Septiembre fue un mes de escándalos en el coto de caza de la sagrada familia cordobesa que es la Torre de Tribunales Federales del Parque Sarmiento. En una nueva versión del loop que gira desde hace décadas en torno a chicanas procesales, resoluciones y fallos que involucran cifras millonarias, violencia laboral, designaciones familiares y entongues parentales, esta vez una denuncia penal involucra al presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi.

Tribunales Federales es un fuero donde se dirimen cuestiones del Estado nacional y ciertos delitos específicos como el narcotráfico, integrado por los funcionarios mejor pagos del Estado nacional, donde en un cargo se juegan alianzas y enemistades imperecederas. La denuncia contra Sánchez Torres y su pareja fue ventilada en algunos medios locales y silenciada en otros. Su autora es la secretaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, que acusa a Sánchez Torres de abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso, incluyendo la solicitud de confeccionar un certificado falso. Además del fuero penal, la denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El caso se inició a partir de la conformación de una de las salas de la Cámara que debía resolver el procesamiento o no del ex CEO de Bunge Argentina por evasión impositiva entre 2011 y 2013 en base a una denuncia de la AFIP. La causa fue instruida durante más de una década por la Fiscalía Federal de Villa María, ya que Bunge tiene domicilio fiscal en esa ciudad, aunque la investigación apuntó a maniobras de evasión en todo el país.

La Sala B de la Cámara debía integrarse por tres jueces para resolver el procesamiento o no del imputado Plácido Enrique Humanes. Según la denuncia, Sánchez Torres impulsó a Montesi como tercera integrante, junto a él mismo y a su colega Liliana Navarro. La secretaria Laje Anaya debía validar esa conformación, pero se opuso por entender que no se ajustaba al procedimiento. “Se llamaba a la pareja sentimental de Sánchez Torres para completar un tribunal que debía fallar sobre una causa particularmente sensible que tenía imputado al CEO de la cerealera más importante del país, acusado de evasión tributaria agravada. Todos los actos de violencia de género y las amenazas de sufrir males futuros fueron cometidas para que Laje Anaya hiciera lo que ellos querían, pero cuando advirtió que le estaban pidiendo algo que no correspondía y la estaban haciendo cometer un delito, dijo que no lo iba a hacer y no lo hizo”, explicó Claudio Orosz, abogado de la denunciante.

Según la denuncia, Sánchez Torres habría exigido que la secretaría firmara la conformación de la sala con su pareja sentimental y ante su negativa, lo hizo él mismo.  Pero antes habría sometido a su secretaria rebelde a un verdadero calvario laboral: “Me di cuenta de lo evidente: el señor Juez no solamente tendría interés en la causa asegurando la mayoría en su decisión junto con su pareja la Jueza Graciela Montesi -que votaría en igual sentido- sino que el señor Juez no tenía escrúpulos en cuanto a cosificar, violentarme de tal manera que no contara mi voluntad, mis valores, sino mi firma y todo lo que ello significara ante la responsabilidad legal de dicha acción, quería nada más salirse con la suya a costa de mi situación legal o jurídica. El terror invadió mi ser, di por perdida mi carrera judicial, es que su permanente actitud violenta por cosas inocuas esta vez se agravaría ante mis negativas, y no fueron temores infundados, delirios míos de persecución; todo lo contrario (…) pasó a cumplirse metódicamente”, precisó Laje Anaya en su denuncia.

Maniobras

Enterada de la situación, Liliana Navarro rechazó la medida impuesta por Sánchez Torres, lo que obligó a éste a recular y ordenar -otra vez con su firma- una nueva integración de la sala, excluyendo a su pareja y designando en su lugar a Eduardo Avalos. El cambio sería decisivo: el CEO de Bunge fue procesado por el voto de la mayoría. ¿La disidencia? Sánchez Torres votó por sobreseerlo por falta de mérito.  

En su denuncia, Laje Anaya detalla fechas y circunstancias de lo que definió como un "auténtico calvario" que impactó en su salud física y psíquica. “Presuntos hostigamientos y malos tratos, que enmarca en violencia de género laboral, por parte de los denunciados. Pueden sintetizarse en presuntos cambios arbitrarios de funciones y cargas de tareas, una convocatoria a trabajar durante una licencia psiquiátrica, humillación pública y descalificación profesional, aislamiento y discriminación, manipulación, persecución a través del gremio y, por último, coacción y hostigamiento para aceptar la permuta de su cargo”, enumeró la periodista María Ester Romero en el diario Perfil.

