María Martha Terragno es abogada especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, además de vicepresidenta del Círculo de Abogados y Abogadas Laboralista y asesora legal de la CTA cordobesa. Al momento de pensar el problema de la precarización laboral en el sector privado, no duda en señalar que la desregulación de la economía y la retirada del Estado perjudican a los trabajadores.   “La ausencia de registración laboral involucra los aportes patronales, de ART y de obra social, lo cual determina una grave precarización de la vida, es claramente un incumplimiento a la ley. Lo que sucede en nuestro país, donde la tasa de informalidad creció exponencialmente, es que esa infracción a la ley no se ve como tal. Así como vemos claramente infracciones a otras leyes como el tránsito o cuestiones legales de cargas ciudadanas, el incumplimiento a la registración laboral no se ve como una infracción. Y eso ocurre porque en muchos casos no hay consecuencias”.

En ese sentido, la abogada puntualiza en el rol del Estado. “Hay una grave falta del Estado en su rol de fiscalización laboral, que determinaría sin dudas el cumplimiento de estas leyes. La inspección laboral es constitutiva del derecho al trabajo para garantizar que se cumpla la ley y eso está prácticamente abandonado. La causa de la falta de blanqueo tiene que ver con la falta de controles. Muchas veces se alega que la registración es cara, pero lo que no se pone en foco es lo que ganan los empleadores por no registrar”.

Terragno no es optimista: “El tema no tiene un horizonte favorable, por el contrario: la Ley Bases, aprobada en junio del 2024, directamente eliminó las multas”. “Antes al detectar la infracción –insiste- los trabajadores contaban con la posibilidad de aplicar una multa, pero hoy por hoy tener un trabajador no registrado no tiene consecuencias por la falta de controles y porque una vez detectado, los empleadores no tienen nada que pagar. La Ley Bases en su capítulo laboral avizora que el horizonte de informalidad va a crecer exponencialmente”.

La letrada advierte el impacto que la flexibilización laboral tendrá sobre el nivel de empleo: “La alta tasa de despidos tiene que ver con un achique del mercado y la apertura de importaciones, pero también porque los trabajadores hoy son más “baratos“, porque hoy despedir a alguien con derechos laborales y reemplazarlo por alguien sin derechos laborales no tiene consecuencias”.

Terragno sostiene que en Córdoba no se está ejerciendo el poder de policía del Estado, que lo delega en los gremios: “Córdoba se caracterizó siempre por tener una fuerte mirada en el trabajo productivo y en el trabajo industrial, que son trabajos llevados a cabo en el ámbito de empresas transnacionales y en general con trabajos calificados. Son trabajos masculinizados y en general con una alta registración. Esa realidad va cambiando con el cierre de fábricas y de empresas, aumentó el desempleo y se modificó el mapa laboral”.

Ante el repliegue del Estado, el único dique de contención son los sindicatos: “En Córdoba también hace falta una fuerte presencia de la Secretaría de Trabajo para determinar cuántos trabajadores están cumpliendo tareas. Esta tarea hoy la están cumpliendo algunos sindicatos, pero se necesita el poder de policía para determinar la sanción”, concluye.