro empresarial e industrial tan importante…

-Habría que revisar el porqué. Muchos de los casos más renombrados estaban ya en el informe de la CONADEP, pero la cuestión judicial recién se terminó de consolidar con la reapertura de los juicios, entre el 2003 y 2005, como una segunda oleada. Ahí empezó a haber una mayor cantidad de causas. Está el caso de la empresa Fiat en Córdoba, pero no se llegó a una causa judicial. A través de los testimonios hay discusiones o herramientas para pensar que sí hubo complicidad. Existen algunas cuestiones del complejo automotriz que fueron analizadas y publicadas por Victoria Basualdo.

-Son pocos los investigadores que recopilan y analizan la información sobre esta problemática, ¿por qué crees que se da eso junto con la poca visibilización del tema?

-Quienes están en contacto con sobrevivientes o familiares saben que la cuestión económica siempre estuvo presente, pero por alguna razón empezó a ser menos visible. En líneas generales, el movimiento de derechos humanos en Argentina fue muy rico, muy potente e innovador, y las barreras de impunidad que hubo fueron constantemente derribadas. En 2010 el movimiento de derechos humanos colgó una bandera del 24 de marzo que decía “democracia o corporaciones”; hubo escraches de HIJOS contra Carlos Blaquier y Vicente Massot; el CELS ha hecho muchas denuncias judiciales. Desde hace mucho tiempo los 24 de marzo, en la provincia de Tucumán, en el documento que se lee se denuncia las complicidades económicas. El movimiento de derechos humanos lo viene teniendo cada vez más presente al tema.

-¿Las organizaciones internacionales como la ONU ejercen algún tipo de presión para que estos crímenes se resuelvan?

-Eso es bien interesante. Hace como diez años este tema no estaba instalado en la esfera internacional, pero de un tiempo a esta parte tanto Naciones Unidas como la OEA comenzaron a sacar informes estableciendo que era un tema pendiente en las democracias. Y empezaron a promover estándares, a hacer llamados de atención, etc. Hoy se está produciendo una mayor presión de estos organismos para que el Estado implemente mecanismos de acceso a la justicia.

-¿Qué se puede esperar hacia el futuro en términos judiciales sobre estos crímenes?

-Si seguimos por la vía penal las víctimas fallecen, los testigos fallecen y los acusados fallecen. Entonces tenemos que ser creativos y pensar otras vías de acciones legales, donde se vaya contra la empresa como persona jurídica y no contra una persona física que fallece. El castigo en este caso serían indemnizaciones económicas. Siempre son causas muy difíciles. Por otro lado, está el debate público, a medida que avanza el paradigma de derechos humanos se ha creado una línea que se llama derechos humanos y empresas. Éstos no sólo están presentes en términos de lesa humanidad, sino de derechos humanos en general respecto al rol de las corporaciones. Es necesario entender que la capacidad estatal de violación de derechos humanos puede estar aumentada o debilitada por el factor empresarial. Si realmente queremos una democracia donde los derechos humanos se respete es necesario empezar a incorporar en las regulaciones y responsabilidades a los sectores empresariales. Se viene trabajando y hay mucho por hacer, hay líneas de estudio que es necesario visibilizar. Hay que regular a las empresas y pedirles debidas diligencias, que no vengan y contraten en la cadena de suministros a cualquier productor de un bien que pueda estar haciendo trata de personas. O que pueda provocar cuestiones de contaminación. Si bien el tema de lesa humanidad se está acotando por el paso del tiempo, tiene la potencialidad de instalar un debate necesario: las empresas no pueden quedar afuera de las regulaciones que garantizan un sistema democrático.