“Tengo la mente consumida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin”. El inolvidable estribillo de Almendra en la voz del flaco Luis Alberto Spinetta fue escribo hace muchos años, pero bien podría adaptarse a estos tiempos en que el problema ya  no sería esperar el auto, sino transitar las rutas.  Y es que la falta de recursos que implica la inédita paralización de la obra pública desde la asunción del gobierno libertario comienza a reflejarse en el deplorable estado de las rutas y el consiguiente aumento de los accidentes, muchas veces mortales.

La política de déficit cero, el respeto reverencial al pago de la deuda externa, “el mayor ajuste de la historia de la Humanidad”  -Milei dixit- se refleja en las rutas nacionales. Los especialistas en el tema advierten que esto recién empieza y la situación tiende a agravarse.

El Instituto Argentina Grande (IAG) presentó un informe sobre la situación de las rutas en todo el país tomando como referencia datos publicados por la Dirección Nacional de Vialidad, que resiste con amparos judiciales el intento de cierre por parte del Gobierno nacional. El estudio precisa que “por primera vez en años, menos de la mitad de las rutas nacionales (47,5%) están en buen estado, mientras que la proporción de las que se encuentran en mal estado trepó al 29%”. Una simple comparación indica la magnitud del problema: en el año 2022 la cantidad de rutas nacionales en buen estado llegaba al 54,9%. En otras palabras, durante el tan criticado gobierno de Alberto Fernández las rutas argentinas estaban un 7,4% mejor que en los casi dos años de la administración de los hermanos Milei.

Pero el dato más preocupante que aporta el IAG es la inversión que se necesitará para recuperar el daño que la motosierra está provocando en la red vial de todo el país: “La ausencia de mantenimiento regular acelera el deterioro de las vías, lo que incrementa la necesidad de futuras inversiones en reparaciones de emergencia y, en casos extremos, en la reconstrucción o recuperación total de las rutas y todo ello tiene consecuencias a nivel federal”, precisa el estudio, publicado por el sitio “El Destape” hace un par de semanas.

En 18 meses de gestión libertaria “el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias (no se cuenta con datos para Tierra del Fuego) y solamente 5 distritos viales tienen un porcentaje de kilómetros de ruta/autopistas en buen estado o regular más alto que durante la gestión anterior”. Con solo transitar un par de kilómetros por las rutas de la provincia queda claro que Córdoba está entre las primeras 18.

En la vida destruir es más sencillo que construir. Con los caminos paso lo mismo. “El costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (incluye provincias) se estima en 4.213 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (en caso de no ser cuidada) se estima en 40.773 millones de dólares. El costo de recuperación específicamente de las rutas nacionales llega a USD 23.240 millones”, precisa el estudio del IAG.

Hay una comparación por demás elocuente para dimensionar las consecuencias de la “obra pública cero” a futuro: recuperar las rutas nacionales del país por la falta de inversión del Estado federal demandará la mitad de la deuda que tomó hasta ahora el gobierno de Milei con el Fondo Fondo Monetario Internacional (FMI).

La economía es, por definición, el arte de administrar los recursos. Y el Gobierno libertario optó por endeudarse para mantener la ficción de un dólar barato. Y si bien esa política golpea la competitividad industrial,  permite que la clase media y los sectores más acomodados viajen al exterior. Para mantener el esquema, el déficit cero cierra con cero inversión en las rutas nacionales. Carry trade mata pavimento. 

Kilómetro cero En la provincia de Córdoba existen 2.912 km kilómetros de ruta cuyo mantenimiento corresponden al Estado nacional y unos 62.000 kilómetros que son de competencia provincial.

La red vial provincial está clasificada en primaria, secundaria y terciaria en función de su importancia. La red primaria está pavimentada casi en su totalidad, la secundaria tiene red pavimentada y no pavimentada y la terciaria no tiene pavimento.  

Según datos oficiales de la Dirección de Vialidad de Córdoba, hay  5.000 kilómetros de ruta pavimentada y 1.400 kilómetros de ruta primaria con pavimento en algunos sectores. En tanto que la red secundaria suma 992 kilómetros con pavimento y 9.500 kilómetros sin asfalto. Por último, la red terciaria –sin nada de pavimento- suma 46.000 kilómetros.

Por su impacto en el tránsito de pasajeros y de traslado de la producción, las rutas nacionales tienen un impacto mayor. Así lo demuestra el uso de las rutas 9, 158, 38 y 33. Esta última si bien no está en Córdoba, es transitada por los camiones que trasladan la cosecha porque atraviesa la pampa sojera hasta llegar al puerto de Rosario.