La denunciante cuenta además que pidió licencia por carpeta médica psiquiátrica desde abril del año pasado hasta julio de este año, cuando debió retomar a sus funciones. Pero a su regreso habría cedido a supuestas nuevas presiones de Sánchez Torres para firmar un enroque de cargos con otro trabajador de la Torre federal. La Cámara convalidó -con los votos de Sánchez Torres y Montesi y la disidencia de Navarro- la permuta de cargos y Laje Anaya pasó a desempeñarse como secretaria de Juzgado, un cargo inferior al que tenía.

Esta revista quiso dialogar con Laje Anaya pero su abogado la excusó al advertir que aún no se recupera de los efectos físicos y psicológicos padecidos por esta situación, corroborados en la denuncia por distintos certificados médicos. Tampoco los denunciados quisieron hacer declaraciones: ni los integrantes del estudio del abogado Carlos Nayi -que patrocina a Sánchez Torres, Montesi y al secretario Mario Olmedo, también involucrado en la denuncia- ni el principal acusado Sánchez Torres, que no contestó ni siquiera a través del área de prensa de los Tribunales Federales. Silencio stampa.

Algunos días antes, Nayi le había dicho a diario Perfil que la denuncia era “infundada, mendaz y descontextualizada”, al tiempo que hizo una presentación espontánea en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Alejandro Sánchez Freytes para ponerse a disposición del juez y negar las acusaciones contra sus clientes.

Bunge

¿Qué interés podía tener Sánchez Torres en sumar a su pareja a la sala donde estaba en juego la elevación a juicio o no del Ceo de Bunge? En su denuncia, Laje Anaya habla de “actos irregulares y posiblemente corruptos”.

La causa contra Bunge implicó la evasión de $2.150.000 en 2011 ($729.010.286,36 a valores actuales), $2.981.512,06 en 2012 ($802.306.379 a valores actuales) y $ 3.137.711 del periodo fiscal 2013 ($695.446.129,93 al día de hoy). Todo suma la friolera de $2.226.762.794. Al dólar oficial del 30 de septiembre la evasión equivale a 1.582.867 dólares.

Tras el procesamiento del CEO de Bunge la multinacional abonó la totalidad de la deuda, que fue incluida en un régimen de regularización de obligaciones tributarias. El pago extinguió la acción penal y el 18 de septiembre Humanes fue sobreseído.

Bunge es la cerealera que más se benefició el mes pasado con la fugaz baja de retenciones que dispuso el gobierno de Javier Milei: liquidó más de dos millones de toneladas al Banco Central a cambio de la desgravación del 26% que el fisco perdió de recaudar.

Operatoria del delito

Según informó la Fiscalía de Villa María, la operatoria de Bunge consistía en simular operaciones comerciales inexistentes con tres firmas truchas (en materia tributaria se llaman ‘carpetas’ porque no tienen infraestructura para la actividad declarada en su conformación jurídica, como transporte o acopiadores de grano sin silos). La multinacional usaba esas empresas para simular operaciones y dar verosimilitud, para lo cual realizaba supuestas transferencias bancarias de dichas operaciones. Pero la Justicia detectó que apenas se realizaban estas transferencias las cuentas quedaban en cero (no mostraban nuevas operaciones como las que tiene una empresa real en funcionamiento). Así escondían al operador real que estaba por detrás y en definitiva se hacían las transferencias a sí mismos. Además, los operadores falsos presentaban sus declaraciones juradas de impuestos a la AFIP para acceder al crédito fiscal.

Un mecanismo ininteligible para el ciudadano de a pie, pero que se suele utilizar en el circuito oscuro de granos para la exportación. La resolución de la causa -más allá del sobreseimiento del CEO de la multinacional- confirmó que Bunge evadió impuestos y desarrolló un mecanismo clandestino para cobrar crédito fiscal. Una perlita judicial que Bunge seguramente hubiera preferido que no quedara asentada en una sentencia.

Sagrada familia

Abel Sánchez Torres ya fue blanco de cuestionamientos a principios de año, cuando la Cámara Federal le propuso a la Corte Suprema, con su firma, la designación de su hijo Joaquín Nicolás Sánchez Torres, de 26 años, como jefe de Despacho (Relator), según informó el sitio web elruido.org. El sitio precisó que antes se había designado al abogado Augusto Roqué para que renunciara a los tres días y se promoviera Sánchez Torres junior al Tribunal Oral N°3.

