En el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1976, la fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua para el ex mayor del Ejército Osvaldo César Quiroga, como coautor de los homicidios de los presos políticos Arnaldo Higinio Toranzo, Gustavo Adolfo De Breuil y Miguel Hugo Vaca Narvaja (h). A su vez, para el exoficial del Departamento de Informaciones (D2) Gustavo Rodolfo Salgado, acusado del secuestro y torturas al entonces policía y estudiante de Psicología Luis Alberto Urquiza, la fiscalía pidió diez años y la querella quince.

El 4 de noviembre alegaron las defensas y mañana a las diez el Tribunal Oral Federal Nº 1 –integrado por Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez– dictará sentencia. Entonces finalizará el último capítulo del extenso proceso penal por los fusilamientos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), cuyas víctimas fueron 31 presas y presos políticos a cargo de la Justicia federal y el Poder Ejecutivo Nacional, asesinados por “ley de fugas” entre abril y octubre de 1976.

Iniciada con la vuelta a la democracia, interrumpida por las leyes de impunidad y demorada en los laberintos de la corporación judicial, la “causa maldita” de la UP1 llegó en 2010 al juicio en que fueron condenados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y una veintena de represores. En 2017 y 2024, se juzgó a los funcionarios judiciales responsables de las víctimas de homicidios y torturas. El actual es un juicio “de reenvío”, desprendido del proceso de 2010, en el que Quiroga y Salgado fueron absueltos. Las apelaciones prosperaron y quince años después vuelven al banquillo.

La masacre anunciada

El 12 de agosto del 76, el teniente primero Quiroga retiró de la cárcel de barrio San Martín a Vaca Narvaja, Toranzo y los hermanos Gustavo y Eduardo De Breuil. Antes de partir, el oficial firmó un acta del Servicio Penitenciario. “Mal día para ustedes…”, oyeron los prisioneros, tapados con una lona en el camión que los trasladó hasta el Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV. Allí los encerraron durante media hora y luego subieron a Eduardo De Breuil a un vehículo y a los demás en otro. En un descampado cercano al Chateau Carreras, hicieron descender a Vaca Narvaja, Toranzo y Gustavo De Breuil y los acribillaron. Luego bajaron a Eduardo, el militar a cargo le quitó la venda y le mostró los cadáveres. Lo subieron de nuevo al vehículo y antes de devolverlo a la cárcel le ordenaron que contara “absolutamente todo”.

Eso hizo Eduardo De Breuil: relatar la masacre. A sus compañeros en la cárcel y al recuperar su libertad a la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas en 1984; ante la Justicia en la causa de la Verdad Histórica en 1999 y en el juicio de 2010. A su testimonio, se sumaban la prueba documental de la firma de Quiroga y el aporte de otros ex presos que atestiguaron que a Vaca Narvaja –abogado de presos políticos y hermano del jefe montonero Fernando Vaca Narvaja– los militares le habían anunciado su muerte.

Sin embargo, en 2010 los jueces del TOF Nº 1 –Jaime Díaz Gavier, José María Pérez Villalobo y Carlos Lascano- creyeron la versión de Quiroga: entregó a los prisioneros en la unidad militar, no participó en el segundo tramo del periplo que terminó en el fusilamiento, no sabía lo que iba a ocurrir con los trasladados y la firma en el acta mostraba su “buena fe”. Esos fueron los fundamentos de su absolución y la versión que sostiene en el juicio actual.

Enterado por la prensa

En la jornada previa a los alegatos, Quiroga manifestó: “Soy inocente. Solo he realizado un traslado llevando a la gente al lugar donde correspondía para prestar declaración”. En la mañana siguiente, se enteró “por un artículo periodístico” que durante el viaje “se había producido un intento de fuga, un enfrentamiento y como producto de esa actividad habían fallecido los cuatro detenidos”. “Consulté a mis superiores, me dijeron que había un error en el artículo de prensa y nos desligaron de responsabilidad a mí y a mi regimiento”, aseguró el acusado.