Por una cuestión de competencia, la Provincia no puede tocar un metro de ruta nacional para su mantenimiento. Sin embargo, lo que la ley no permite la argentinidad lo resuelve. Muchos camioneros, colectiveros o simples ciudadanos cordobeses que viajan por la provincia comenzaron a usar caminos alternativos por el mal estado de las rutas nacionales. El cambio de trayecto termina impactando en un mayor uso del pavimento que tiene a su cargo la Provincia, que sufre un desgaste mucho mayor al previsto originalmente. 

En Vialidad de la Provincia circula un informe interno –al que tuvo acceso Revista El Sur- que muestra cómo Córdoba debió incrementar la inversión en sus rutas ante la retirada del Estado nacional: “La inversión anual en la red vial provincial en el año 2024 alcanzó un monto de $245.757 millones de pesos, y lo que va del año 2025 hasta julio se invirtió $ 148.715 millones de pesos. Como se puede observar en la Provincia no solo se ha mantenido inversión en obra pública, sino que este año se estima que se superara a la realizada en el año anterior”, precisa el informe.

En otras palabras, la Provincia tendrá que gastar más recursos en rutas por la necesidad de mantenimiento derivado del mayor uso de las rutas provinciales.

Política El cordobesismo tiene,  desde su llegada al poder hace un cuarto de siglo, algunos lineamientos que se repiten desde 1999: un vocero habitual ante los medios, la proyección del “modelo Córdoba” al resto del país y cierta ambigüedad política. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, cumplió a rajatabla con esos mandamientos cuando analizó ante “El Destape Radio” la situación de las rutas cordobesas que dependen del Gobierno nacional: “Las rutas principales de nuestra provincia no están teniendo ningún tipo de mantenimiento ni conservación, están realmente muy deterioradas. El 70 por ciento de las rutas nacionales en Córdoba están en un estado de conservación severo. La ruta nacional 158 es una vergüenza nacional”.

Y en sintonía con la toma de distancia ordenada por el gobernador Martín Llaryora, remató: “Cerrar Vialidad Nacional pone en riesgo muchas vidas en Córdoba”.

No hay islas El imaginario cordobés valora la idea de la isla, donde la realidad es mejor que en el resto del país. Pero en materia de red vial, la Provincia no escapa a la media nacional. “Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei hemos recibido reclamos de todos los sectores damnificados: el estado actual de la obra pública detenida es crítico. Vuelvo a reclamar formalmente una audiencia con el presidente Javier Milei para hablar del estado en el que están las obras en la provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”, advirtió el gobernador Axel Kicillof desde la Provincia de Buenos Aires.

Su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue aún más lejos: “Estamos frente al primer Gobierno de la historia del país que decidió frenar absolutamente toda la obra pública, con las consecuencias sociales y humanas que eso implica: en más de 600 días de gestión Javier Milei no hizo un solo kilómetro de ruta”, graficó.

En Santa Fe piensan igual. Sólo que al reclamo lo llevaron directamente a los estrados judiciales: el diputado provincial José Corral presentó en la Justicia federal una medida cautelar para obligar al Estado Nacional a realizar tareas urgentes de mantenimiento en la ruta nacional N° 11, en el tramo entre Santa Fe y San Justo. También pidió por la Ruta Nacional 33, que atraviesa gran parte del sector productivo santafesino y termina en el puerto de Rosario. Por esa ruta se estima que transita el 60% de la producción agrícola y se transporta el 90% de la harina de soja argentina.

La situación es crítica. Eduardo Cimino, dueño de Neumáticos Cimino en la ciudad de Firmat, le dijo a Cadena 3 que arreglan un promedio de cuatro llantas por día, lo que totaliza unos 80 arreglos al mes: “Tengo un empleado dedicado sólo a eso, esto no pasaba hace unos años: la ruta está destruida”, admitió.

Es la misma ruta que supo ser tomada por los piquetes agrarios que se oponían a la célebre Resolución 125, que les incrementaba las retenciones a la exportación de soja. Esos mismos “gringos” son los que ahora reclaman que les arreglen la ruta para poder sacar su producción al puerto. ¿La “casta” eran ellos? 

Costo humano

Más allá del impacto económico de la desidia oficial, el deterioro de las rutas nacionales también tiene un costo en vidas humanas. Según datos de la Asociación Luchemos por la Vida, Argentina tiene cinco veces más muertes por siniestros viales que el promedio mundial por cada millón de habitantes.

En material vial el diccionario marca la diferencia entre siniestro y accidente. “Al hablar de accidente hacemos referencia a un hecho azaroso, fortuito, involuntario; una situación de fuerza mayor e inesperada que no podemos controlar: se da de una manera casual. Por ejemplo: una situación climática extrema o que se caiga un árbol sobre nuestro auto. En cambio, cuando hablamos de siniestro, hacemos referencia a un hecho que se pudo haber evitado, son situaciones previsibles. Aquí estamos hablando de un error humano que provoca otro hecho”.

Lo que está pasando en las rutas argentinas es un siniestro, no un accidente.