Algo huele mal en el Poder Judicial de Córdoba. Y el tufillo a podrido impregna también a la corporación mediática, especialmente al buque insignia del conservadurismo cordobés (desde hace años en manos del grupo Clarín). Aunque parece digno de un relato de Kafka, el director de La Voz del Interior y ex presidente de ADEPA, Carlos Journet, participó de la ceremonia en donde la entidad le entregó recientemente una plaqueta el ex ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda... ¡por su aporte a la libertad de expresión en el país!

Para el lector desprevenido -Journet no lo es-, Maqueda fue quien clausuró el largo proceso judicial iniciado contra el director de esta revista por Marcelo Macarrón y sus hijos. Es decir, se trata del juez que con su voto convirtió al director de esta revista en el único condenado del caso Dalmasso.

La corporación judicial de Río Cuarto primero -en primera y segunda instancia- y el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenaron a El Sur a indemnizar a la familia Macarrrón. Pero en los sucesivos fallos el monto inicial se fue reduciendo y el TSJ excluyó del beneficio en duros términos al viudo, por entonces imputado como autor material del crimen de su esposa.

Cuando el voluminoso expediente impulsado por los Macarrón llegó a la Corte Suprema, el procurador general Víctor Abramovich -uno de los más reputados especialistas en derecho a la información- dictaminó que debía dejarse sin efecto la condena del TSJ y absolver a El Sur, que no había hecho otra cosa que cubrir con rigor y profesionalismo los vaivenes de una causa que tuvo a los Macarrón siempre en la mira.

En flagrante violación de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, los cortesanos que entraron por la ventana durante el gobierno de Macri -Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti- y el cordobés Maqueda clausuraron el proceso aplicando el polémico artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), que permite rechazar in límine los expedientes que llegan en queja al máximo tribunal.

Con su voto, Maqueda no sólo desconoció el riguroso dictamen de Abramovich, sino que rehuyó elaborar un pronunciamiento de fondo sobre la cobertura periodística de la causa más mediática de la historia argentina. ¿Premio a su trayectoria a favor de la libertad de expresión? ¿En serio ADEPA? Parece una broma de humor negro.  Ni Journet -presente en la ceremonia como ex presidente de la entidad- ni Maqueda desconocen la trayectoria profesional del autor de estas líneas -distinguido con el Premio ADEPA Derechos Humanos en 1997- ni la dimensión del daño ocasionado a la libertad de expresión por la arbitraria aplicación del artículo 280 del CPCCN.

La lamentable actuación de Maqueda obligó al director de esta revista a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expandiendo los alcances del litigio con la familia Macarrón a una denuncia contra el Estado argentino por impedimento del justo proceso, acoso judicial y flagrante violación de la libertad de expresión.

La actuación del premiado Maqueda fue cuestionada en duros términos en su momento por FOPEA, que en un extenso comunicado consideró la sentencia firmada por el cordobés como “una injusticia basada en la discriminación y el intento por acallar a un medio local”.

Operativo lavado de cara

Desde el mismo momento en que concluyó el juicio oral y público contra Marcelo Macarrón como único acusado del crimen de Nora Dalmasso, un complejo y aceitado operativo mediático judicial apuntó a revertir la sospecha pública sobre la familia de la víctima y redireccionarla hacia el periodismo y los trabajadores.

La extraña ingeniería mediático judicial ya se aplicó en otra causa espejo: el crimen de María Marta García Belsunce. Tras casi dos décadas de burocracia judicial, el viudo condenado por encubrimiento y homicidio devino en víctima y logró que, en un proceso totalmente irregular, una Cámara Penal revirtiera la absolución del perejil Nicolás Pachelo. El ardid procesal revirtió la decisión de dos de los tres jueces que integraron el tribunal y absolvieron al acusado porque no encontraron un solo elemento concreto que lo vinculara al crimen de la socióloga.

El caso Dalmasso quedó impune y la causa prescribió. En todos estos años, la familia Macarrón concentró sus energías -y su ejército de abogados- en defenderse y perseguir  periodista. Recién a 18 años del crimen, con la causa prescripta, denunciaron a los fiscales por la pésima instrucción de la investigación.

