El delito de guante blanco, donde corrupción o evasión impositiva ocupan un lugar central, reviste especial interés en la Justicia Federal, sea por los montos que incluyen los delitos, los personajes involucrados o las empresas alcanzadas por la acción penal.

El caso de la cerealera Bunge, de dilatada presencia en Argentina, concitó la atención de la Justicia Federal cordobesa debido a dos causas donde la firma fue acusada por la AFIP (hoy ARCA) de evadir cientos de millones de dólares. Una de las causas fue abordada por esta revista en su edición del mes pasado, señalando el protagonismo que tuvo el presidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres. Una denuncia penal que realizó la secretaria de esa Cámara, Celina Laje Anaya, lo acusó de impulsar una maniobra para constituir una sala del tribunal con su pareja, la camarista Graciela Montesi, para definir un recurso que implicaba al presidente de Bunge en 2013, Plácido Enrique Humanes.

La funcionaria deslizó en su denuncia que podría tratarse de una maniobra de corrupción de ambos magistrados y que por haberse negado a avalar la medida que reclamaba el juez, ya que no se ajustaba al procedimiento procesal, sufrió por parte de la pareja un proceso de acoso laboral y violencia de género que le produjo graves problemas de salud. Lo cierto es que por la resistencia de Laje Anaya, Sánchez Torres no pudo integrar a Montesi al tribunal y Humanes terminó procesado.

Ahora Revista El Sur trae a colación una segunda causa que involucró a Bunge, en este caso referida a evasión agravada del impuesto a las ganancias por un monto actualizado de 132 millones de dólares, por exportaciones ficticias al Uruguay, que fue resuelta en diciembre de 2023. Allí el acusado era el ex presidente de la cerealera Raúl Alfredo Padilla, también ex presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien resultó sobreseído por los votos de Sánchez Torres y Montesi.

Misma evasora, distintos jueces

Si en ambas causas se investigaba a la misma empresa por delitos similares, la diferencia residió en la conformación del tribunal. Fuentes inapelables de tribunales dijeron a El Sur que la pareja habría realizado la misma maniobra en los dos expedientes, sólo que, en el primer caso sin éxito, mientras que en este segundo sí lo lograron. “Hicieron exactamente lo mismo: votó primero Graciela Montesi por la falta de mérito, Ávalos (tercer integrante de la sala) votó en contra y entonces, como ya regía el acuerdo tenía que pasar al juez que estaba de turno de la otra sala, ese mes le correspondía a Liliana Navarro. Por eso Montesi se guardó la causa un mes (noviembre de 2023) y cuando llegó diciembre se la mandó a su querido y amado Sánchez Torres. Así salió la falta de mérito por mayoría”, señalaron.

Esta revista consultó a Navarro, quien prefirió no opinar. No obstante, otra fuente de la Cámara que pidió mantener el anonimato confirmó el manejo de los tiempos que habría hecho Montesi para lograr que Sánchez Torres terminara integrando la sala que resolvió el destino de Padilla.

En ambos casos la pareja de camaristas utilizó argumentos similares para justificar sus fallos. Por caso, Sánchez Torres en la causa Humanes se expresó por la falta de mérito ya que, según su criterio, no se cumplieron las medidas probatorias por parte de la Fiscalía interviniente (de Villa María), lo que afectaba la garantía de defensa del acusado. En tanto que Liliana Navarro y Eduardo Avalos ordenaron por mayoría que se siguiera investigando la causa, que a la postre terminó comprobando la evasión tributaria de Bunge.

En cuanto a la causa Padilla, Montesi fundamentó de manera similar a Sánchez Torres en la causa Humanes, dictaminando que persistía “el estado de duda en cuanto a la materialidad del ilícito imputado, al no reunirse todo el material probatorio”, por lo que falló por la falta de mérito. El presidente de la Cámara adhirió al voto de su pareja, que benefició a Bunge.

Las dos causas dejan en evidencia que el Poder Judicial sentenció en cada caso según la opinión personalísima de los jueces intervinientes.

El delito en la causa Padilla

En un informe titulado “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021 por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40 % del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.

Según reseñó la Agencia de Noticias Terra Viva, que dirige el prestigioso periodista Darío Aranda, las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, firmas que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas—, para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del uno por ciento.

El informe de Gaggero y Zanotti explica que “las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, advirtiendo cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.

Y concluye: “el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula)”. Bunge fue una de las empresas investigadas por los especialistas.