En la misma resolución, fechada el 25 de octubre de 2024, la Cámara ascendió a prosecretaria administrativa a Josefina Bobone, ex jefa de Despacho del TOF2 e hija de la vocal Graciela Montesi, pareja de Sánchez Torres.

“Esta es la situación por la cual se multiplica el nepotismo en los tribunales federales. El statu quo tiene su vertiente en la conveniencia de los jueces que ostentan poder en cada jurisdicción y que les permite generar nombramientos y ascensos a través de acuerdos internos de distribución de cargos”, afirmó el sitio web.

El Sur dio cuenta de esta metodología en una investigación periodística donde dejó constancia de la cantidad de hijos, hijas y parientes de funcionarios nombrados en cargos sin concursar, independientemente de su idoneidad.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la principal responsable por no permitir, desde 2013 a la fecha, que se cumpla la ley de acceso democrático e igualitario al Poder Judicial”, apuntó El Ruido. Los funcionarios aprovechan el vacío para asegurar trabajo y estabilidad a sus familias, con salarios que están muy por encima del promedio del Estado.

Cabeza de Vaca

Septiembre también fue noticia en la Torre porque el gremio judicial emprendió una sonora protesta contra el juez Federal N°3 Hugo Vaca Narvaja. ¿La razón? El magistrado propuso a la Cámara Federal para ocupar una de las Secretarías de su juzgado a la abogada Claudia del Valle Trujillo, que trabaja en ANSES. El sindicato rechazó la propuesta por considerar que afecta la “carrera judicial” al no cubrir el cargo con personal de la Torre. La Cámara presidida por Abel Sánchez Torres le dio la razón al gremio, pese a que antes había autorizado el nombramiento de personas ajenas a la Torre como el actual secretario de Derechos Humanos y Trata, Miguel Ceballos y los funcionarios Patricio Lutteral y Ezequiel de la Torre. Vaca Narvaja apeló ante la Corte Suprema de Justicia y esperará la resolución antes de proponer un nuevo/a candidato/a.

La Unión de Empleados Judiciales Nacionales (UEJN) celebró el rechazó de la Cámara, que se logró después de una campaña de protestas que incluyó carpas “de la dignidad”, el empapelamiento con afiches del edificio de tribunales, acusaciones de “paracaidista” a Trujillo y ataques al juez con la figura de un hombre trajeado (emulando a un abogado) con la cabeza cortada y sustituida por un cabeza de vaca, en alusión a su apellido. La desmemoria y el mal gusto del gremio omitió recordar que Vaca Narvaja es nieto de quien fuera secuestrado por una patota parapolicial en las postrimerías del golpe militar de 1976, cuya cabeza apareció en una bolsa cerca de las vías del ferrocarril de Alta Córdoba.

“Que no nos corran con eso. Nuestro secretario general, Julio Piumatto, fue preso político de la dictadura y mi padre (juez federal de La Pampa) intervino en el juicio de Lesa Humanidad de la denominada causa “Marina” en Bahía Blanca”, se atajó el secretario general del gremio en Córdoba, Juan Pablo Tripputi. “Este es un planteo gremial legítimo en defensa de la carrera judicial y por eso la Cámara nos dio la razón”, insistió.

Lo cierto es que la Cámara -cuyo presidente es Abel Sánchez Torres- tiene potestad de superintendencia en el edificio de Tribunales y dejó que durante varios días el afiche permaneciera pegado en el lugar.

Vade retro

En 2019, con otra conducción, la UEJN hizo una campaña contra Sánchez Torres, que buscaba la presidencia de la Cámara Federal.  Los camaristas Luis Rueda, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes recurrieron a la Corte Suprema para denunciar el por entonces presunto vínculo sentimental entre Sánchez Torres y Montesi, que apoyaba al primero para llegar a la cúspide del poder en la Torre. Rueda falleció y la UEJN tuvo un papel protagónico en las denuncias por maltrato laboral y acoso sexual que precipitaron la renuncia del camarista Vélez Funes.

Antes de conocerse la grave denuncia contra Sánchez Torres, el gremio exhibió su sintonía con la máxima autoridad de la Torre. ¿Cambiará de posición ahora que el presidente de la Cámara parece estar contra las cuerdas?