En Córdoba seguimos identificando una tendencia que no disminuye de una profunda desigualdad en el mercado laboral entre varones y mujeres, que se evidencia en todos los indicadores. En los de empleo y desempleo y también de la tasa de actividad, que nos permite ver cuántos varones y cuántas mujeres pueden salir al mercado laboral. También se nota en la subocupación horaria, que es muchísimo más alta entre las mujeres por las obligaciones y responsabilidades fuera del trabajo que no son remuneradas y que las tienen por una definición social.

Además de las desigualdades que se observan, está el tema de los niveles de informalidad, que hoy rondan el 35% en Córdoba. Es mucho más alta que en el resto del país.

Son brechas históricas, brechas que en algunos momentos, al existir una mayor capacidad adquisitiva en las familias, se achican porque las mujeres pueden elegir mejores trabajos, que son mejor remunerados y les permiten conciliar mejor su trabajo remunerado con otras responsabilidades familiares. Pero en condiciones como las actuales -en donde el trabajo se vuelve más precario- esas brechas aumentan. El concepto de “techo de cristal” alude a algunas de las expresiones de desigualdad, pero hoy me parece la menos relevante. Hoy lo que tenemos no es tanto un problema de acceso a puestos jerárquicos, hoy tenemos más presente el concepto del “piso pegajoso”, que son tasas altas de informalidad, tasas altas de desocupación femenina y tasas altas de subocupación. Y sobre todo salarios extremadamente bajos, que son de toda la clase trabajadora en general, pero se profundizan en el caso de las mujeres.

El rol del Estado es clave para la reducción de estas brechas de desigualdad, con mecanismos de protección del trabajo precarizado. El ejemplo paradigmático es la protección del trabajo remunerado en casas particulares. Que tuvo en 2013 una ley específica y luego con programas de incentivo en la registración -como fue el programa “Registradas”- para garantizar el empleo en este sector. Estamos hablando de un sector que tiene una informalidad del 80%. Este Gobierno desmanteló las políticas públicas en este tema.

Otro punto clave es la eliminación de las moratorias jubilatorias, hoy por hoy nueve de cada diez mujeres no están en condiciones de jubilarse a pesar de tener los años para hacerlo, porque las brechas de género estructurales del mercado de trabajo hacen imposible que el 90% de las mujeres tengan los aportes patronales necesarios para una jubilación mínima.

La moratoria era la oportunidad que tenían de acceder a una jubilación para no quedar en la calle, eso se discontinuó y en ese punto se ve lo trágico de un Estado que deserta de sus responsabilidades.