Parecen noticias de ayer, como alertaba el Indio Solari desde los escenarios de los Redondos, pero no hay señales de que mañana sea distinto. La Unión Industrial de Córdoba advirtió que el 60% de las empresas perdió rentabilidad en lo que va del año. Y el presidente de la Cámara Metalúrgica, Gustavo Del Boca, fue lapidario: “Milei no cree mucho en la industria”.

No, cree en otras cosas.

En julio la histórica Petroquímica de Río Tercero, del Grupo Piero, anunció 125 despidos, que se suman a los cesanteados en octubre de 2024. Son 2/3 partes del plantel. Su futuro luce tan oscuro que presentó un concurso preventivo de crisis mientras la Secretaría de Trabajo de la Provincia ordenaba una conciliación obligatoria ante la toma de la planta fabril por el sindicato de petroquímicos.

Funcionarios provinciales salieron a reclamar políticas productivas que contengan lo que el sindicato califica de “masacre laboral y económica”. Pero todo cae en saco roto frente al gobierno libertario. Milei había anticipado que “la mejor política industrial es no tener política industrial”. “Fue lo que votamos”, podría insistir alguno de los entusiastas twitteros que inundan las redes para apuntalar el relato oficialista. Lo cierto es que en 18 meses de gobierno libertario, la industria provincial sufre las consecuencias de esa elección.

El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, lamentó la situación de la empresa: “La producción del TDI (materia prima para la gomaespuma de los colchones, única en el país), que ocupa el 80% de la producción, tampoco es rentable porque el tipo de cambio que tenemos en Argentina no lo pone competitivo al producto. Es un combo llevó a la empresa a ir a un achicamiento. Como Gobierno provincial buscamos poner en equilibrio la situación de la empresa con los derechos de los trabajadores y también defendiendo la fuerte inversión que hizo el Gobierno de Córdoba vía desgravación impositiva durante muchos años para esta empresa, que paga 0% de Ingresos Brutos, 0% de impuesto a los sellos, 0% de impuesto inmobiliario. Todos los cordobeses aportamos a sostener la actividad económica de la empresa y esta es una oportunidad para que Petroquímica tome conciencia del esfuerzo que hicimos para garantizar el normal funcionamiento”.

La respuesta empresaria fue el concurso preventivo de crisis.

Las principales ramas de la actividad industrial están fuertemente tocadas, en una batalla naval que flota sobre un mar de incertidumbre y desconsuelo. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enumeran los sectores más críticos: metalmecánico y autopartista, alimenticio, maquinaria agrícola, textil y calzado, madera y muebles, minería no metalífera, productos químicos y plásticos, industria tecnológica. Ninguno se salva.

La Fundación Pro-Tejer publicó un informe con datos a mayo del 2025 sobre la industria textil: el 72% de las empresas indicó haber tomado medidas que afectaron su dotación de personal, 6 de cada 10 empresas redujeron su plantilla de trabajadores, 8 de cada 10 no han invertido ni planean hacerlo en 2025 y el 50% redujo su nivel de producción en relación al año pasado. “La combinación de baja demanda, competencia desleal, alta presión tributaria y problemas de financiamiento ha llevado a la CIAI y a la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) a calificar la situación como un “industricidio”. Sólo a enero de 2025 se estimó que en el sector textil nacional se perdieron 10.000 empleos. Todo con impacto directo en la provincia.

No hay isla

“Córdoba no es una isla y tiene los mismos problemas que todo el país por la política de desindustrialización que lleva adelante el Gobierno nacional. La apertura de importaciones por la baja de aranceles nos impide ser competitivos en el mercado interno frente a las empresas que vienen de afuera”, sentencia Rubén Urbano, de la UOM Córdoba. Y advierte que “ya se ve un proceso de reconversión de empresas que se transforman en importadoras, así se desligan de mano de obra. Esto afecta las empresas de la línea blanca como Meba, porque en el interior de la provincia también se está sufriendo ese proceso”.

En la zona sur de la capital provincial, la firma Faesa, dedicada a la fabricación de elásticos para vehículos pesados, pasó de producir a ensamblar productos importados, convencida que es más barato importar que comprar materia prima y hacer el proceso. “Las empresas siguen funcionando pero se adaptan para sobrevivir”, explican desde INTI.

En la UOM insisten que las autopartistas no tienen demanda de las terminales y por eso no piden piezas a las empresas metalúrgicas. Es una cadena. “Se venden autos, pero importados de Brasil. Además las empresas están sobrestockeadas y por eso no producen”, aseguran.

En el sindicato de mecánicos SMATA conocen el tema. “El mercado interno alcanzó en su época de gloria de 800 mil a un millón de unidades vendidas. Actualmente apenas llegan a 400 mil, que incluye los importados”, dice Maximiliano Ponce, secretario general del gremio. Santiagueño y trabajador de la Fiat, Ponce es más optimista que Urbano porque entiende que el negocio de las empresas automotrices tiene dinámica propia y está condicionado por factores que se encuentran por encima de la coyuntura de los países. “Sabemos que Renault o Volkswagen van a invertir en líneas de producción, que va a volver a mover la actividad, y recuperaremos los puestos de trabajo perdidos”, dice. Alude a la partida de la japonesa Nissan de Córdoba, que implica la caída de 1500 operarios directos e indirectos. En contrapartida, la firma Stellantis ya está trabajando en su planta en Ferreira para producir motores para Fiat, que impactará en la creación de 1800 puestos de trabajo.

En el balance, Ponce suscribe a otros actores críticos del calvario industrial. “Hay una mezcla entre ambición desmedida, tipo de cambio bajo y devaluación en Brasil que nos perjudica la competitividad y no podemos exportar. Sumado a la apertura de importaciones”, sostiene.

