En una conferencia que dio hace algunos años en la Universidad Nacional de Río Cuarto, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de numerosas causas por delitos de lesa humanidad, comentó que era prácticamente imposible reconstruir los traslados de prisioneros durante el terrorismo de Estado para su fusilamiento a sangre fría, en lo que se conoce como la aplicación de la “ley de fuga”.  ¿La razón? Los militares que participaban de esos operativos clandestinos se escudan en un pacto de silencio que nunca se pudo quebrar; y no dejaron sobrevivientes que puedan dar testimonio de lo sucedido. Salvo en un caso, que Rafecas desconocía: el fusilamiento de tres presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba (UP1), perpetrado por militares que actuaron bajo las órdenes del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el 12 de agosto de 1976.

En ese operativo, del que mañana se cumplirán 49 años, las Fuerzas Armadas dejaron marcadas sus huellas en forma casi grotesca. Ya sea por torpeza o por la sensación de impunidad que los embargaba en aquellos días de terror generalizado, el cobarde “traslado” de los prisioneros –que no serían los primeros ni los últimos- dejaría dos cabos sueltos: el testimonio de un sobreviviente y un recibo oficial firmado por el entonces teniente Osvaldo César Quiroga.  El primer cabo suelto fue obra del terror: los militares tiraron una moneda para elegir a cuál de los hermanos De Breuil fusilarían ese día; el otro debía regresar a la UP1 para contarle a sus compañeros de cautiverio lo que les esperaba. El segundo cabo suelto fue a pedido del director de la cárcel, que para preservarse a futuro –cada vez que el Ejército retiraba presos devolvía cadáveres- decidió que firmaran un recibo acreditando que los prisioneros eran entregados vivos para su “traslado”.

A pesar de la contundencia de la prueba –único caso en el país-, el tribunal presidido por el flamante Ciudadano Ilustre de Córdoba Jaime Díaz Gavier -distinción otorgada por el Concejo Deliberante pese a la oposición de familiares de las víctimas, que cuestionaron su apoyo al recientemente condenado ex juez Carlos Otero Álvarez- e integrado por los vocales Julio Lascano y José María Pérez Villalobos absolvieron a Quiroga. La increíble absolución contrastó con la fuerte condena que recibieron el ex dictador Jorge Rafael Videla y el chacal del Tercer Cuerpo Menéndez, quienes fueron condenados a cadena perpetua junto a una veintena de represores que participaron de la aplicación de la “ley de fuga” a 29 presos políticos durante los primeros meses del terrorismo de Estado en Córdoba.

¿Cómo fundamentaron la absolución de Quiroga? “Nadie es tan tonto de firmar un recibo con el nombre de los prisioneros si sabe que van a ser asesinados” fue, palabras más, palabras menos, el razonamiento (i)lógico de los magistrados, que logró ser revertido en instancias superiores por el fiscal Carlos Gonella y las abogadas de las víctimas, María Elba Martínez -ya fallecida-, Patricia Chalup y Adriana Gentile.

El nuevo juicio

Quiroga deberá responder nuevamente por la acusación de haber dirigido el grupo que retiró de prisión y luego fusiló a los presos políticos Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. Se defenderá ante un nuevo tribunal integrado por Facundo Zapiola (presidente), Cristina Edith Giordano y Mario Martínez, quienes deberán pronunciarse sobre la inocencia y/o culpabilidad de Quiroga. La acusación será sostenida por el fiscal Facundo Trotta.

En el caso de Salgado –también mal absuelto en 2010- deberá responder por su participación en el secuestro y tortura de Luis Alberto Urquiza, José María Arguello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras.

Salgado y Quiroga llegan a este nuevo juicio por resoluciones judiciales que ya tienen varios años.  En el primer caso, la Cámara de Casación Penal ordenó volver a juzgarlo el 22 de junio de 2012, es decir, hace 13 años; en el caso de Quiroga, hubo que llegar a la Corte, que el 12 de abril de 2018 ordenó “dejar sin efecto la sentencia” absolutoria y dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a Derecho, orden que la Cámara Federal de Casación Penal recién plasmó el 30 de diciembre de 2019, hace seis años.

Así las cosas, 15 años después de la absolución y a 49 de los fusilamientos, secuestros y torturas denunciados, el nuevo juicio oral y público contra Quiroga y Salgado comenzará este miércoles 13 a las 9,30 en la sala del segundo piso de la Torre Federal  -en la esquina de calles Paunero y Concepción Arenal- y seguirá  el 21 de agosto, el 2 y el 10 de septiembre en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°3, ubicado en Faustino Allende N° 864 de barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.