El 7 de noviembre de 2023, atento a la situación beligerante existente en el Medio Oriente entre Israel y Palestina, la Cámara de Diputados de la Nación emitió la Declaración Nº 711, aprobada unánimemente por todos los presidentes de los bloques políticos. En ella se expresó firmemente el “rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel”, pero se hizo una acotación fundamental: la defensa debía ejercerse “en el marco del derecho internacional humanitario", o sea respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Dicha declaración fue firmada por Javier Milei como jefe del bloque de su partido, en ese momento todavía diputado (se reproduce copia de esa Declaración, la firma de Milei es la primera de arriba a la derecha).

Posteriormente a la declaración Nº 711, como lo refiere “Amnistía Internacional” “en octubre de 2024 la brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 42.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000, en muchos casos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras formadas por varias generaciones.

Israel ha causado una destrucción sin precedentes que se produjo, según especialistas en la materia, a una escala y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables. Amnistía Internacional documentó los actos de genocidio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza y las lesiones graves a su integridad física o mental”.

Asimismo, el gobierno israelí busca confundir cualquier crítica a su accionar genocida, sosteniendo que esas afirmaciones son actos de antisemitismo, cuando lo que sucede en Gaza es un ataque anti semita de dicho gobierno en contra de los palestinos, que son también de origen semita, como el pueblo judío.

El ejército israelí realizó además actos de terrorismo. Así lo refiere  Xavier Abu Eid cuando cuenta que el Papa Francisco llegó a decir que “cuando un francotirador israelí mató a una madre y una hija, ambas cristianas, dentro del recinto de la iglesia, calificó el acto de `terrorismo´, término que empleó en más de una ocasión para referirse a los ataques contra la población civil” (artículo publicado el 21/05/2025 por el Real Instituto El Cano).

Importantes organizaciones israelíes de derechos humanos como B'Tselem (“Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados”) sostuvo que “Israel está tomando medidas coordinadas y deliberadas para destruir la sociedad palestina en la Franja de Gaza. En otras palabras: Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza”. En igual sentido se han manifestado Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI), los rectores de cinco universidades israelíes y muchos otros sectores del pueblo israelita.

Orden de arresto a Netanyahu

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal creado por el Estatuto de Roma, emitió formalmente una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Fundó su decisión el tribunal imputándolo penalmente como responsable de haber cometido “crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

El Estatuto de Roma es un pacto internacional aprobado por la Argentina mediante Ley 25.390, que tiene carácter supralegal en el país (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.).     Sin embargo, el presidente Milei difundió un comunicado en el que sostuvo que “la República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu”. Sin un análisis fundado sobre el tema, ha manifestado que apoya, incondicionalmente la política del gobierno de Israel en Gaza y agregó que “Israel no está cometiendo ningún exceso en la guerra”.

El gobierno de Milei llega al absurdo, en su postura ilegal y de censura inaceptable en la problemática genocida, que el Secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli no participó de la inauguración de la 33.ª Feria del Libro Infantil y juvenil en julio de 2025 por considerar que la escritora cordobesa María Teresa Andruetto, en su discurso, traducía un posicionamientos ideológico. Ello porque ella pidió un minuto de silencio por “los 25.000 niños gazatíes muertos bajo las bombas, los misiles, el hambre o la sed”.

El pueblo israelí también es víctima del accionar de Netanyahu. Reparemos que una de las razones por la cual se buscó invadir a Gaza era fundamentalmente rescatar a los rehenes y evitar nuevos atentados terroristas de Hamas, pero ahora cada vez más se vuelve más difícil ese objetivo, cuando ha quedado claro que el gobierno en realidad aprovecha la ocasión y decide quedarse con la franja de Gaza, pero sin palestinos, exterminándolos en su tierra para levantar hoteles importantes en sus playas y apropiarse de las reservas de gas que hay en el mar Mediterráneo palestino, entre otros objetivos inadmisibles.

Hay que defender la dignidad de los pueblos palestinos e israelíes que merecen la Paz en dos Estados convivientes.

Visita de Netanyahu a Argentina

El gobierno nacional ha anunciado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitaría la Argentina en los primeros días de septiembre, entre el 7 y el de 10 de septiembre de 2025.

El presidente tiene la obligación ordenar la detención de Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI. Además, con esa actitud estaría avalando políticas estatales violatorias del derecho internacional. Todo lo cual implicaría sanciones al país por no acatar pactos internacionales.

Argentina tiene la obligación de cooperar con la CPI en la detención y entrega de personas acusadas de crímenes competencia de la Corte si ingresa a nuestro territorio, aun tratándose de un jefe de Estado o alto funcionario en ejercicio. No podrá invocarse inmunidad diplomática, ni arreglo bilateral alguno para impedir el arresto. Todo ello conforme a lo dispuesto por la Ley 25.390, que aprobó el Estatuto de Roma (arts. 86, 87 y 89) y la Ley 26.200 de implementación de dicho tratado, que establece la obligación de cooperar con el tribunal internacional.

De no actuarse en consecuencia también Milei incurriría en una grave responsabilidad internacional, una causal más para un juicio político de destitución.

Cabe agregar que si el presidente se opone a la detención inmediata de Netanyahu, la Justicia Federal, en ejercicio del control del cumplimiento de pactos internacionales, deberá proceder a arrestar al gobernante israelí y ponerlo a disposición de la CPI (ver doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Giroldi”, Fallos: 318:514).

            ¿Hasta cuándo, ante el genocidio palestino, se puede seguir permitiendo inacciones o acciones inaceptables, acompañadas de silencios que aturden?