Las delicadas cuentas municipales de las principales ciudades de la provincia ven en riesgo el equilibrio presupuestario si la justicia federal avala la impugnación que hizo el Banco Nación de la tasa de Comerio e Industria que paga en las localidades donde tiene sucursales en Córdoba, así como en otras provincias del país.

En la Cámara Federal de Córdoba, donde se debate el tema en una eterna audiencia de conciliación de la que participan la entidad bancaria y 20 municipios afectados- saben que es un problema de alto impacto. “Tiene aristas económicas muy importantes”, admite un magistrado que está al tanto de la causa.

El Banco Nación reclamó la inconstitucionalidad del cobro de la tasa porque, sostiene, no recibe una contraprestación por el pago. El presidente de la entidad, Daniel Tillard, dice que inició la discusión “porque el nivel de las tasas atenta contra el crédito”. Le respondió un coro de intendentes –tanto radicales como peronistas-, que rechazó la pretensión del ex funcionario schiarettista y apuntó contra el Gobierno nacional: Milei los desfinancia y torpedea la capacidad recaudatoria mientras tienen que absorber los servicios, prestaciones y gastos que la Nación dejó de prestar por imperio de la motosierra.

“En Río Tercero la alícuota es del 5.5% en concepto de tasa de Comercio e Industria, que el Banco paga hace 12 años sin ningún tipo de problema, como el resto del sector financiero. De golpe cambia el color político del Gobierno, el clima de época, y los municipios pasamos a tener la culpa de todo”, se queja el secretario de Economía de esa municipalidad, Raúl Bertolat.

“Estamos haciendo un evaluación política del planteo del Banco porque el IERAF, que tanto le gusta citar al Gobierno, dice que la carga tributaria está distribuida en un 86% para la Nación, 13% para la Provincia y solo el uno por ciento el municipio. Por lo tanto no tiene sustento que se afirme que culpa del municipio los créditos son caros. Las manifestaciones en los medios dan cuenta que nos tienen como el enemigo a derrotar”, denuncia el funcionario radical.

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, suma otros argumentos: “Yo entiendo que no se debe buscar la proporcionalidad de una entidad financiera, entendiendo la justicia distributiva. Porque si enfocas la contraprestación de un municipio a la tasa no la vas a encontrar. Esa tasa estuvo en los distintos municipios durante mucho tiempo, sin discusión alguna, y a los bancos no les iba mal, ni plantearon que les iba mal. Esta avanzada puede responder o a la falta de eficiencia del banco o a causas políticas. Siempre se corta por lo más delgado, el municipalismo”, denuncia.

Tillard

Daniel Tillard utiliza la amplia cobertura del diario La Voz del Interior -donde su hermano Juan es gerente general- para explicitar inesperado su conflicto con los municipios cordobeses. El diario regenteado por el grupo Clarín integra lo más granado de la derecha autóctona  junto a la Bolsa de Comercio y la Fundación Mediterránea. Curiosamente, el presidente de esta última, Osvaldo Giordano el efímero, fue quien facilitó el paper con los fundamentos técnicos esgrimidos por Tillard en su cruzada contra los municipios.

Es paradójico: como presidente del Banco de Córdoba, Tillard trabajó durante años con muchos de los intendentes que hoy confronta. La llegada de Milei a la Presidencia le abrió las puertas del principal banco del país junto a otros funcionarios cordobeses que reportaban a Schiaretti: el ya citado Giordano (Anses) y Franco Mogetta (Trasporte), devenido armador libertario de cara a las próximas elecciones.

Desde que asumió, Tillard anunció su intención de privatizar el Banco Nación, pero su iniciativa no pasó el filtro del Congreso Nacional cuando se aprobó la Ley Bases.  Igual forzó su transformación jurídica en una Sociedad Anónima, aunque por ahora siga en manos del Estado.  

En febrero de este año Tillard ordenó, sin consultar al directorio, que la entidad comprara una obligación negociable por 400 millones de pesos que colocó, entre otras, la empresa de su hijo Ignacio, Max Capital, quien se habría beneficiado con el pago de comisiones indebidas. Max Capital ya había sido denunciada durante el gobierno de Alberto Fernández, en abril de 2023, por organizar una corrida fraudulenta del dólar. En aquella oportunidad, la empresa de Tillard junior tuvo que pedir públicamente a pedir disculpas y atribuyó el llamado a comprar dólares al error de un empleado.

El historial de Tillard padre incluye haber formado parte del equipo económico de Domingo Cavallo en 2001 y su paso por el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli, entre 2007 y 2015. Desde ese año presidió el Banco de Córdoba bajo los gobiernos de Schiaretti y José Manuel De la Sota.  

Respuesta municipal

Río Cuarto fue de las primeras Municipalidades demandas por Tillard. En noviembre de 2024 el Banco se presentó al juzgado federal de esa ciudad para pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la tasa que paga sin chistar desde hace 12 años. El juez Carlos Ochoa derivó la causa a la Cámara Federal de Córdoba, que preside Abel Sánchez Torres, para que ejerza una especie de mediación que evite el pronunciamiento de fondo. Pero hasta ahora los intentos de acercar posiciones fueron un estruendoso fracaso. A tal punto que el 31 de abril los abogados del Banco Nación y de la Municipalidad de Río Cuarto pidieron simultáneamente al tribunal que aplazara sin fecha la instancia de conciliación.

La nueva convocatoria estaba programada para el 20 de mayo, pero no hubo novedades. “Están en riesgo los servicios porque el impacto de la tasa es enorme, ya que no solo beneficiaría al demandante sino que los efectos de esa causa se extenderían a todo el sector financiero, incluido a los bancos privados que no demandaron, en tanto no se puede fijar una tasa a la medida de un solo banco”, explica a El Sur el fiscal municipal Ricardo Muñoz (h), que estima en un 14% el golpe a la recaudación que implicaría el reclamo judicial de Tillard.

Según explicó, la negociación se empantanó cuando el Banco Nación ofreció pagar un monto fijo de 15 millones de pesos por todo el año, cuando en 2024 pagó 170 millones mensuales. “Una enormidad”, advierte Muñoz, que no oculta el trasfondo político que todos intuyen en el Palacio de Mójica: “En un escenario de privatización del Banco Nación, este litigio parece una excusa para un ajuste interno para posteriormente ser vendido”.

Desde el Foro de Intendentes Radicales, que agrupa 160 jefes municipales,  la reacción fue igual de contundente. Roberto Casari, intendente Vicuña Mackenna y presidente de Ente, responde a El Sur sin eufemismos: “El sector financiero gana mucha plata, saquémonos la careta”. Y pone el reclamo de Tillard en contexto: “Tuvimos una baja de la coparticipación del 30%, porque impacta la menos coparticipación nacional por IVA e Impuesto a las Ganancias. Si bien tenemos que estar a la altura de las circunstancias en materia de austeridad, también hay que garantizar necesidades básicas. La crisis productiva también impacta en la recaudación por tasas en los municipios y hay muchos que van a tener problemas para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos”.

La inesperada ofensiva del Banco Nación terminó juntando a intendentes de distingo color político en torno a la defensa de las tasas municipales: “Largaron esta medida sin evaluar las consecuencias y ahora van viendo. Esto es político y por eso estamos coordinando Provincia y municipios para unificar una posición. Estamos hablado con el ministro de Gobierno Manuel Calvo”, concluye Casari, dispuesto a unir filas con sus adversarios políticos para eludir la motosierra financiera impulsada por Tillard, devenido en el banquero libertario de Milei.