La última semana de noviembre fue prolífica en denuncias públicas y versiones palaciegas en los tribunales federales de Córdoba, con señalamientos directos al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres. El magistrado ya está apuntado por sus intervenciones con fallos polémicos en causas de evasión tributaria, denuncias por acoso y maltrato laboral y por integrar el alto tribunal junto a su pareja, la jueza Graciela Montesi.

La última denuncia que concitó interés público a fines de noviembre por sus implicancias en la futura conformación de la Cámara Federal se realizó en el marco del Concurso N°474 del Consejo de la Magistratura (CM) para integrar dos jueces al tribunal. Allí, el secretario Penal del Juzgado Federal N°3, Patricio Lutteral, impugnó por nota a uno de los candidatos, Germán Luis Gianotti, abogado del poderoso estudio De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, especializado en Derecho Tributario, Derecho Penal Económico y Derecho Aduanero, entre otros.

La impugnación, difundida por el portal Infobae, se fundó en que al momento de someterse a la entrevista de antecedentes ante el CM Gianotti no informó que estaba imputado en “un proceso penal en el que se investigan hechos de contrabando y falta de ingreso de divisas al país”. La investigación penal se abrió por una denuncia del Departamento Aduana de Campana ante la posible comisión del delito de contrabando vinculado con dos operaciones de soja desactivada a Chile y Paraguay, declaradas por la firma exportadora “Del Plata Trading Company”, donde el abogado era director. Si bien Gianotti luego resultó sobreseído por la Corte Suprema de justicia, a los efectos del concurso -que debe resolver si cumple los requisitos para ser juez federal- debió notificar cuál era su situación procesal. Pero si lo hubiera hecho, su postulación hubiera sido descartada.

¿Dónde interviene el presidente de la Cámara Federal en esta maniobra? Abel Sánchez Torres es “asesor ad honorem” del consejero de la magistratura Alberto Lugones, juez que además de intervenir en el concurso formó parte del tribunal de la Cámara Federal de San Martín que en su momento ordenó profundizar la investigación sobre el contrabando de Del Plata Trading Company, Gianotti incluido. En otras palabras, como juez Lugones sabía que el abogado estaba imputado en la causa en la que él mismo intervenía, pero como consejero no informó a sus pares de la Magistratura. Tampoco lo hizo su asesor Sánchez Torres.

En Tribunales advierten que Lugones habría incumplido la ley al no observar el Reglamento del Consejo de la Magistratura, que en su artículo 13 (evaluación de candidatos a jueces) obliga a informar la situación judicial de los postulantes. Lugones, aseguran, habría cometido el delito de “prevaricato” por omitir informar la situación de Gianotti. Hilando fino, la figura penal abarcaría también a su asesor Sánchez Torres.

En su presentación ante el CM, Lutteral afirmó que los dos dictámenes que evaluará la Comisión para llevar al plenario “implican una nueva mejora en su posición relativa (de Gianotti), que lo impulsan a ser propuesto dentro de las ternas entre las cuales el Poder Ejecutivo Nacional debería elegir a los Jueces de Cámara (un dictamen lo coloca tercero y el otro sexto”), según reprodujo Infobae.

Incompatibilidades

Resumiendo: un abogado de un estudio relevante de Córdoba concursa para integrar la Cámara Federal mientras está imputado de contrabando y no lo informa; un juez que interviene en la causa penal -y por lo tanto sabe de su situación- no informa la situación de Gianotti en el concurso en que participa como consejero de la Magistratura. Y su asesor, que preside la Cámara Federal a donde llegaría el candidato en caso de ganar el concurso, tampoco informó sobre la imputación del aspirante.

Lugones y Sánchez Torres integran la misma agrupación de la Asociación de Magistrado -la oficialista Lista Celeste-, donde el segundo hace las veces de referente en Córdoba.

Sánchez Torres y Gianotti se conocen, amén de las causas en las que ambos participan de distintos lados de la barandilla en los Tribunales Federales, por participar de actividades compartidas, como la reciente conferencia realizada en la Universidad Siglo 21 “Ley 27.260: régimen de sinceramiento fiscal”. En esa Casa de Estudios privada, el presidente de la Cámara Federal dirige el Programa de Especialización en Derecho Penal Tributario y Económico.