Los “hallazgos” de Jávega

Como si se hubiera sacado la lotería, entre las decenas de ADN pedidos por el fiscal Pablo Jávega –encargado de determinar la “verdad histórica” del caso Dalmasso- encontró una feliz coincidencia: la única huella genética del cinto de la bata con que estrangularon a la víctima que no pertenece al viudo coincide con el perfil genético del ex parquetista Roberto Bárzola, que trabajó en la casa de los Macarrón la misma semana del crimen de Nora. También determinó que el vello púbico hallado en el cuerpo de la víctima -que nunca fue investigado- también le  pertenecería a Bárzola.  Y aquí empiezan los interrogantes, porque nunca se vinculó el vello púbico con la huella del cinto de la bata, pese a que siempre estuvieron en la causa. ¿Ese vello púbico se conservó impoluto casi dos décadas? ¿Por qué recién ahora se lo compara con el ADN del cinto homicida?

En cualquier causa penal ambos hallazgos presupondrían la presencia de Bárzola en la escena del crimen. Pero en esta algo no cierra. Si Bárzola violó a Nora, ¿por qué el líquido que los peritos extrajeron del saco y la vulva de la vagina es de Marcelo Macarrón? ¿Por qué en las sábanas donde hallaron el cuerpo de Nora -que la empleada doméstica cambió después de que el viudo viajó a Punta del Este- había ADN de Macarrón y no de Bárzola?

La Voz del Interior, el diario que acompañó al viudo desde un primer momento pero que desde la cobertura del juicio de 2022 devino prácticamente en su vocero, presenta a Bárzola como el virtual asesino de Nora. Y recuerda con llamativa insistencia que el tribunal que absolvió a Macarrón la declaró víctima de violencia de género, pero omite recordar que el fiscal de Cámara Julio Rivero desistió de la acusación porque consideró probado que Nora tuvo sexo consentido antes de ser estrangulada. ¿Entonces Bárzola y Nora eran amantes? Si se probó que hubo sexo consentido -y eso excluyó al supuesto sicario contratado por Macarrón-, ¿por qué se acusa a Bárzola de violación?

Es tan burdo el intento del Poder Judicial de lavarle la cara a esta causa que en el decreto de imputación contra Bárzola se lo acusa de haber actuado "motivado por un estereotipo de supremacía de género, en el que se deniega al colectivo femenino derechos humanos que le son inherentes a tal condición en razón de su género, entre ellas la de elegir con quién vincularse" (sic).  ¿Este fue el móvil? ¿La "ideología de género" de Bárzola? ¿La asesinó por machirulo?

La acusación no fija el móvil del crimen -salvo el ya mencionado- ni explica por dónde ingresó el asesino. Dice que Bárzola encontró a Nora dormida y "habría abusado sexualmente de ella accediéndola presumiblemente por vía vaginal y anal, mientras la tomaba del cuello ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así cualquier posibilidad de defensa". Después de semejante faena sexual, ¿la única huella genética que dejó el violador es un vello púbico?  Porque como lo estableció en su momento el FBI, el donante del 99 % del material genético -huellas, líquido seminal, etc.- recolectado de la escena del crimen y el cuerpo de la víctima es Marcelo Macarrón, que llevaba tres días ausente del hogar conyugal. Raro, ¿no?

Condena moral

Cuando el tribunal que absolvió a Macarrón le giró el expediente a Jávega, fue para que estableciera la "verdad histórica" de lo sucedido, porque el tribunal entendió -y Jávega lo sabe- que se extinguieron los plazos procesales de persecución penal. La causa está prescripta. Irremediablemente prescripta, además, porque el nuevo sospechoso no registra ni una multa de tránsito 18 años después de cometer el crimen perfecto. Bárzola, que cambió el arreglo de pisos por el camión, no dejó sus huellas dactilares en ninguna comisaría del país. Raro, ¿no?

En la previa de Navidad del año pasado, Jávega llamó a conferencia de prensa -anunciada en exclusiva por La Voz del Interior- para contarle al país que Bárzola era el nuevo sospechoso. Sin explicar que la causa está prescripta, lo expuso a los ojos del país como el virtual asesino de Nora. No conteste con esa condena mediática, destrozó el Código Penal al oponerse a la prescripción por considerar que debe descontarse el tiempo que los Macarrón no fueron querellantes. En su estrafalaria explicación jurídica sumó el breve interregno en el que la familia de Nora desistió de la querella ante la inutilidad de su abogado Diego Estévez.

Después de echar a Estévez "Nené" Grassi, la madre de Nora,  fue asistida por un defensor oficial. Pero por decisión de la familia -su hijo Juan Dalmasso y sus nietos  Facundo y Valentina Macarrón- fue excluida de la querella, dejando en soledad al fiscal Rivero, que resultó el mejor defensor del imputado: al pedir su absolución impidió que votara el jurado popular.

El show debe –y promete- continuar.