¿Quo vadis?

Lo anticipó El Sur en su edición de julio, tras la cobertura del almuerzo de trabajo donde la Fundación Mediterránea agasajó al jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos. Después de avalar en el Congreso las principales leyes libertarias, el Gobierno de Córdoba comenzó a tomar distancia de su par nacional. ¿Impulsado por la campaña electoral en ciernes? ¿Alertado que el plan del ministro Luis Caputo hace agua? ¿Preocupado por el impacto de las políticas económicas nacionales en el entramado productivo provincial?

Cualquiera sea la causa, lo cierto es que el giro fue evidente y se confirmó con iniciativas políticas y declaraciones públicas que motivaron la réplica del propio Francos, cuando acusó a Llaryora de cometer una afrenta al Gobierno nacional por la impactante suba de las jubilaciones cordobesas. La conformación de un polo de poder con cinco gobernadores, cuya estrella destacada es el santafecino Maximiliano Pullaro, y el duro revés que le impusieron el conjunto de los mandatarios provinciales a Milei aprobando en el Senado leyes que contrarían el espíritu ajustador libertario, forman parte de ese menú.

Además, los principales voceros de El Panal cuando el gobernador Llaryora no quiere exponer su figura, como el legislador Miguel Siciliano o el ministro Manuel Calvo, salieron a fustigar diversas políticas oficiales. Mientras Siciliano defendió con fiereza el aumento jubilatorio, Calvo cuestionó el estado de las rutas nacionales en Córdoba y reclamó a Milei “un plan de desarrollo productivo que permita recuperar sectores que realmente la están pasando muy mal en la Argentina”. Y agregó: “La articulación público-privada funciona en la provincia, pero hay sectores que no tienen otra posibilidad que ser atendidos por el Estado”.

En ese marco es al menos curiosa la postura del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Pedro Dellarossa, quien a pesar de tener a cargo las políticas referidas a la industria se muestra más afin a las inquietudes del campo. Hace permanentes referencias a la agenda agraria, exculpa a Milei de la crisis industrial y termina admitiendo que la economía provincial se ha primarizado. En otras palabras, que la industria cordobesa no deja de perder peso frente al agro y el comercio.  

En una entrevista concedida a esta revista, contrariando a Consalvi, Calvo y Siciliano, Dellarossa dijo que “hay medidas del Gobierno nacional que han beneficiado a la industria metalmecánica y agrícola: quitar los aranceles para importación de la chapa, el acero, de los hierros de construcción, del aluminio, puso a la industria metalmecánica relacionada al campo a costos internacionales, por supuesto, también a las terminales automotrices y las autopartes”.

Para el ministro no estaría tan mal la cosa, a pesar de que el tipo de cambio impide exportar y las importaciones impiden producir. “La apertura importadora de fertilizantes hace más atractiva la producción del campo, la baja de aranceles del TDI que produce Petroquímica abarata la producción de otras industrias”, sumó a esa línea de pensamiento. ¿Y Atanor, otra de las grandes fábricas del polo químico de Río Tercero y productora de fertilizantes? Bien, gracias.

Siguiendo el mismo razonamiento señaló que “Petroquímica Río Tercero expresa un cambio de reglas de juego, la poca competitividad que tienen ciertos rubros cuando abren la importación. Al liberarse los aranceles, pierden competitividad, sus productos no son colocables en el mercado y viene la crisis.  Pero otras empresas levantaron su producción”.

En definitiva, evaluó con un tibio “son cambios de reglas de juego” el resultado de la magra performance industrial durante la etapa libertaria. E insistió en que “empresas de producción de cubiertas como Fate también fueron afectadas, pero la importación de cubiertas de camión abarató el costo del flete (de la producción de granos) a Rosario en un 15%. Hay una industria que se beneficia por medidas que antes no se tomaban. Otras eran muuuy favorecidas (estira la u) anteriormente por ciertas normas en detrimento del sector productivo. De cada tres camiones de soja que salían de un campo durante el kirchnerismo, uno se lo llevaba el Estado nacional. Hoy hay que hacer un balance. Los cambios producen cierta incomodidad, el tema es cómo se aplican y como empezamos a jugar con otras reglas económicas”.

El ministro insistió durante toda la entrevista, realizada en su despacho, en que es “el cambio de reglas lo que afecta a la industria”. Y remarcó que, por el contrario, “Córdoba tiene la misma política hace 20 años. Si hacemos cambios se consulta con los sectores privados, se consensuan y se aplican”.

- ¿Milei consultó los cambios que aplicó con los sectores involucrados a las provincias?

- Él no tiene que hacerlo. La gente lo votó.

- Pero el Gobierno de Córdoba reclama políticas productivas para proteger a la industria.

- No, chocamos por los beneficios que tienen las políticas industriales en provincia de Buenos Aires y no en el resto de las provincias.

- El ministro Calvo fue muy duro por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales. ¿Cómo impacta esta situación en la producción industrial?

- Por el momento vemos impacto en algunos sectores. Los camiones todavía llegan a Rosario, pero falta poco para que no se pueda transitar.

- Un estudio del Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) indica que, en los últimos años, la industria bajó del primero al tercer escalón en el ranking de sectores productivos de la economía cordobesa, ¿nos estamos primarizando?

- El sector agropecuario es el principal impulsor de la economía de la provincia. Lamentablemente el 90% se va en granos. Podríamos transformar esa materia prima si cambiamos la ley de biocombustibles para aumentar el corte en las naftas con biodiesel, pero sólo el 6% de maíz se transforma en alcohol. Es una primarización que queremos revertir.