En su alegato del 28 de octubre, el fiscal Facundo Trotta resaltó que quien condujo la comitiva, desde el retiro de los presos hasta su fusilamiento y retorno a la UP1 con el sobreviviente, fue “siempre la misma persona”, porque “habló muchas veces” y el testigo reconoció su voz. “El testimonio es contundente. No puedo creer que todavía estemos discutiendo esto”, reprochó Trotta. Además, un militar de su rango no podía desconocer lo que ocurriría con los prisioneros: “El Regimiento de Infantería Aerotransportada II, al que pertenecía Quiroga, era muy importante en el sistema represivo, tenía base en la UP1 y cometía crímenes aberrantes, como el homicidio de (Raúl) Bauducco a la vista de todos los presos. En este caso, el conocimiento del destino fatal de las víctimas es un elemento importante en la responsabilidad de Quiroga”, afirmó el fiscal.

Contexto de impunidad

Para la abogada querellante Adriana Gentile, la valoración de las pruebas y la responsabilidad del acusado “no puede prescindir del contexto de impunidad otorgado por el Estado en el momento de los hechos”. En ese sentido, mencionó anteriores fusilamientos a presos de la misma cárcel y “con un modus operandi similar”. Por último, Gentile razonó: “Para matarlos, primero había que sacarlos del penal”.

En 2010, también fue absuelto el expolicía Salgado. El TOF N1 consideró que no integraba “la patota o brigadas encargadas del accionar ilegal del D2” y solo había actuado en ese caso por una “cuestión personal”, ya que era el superior de Urquiza y tenían “mala relación laboral”. Con esa motivación, su accionar “no formaba parte de un plan sistemático de exterminio”, no era un crimen de lesa humanidad y estaba prescripto. 

El respecto, la fiscal María Laura Bazo Queirolo sostuvo que Salgado participó en el secuestro y torturas a su subalterno Urquiza. Además, el acusado “era uno de los tres oficiales encargados de las guardias” en el D2 y “conocía perfectamente que las personas que ingresaban eran detenidos políticos”. “El señor Salgado fue parte de los mecanismos que se ponían en juego y no estuvo al margen del terrorismo de Estado”, concluyó.

La causa Gutiérrez llega a juicio

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, Carlos Ochoa, ordenó elevar a juicio la causa “Gutiérrez, Hermes Vicente…”, contra 22 exintegrantes de la Policía de Córdoba, la Policía Federal y el Tercer Cuerpo de Ejército, por los delitos de secuestros, torturas, tormentos seguidos de muerte y abusos sexuales, cometidos entre los años 1975 y 78. El sorteo determinó que el TOF Nº 1 esté a cargo del juicio, cuya fecha de inicio se definirá en los próximos días.

La causa lleva el nombre del fallecido teniente coronel Gutiérrez, jefe de la represión en los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca. Están acusados los militares Adolfo Etchehun, Carlos Quevedo, Pablo Skalany, Ernesto Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Carlos Ibar Pérez, Ernesto Barreiro, Juan Vega y Carlos Díaz; los agentes civiles de inteligencia José Luis Yáñez, Ricardo Lardone y Arnoldo López; los policías Daniel Di Santo, Juan Nieto, Rubén Príncipi, Miguel Salinas, Carlos Yanicelli, Juan Molina y Ramón Navarro, y los policías federales Carlos Tronchin, Carlos Regueira y Roberto González Fossat.

La mayoría de las 73 víctimas eran estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Entre ellas, Gladys Comba, madre del desaparecido Sergio Comba, Ernesto Silber, profesor de Química de la UNRC, y el comerciante y militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein. Los organismos de derechos humanos reclamaron “la celeridad en la realización del juicio oral, porque las víctimas, sus familias y la sociedad toda necesitan que la justicia llegue en tiempo y forma. A casi cincuenta años del golpe, la impunidad aún persiste: hay genocidas que caminan las calles de Río Cuarto”.