Un sudor frío recorrió los pasillos del poder en Córdoba el 10 de febrero pasado, cuando el juez federal N°3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, ordenó la detención del dirigente del peronismo provincial Oscar González, en el marco de una causa donde se lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La investigación está a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedián y constituye una derivación del crimen vial ocurrido el 29 de octubre de 2022, donde González embistió de frente y a contramano, en la ruta de las Altas Cumbre a la altura del paraje Niña Paula, a otro vehículo que conducía la docente Alejandra Bengoa y dos menores de edad. El saldo de siniestro fue la muerte instantánea de Bengoa y graves lesiones de las dos adolescentes, una de las cuales era su hija.

Tras la detención, que por la edad de González el juez dictaminó que sea domiciliaria, todos los ojos se dirigieron al Gobierno de Córdoba a la espera de una reacción, dado que, como describió La Voz del Interior ,“menos gobernador y vice, González fue casi todo en los gobiernos de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti. Ocupó diversos cargos con un estilo de ejercicio fuerte del poder. Congruente con eso, en un cuarto de siglo construyó un nivel de influencia significativo”.

Quien dio la cara fue el legislador oficialista Miguel Siciliano, habitual voz cantante para defender los proyectos del gobernador Martín Llaryora en la Legislatura. “Nadie se salva. Nadie tiene coronita. Nadie tiene cobertura política”, dijo en Villa María, y remarcó que la Justicia investiga “a todos por igual” en el gobierno de Llaryora.

El dirigente de Córdoba capital olvidó un detalle: es la Justicia Federal la que ordenó la detención y el Gobierno provincial no tiene ningún tipo de injerencia institucional en ese fuero, más allá de los habituales contactos informales entre los estamentos de poder. Los funcionarios son designados por el Congreso Nacional y la superintendencia está a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Distinto es el caso del Poder Judicial de la provincia. Allí el Gobierno de Córdoba propone y logra designar a sus más altos funcionarios a través de una Legislatura donde supo tener una holgada mayoría. Además, maneja el presupuesto anual. Las denuncias opositoras apuntan particularmente a la influencia oficial sobre el Fuero Anticorrupción, que canaliza las denuncias contra los funcionarios provinciales.

Mondino

En una entrevista con El Sur la denunciante de la causa que terminó con González preso, la legisladora del Frente de Izquierda Unidad (FITU), Luciana Echevarría, detalló la inacción de la Justicia provincial. Remarcó que un año y medio antes de presentarse a la Justicia Federal realizó una denuncia contra González en el Fuero Anticorrupción, sin resultados.  “El caso Oscar González muestra que (los funcionarios denunciados) si tienen coronita, porque tuvimos que ir a la Justicia Federal para que pasara algo. En la Justicia que ellos nombraron no se avanzó en nada con la denuncia presentada”, le respondió a Siciliano. Y sentenció que “ahora la Justicia Federal expuso la impunidad que rige como resultado de la falta de actuación de la Justicia provincial”.

En ese marco, Echeverría explicó que “la denuncia que hicimos en Anticorrupción era mucho más fácil de dilucidar, ya que se trata de investigar la falsificación de documento público basada en la declaración jurada de González y los montos irrisorios que figuraban en la valuación de los bienes del ex funcionario declarados en 2020. La hicimos en diciembre de 2022, a poco de sucederse el crimen vial de Altas Cumbres”.

“Eran 11 propiedades que ni siquiera alcanzaban la valuación fiscal, menos de cuatro millones de pesos. Por ejemplo, propiedades en Nueva Córdoba por 20 mil pesos o un terreno en 5 centavos. Escandaloso. Dijimos que se configuraba el delito contemplado en el art 268, tercer párrafo, del Código Penal que es el ‘ocultamiento o falseamiento malicioso de datos en declaraciones juradas obligatorias’”, señaló.

La denuncia recayó en la fiscalía en lo Penal Económico N°2, a cargo de Franco Mondino. Se trata de un ex asesor de la Legislatura que fue promovido a fiscal tras rendir el concurso correspondiente en 2019. Su designación causó un fuerte cruce en el debate del recinto. Uno de los mayores críticos de la idoneidad de Mondino fue Aurelio García Elorrio: “En su currículum no existe ningún antecedente sobre la formación específica sobre los delitos que se juzgan en el ámbito específico del fuero para el que se lo está designando”, advirtió el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, para después denunciar la existencia de un “acuerdo tácito de conveniencia recíproca entre el Poder Ejecutivo de la Provincia y operadores del Poder Judicial transmigrados previamente desde el Poder Ejecutivo”.

“Básicamente se trata de una convivencia entre los dos poderes del Estado que serviría para garantizar la impunidad del poder político de turno”, remató García Elorrio.

En defensa de Mondino, fustigaron al vecinalista el actual ministro de Justicia, por entonces titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Julián López, y el legislador Martín Fresneda, kirchnerista cercano al oficialismo de entonces que encabezaba Juan Schiaretti.

Morosidad y alevosía

Echevarría relata que su denuncia contra González está aún hoy prácticamente sin movimiento: “sin llamar a declaración indagatoria ni imputarlo, sin realizar diligencias que impliquen avances significativos en el expediente”. La declaración indagatoria es relevante porque genera la interrupción de la prescripción de la acción penal, por lo tanto es importante que se haga en tiempo oportuno.

“Solo supimos a través de declaraciones del abogado de González, Miguel Ortiz Pellegrini, que el terreno valuado en 5 centavos es una subdivisión de un lote mayor y que al fiscal le pareció suficiente esa explicación. También le habría preguntado por una lancha que no declaró”, apunta la legisladora.

Ante los antecedentes de Mondino, Echeverría pidió el apartamiento del funcionario, que el propio fiscal rechazó. También presentó en la legislatura un jury de enjuiciamiento, argumentando el mal desempeño de Mondino, negligencia grave y morosidad en el ejercicio de sus funciones.

Vale mencionar que en otra causa paralela que se sustancia en el Juzgado Multifuero de Villa Cura Brochero, donde las víctimas del choque en Altas Cumbres realizan una demanda civil, el juez José María Estigarribia dijo que la declaración jurada de González era una burla y que encima había detectado otras seis propiedades que no estaban incluidas. En una resolución emitida en agosto de 2023, el magistrado ordenó trabar embargo al ex legislador por dos inmuebles en un total de 22 millones de pesos, uno ubicado en avenida Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba valuado en 11 millones de pesos y otro que el ex legislador tiene en la ciudad de Villa Dolores, también cotizado en 11 millones de pesos. Sin embargo, en la declaración jurada de Oscar González figuran los 11 bienes inmuebles por un valor total de $3.322.250,05. Para el magistrado, “el monto asignado a cada bien resulta evidentemente irrisorio”.

Estigarribia advirtió que “a ello se suma que del informe por Consulta de Titulares de Dominio de Personas Físicas del Registro de la Propiedad (…) surgen a nombre de Oscar Félix González 17 inmuebles”.

Está claro que en el caso hay un cúmulo de elementos que la Fiscalía Anticorrupción pudo hacer tomado para avanzar en la causa. Echevarría ya venía sumando antecedentes contra Mondino por las denuncias acumuladas que han sido ignoradas por el fiscal, como los casos contra Aguas Cordobesas y la ex jefa de policía Liliana Zarate Belletti.

Mondino también tiene radicada en su fiscalía una denuncia contra tres vocales del Superior Tribunal de Justicia -Domingo Sesín, Marta Cáceres de Bollati y Luis Angulo- por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público al haber consentido una estafa millonaria a un productor agropecuario de Santa Fe, donde resultaron beneficiados integrantes de la familia Panetta. A través de una sociedad anónima los Panetta tomaron un préstamo con el productor rural y nunca pagaron la totalidad de la deuda. Tampoco en esa causa Mondino avanzó para dar respuesta al denunciante. Esta revista se comunicó con el fiscal el año pasado, al dar cobertura informativa al caso, sin obtener novedad sobre el expediente.

Propiedades y maniobras

En contraste con el fuero provincial, la investigación contra González en la Justicia Federal avanzó firmemente tras radicarse la denuncia, a pesar que figuras penales como “lavado de activos” y “enriquecimiento ilícito” son de mayor complejidad para probar.

“A diferencia de Mondino, otro fiscal como Hairabedián, con la misma declaración jurada, se puso a trabajar y avanzó hasta pedir la detención. Y después el juez interviniente la ordenó. Estamos hablando de algo serio y claramente expone por contraste a la Justicia provincial y al fuero anticorrupción en particular”, señala Echeverría.

La figura de “enriquecimiento ilícito” tiene sustento en el hecho que González siempre trabajó como funcionario público o legislador nacional o provincial, de forma que sus ingresos no serían suficientes para justificar la adquisición de la cantidad de bienes que la Justicia le acredita.

De hecho, además de los que figuran en la declaración jurada, la denuncia presentó como prueba 17 propiedades más solo en el Departamento San Javier, cuatro departamentos en barrio Nueva Córdoba de la Capital provincial (dos de los cuales figuran a nombre de Emma Beatriz Senesi, quien en vida fuera ex cónyuge de González). Además, la denuncia aportó el nombre de seis personas que serían testaferros del ex legislador, contando con terrenos, hoteles y “una importante propiedad hotelera del imputado, en la que se ofrece el exclusivo servicio para extranjeros de gran poder adquisitivo, conocido como tiro a la paloma”.

A todo esto se suma que González podría haber cometido el desapoderamiento de sus bienes al traspasarlos a sus hijos en enero de 2023, meses después del choque en Altas Cumbres, configurando otra maniobra fraudulenta.

Según explicaron a El Sur funcionarios judiciales, de probarse el lavado de activos, a González le correspondería una pena de 4 a 20 años de condena. “Hay que comprobar el origen ilícito del dinero. Para ello la figura del enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba: es el funcionario quien debe probar que se enriqueció lícitamente: La Corte ya se expresó a favor de ese criterio en el caso de los funcionarios públicos, porque tienen otro estándar”, afirmaron.

La resolución del juez Vaca Narvaja fue apelada ante la Cámara Federal, reclamando que la causa pase a la competencia provincial, al argumentar que el delito de enriquecimiento ilícito corresponde juzgarlo en el Fuero Anticorrupción.

El abogado Lucas Cocha, que representa a Echeverría en la denuncia, explicó que “a nuestro modo de ver el enriquecimiento ilícito, junto al lavado de activos y la evasión agravada, deben investigarse conjuntamente. Además, el requerimiento del fiscal investiga el patrimonio de González cuando era funcionario del Estado nacional o diputado nacional, lo que lo ubica en el ámbito federal. Hay una práctica delictiva compleja que no debería investigarse de manera separada porque de lo contrario va a perjudicar el descubrimiento de la verdad. Quien más avanzó con la investigación debería tener a su cargo la totalidad de los hechos, en este caso la Justicia Federal”.

El Sur solicitó al abogado Ortiz Pellegrini su parecer sobre el conjunto de denuncias que pesan sobre González, así como el devenir de la causa, sin lograr una respuesta positiva. La Cámara Federal tiene un plazo de seis meses para expedirse sobre la apelación de González. De darle la razón, la causa recaería en alguno de los tres fiscales Anticorrupción de la Provincia.