Los vínculos entre ambos son evidentes. Y a eso parece apuntar también Lutteral en la nota elevada al CM: “Las pautas éticas que deben regir la actuación tanto de los integrantes del Consejo como de los concursantes, especialmente frente a un cargo de Juez de Cámara de una de las ciudades más importantes del país, indican que cualquier hecho que pudiera modificar o alterar la consideración de su situación frente al proceso de selección debe ser puesto de manifiesto de manera inmediata”.

Pero, es sabido, a Sánchez Torres las incompatibilidades éticas no parecen detenerlo.

Al final, ¿son pareja o no?

Esta revista viene insistiendo sobre la situación irregular de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, a quienes en tribunales acusan de violar el Reglamento para la Justicia Nacional en su art. 12 inciso 8 (Acordada del 17/12/1952), que inhabilita a cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad o afinidad para integrar un tribunal colegiado. Además, en el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes duerme la denuncia por violencia laboral y de género contra Sánchez Torres, que también menciona a Montesi como presunta cómplice del acoso. La situación sentimental de ambos -el secreto peor guardado de la Torre Federal- quedó en evidencia cuando El Sur reveló el mes pasado la cantidad de viajes realizados el último año y medio por la feliz pareja.

Hace dos años, el fiscal federal Enrique Senestrari reclamó el apartamiento de ambos camaristas en la causa “Vieyra Ferreyra”, donde se investiga “alteración dolosa de registros, asociación ilícita fiscal y evasión agravada tributaria”, entre otros delitos. El expediente tiene 60 imputados acusados de 145 hechos, de los cuales más de 70 ya tienen pedido de elevación a juicio. Por la dimensión millonaria de la causa y la naturaleza de los delitos investigados - “de guante blanco”-, se trata de una de las causas más voluminosas actualmente en trámite en la Torre Federal.

Hace un mes, el 5 de noviembre, el juez subrogante Fabián Asís retomó los viejos planteos que supo hacer la jueza Liliana Navarro en 2019 para insistir en la anomalía que supone que una pareja sentimental decida el destino de millones. En este caso, en un planteo de nulidades en la causa “Salvay” -en la que se investigan presuntos delitos cometidos por el empleado Juan Pablo Salvay, que habría espiado y sustraído documentación de la Fiscalía de Senestrari-, donde se pidió el apartamiento de Sánchez Torres y Montesi, Asís citó a Navarro para (re)afirmar que “entre el Dr. Sánchez Torres y la Dra. Montesi existe una relación personal de pareja que los une, y que es de público y notorio conocimiento, no sólo para los comparecientes, sino para los abogados del foro, empleados del Poder Judicial y para la sociedad cordobesa toda”.

“La problemática del desempeño de dos jueces que integran el mismo tribunal, que se encuentran unidos en una relación de pareja, no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia, pues afecta tanto el derecho de los agentes judiciales como el normal funcionamiento de los tribunales. A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad de los mencionados magistrados en causas judiciales” ya que “su participación jugará en el caso como mayoría automática”, escribió Asís parafraseando a Navarro.

Mientras el escándalo crece, Sánchez Torres mueve sus últimas fichas en el Consejo de la Magistratura para que alguno de sus “ahijados” ocupe las estratégicas vacantes de la Cámara Federal de Córdoba.

Juan Pablo Triputti

Un gremialista singular

El secretario general del Sindicato de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Córdoba, Juan Pablo Triputti, no disimula la excelente relación que mantiene con el presidente de la Cámara Federal de Córdoba -en rigor, la patronal-, con quien el gremio dio un giro de 180 grados en relación a su posicionamiento respecto de la pareja Sánchez Torres/Montesi.  

Su antecesor en el cargo, Aldo Arévalo, había fustigado a Abel Sánchez Torres en 2019, cuando otros tres camaristas le reprocharon su relación con Montesi ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella oportunidad, el gremio empapeló la Torre Federal con afiches que advertían sobre la “mayoría artificial y automática en los acuerdos de superintendencia” y la “monarquía a perpetuidad” de la pareja de camaristas.

Desde la llegada de Triputti la UEJN hace “mutis por el foro” y evita pronunciarse sobre el particular, mientras cuestiona con saña -afiches, escraches, bombos y platillos- al juez Hugo Vaca Narvaja por haber propuesto a una abogada especializada en derecho previsional para ocupar la Secretaría Previsional del Juzgado Federal N° 3, del que es titular. El gremio festejó como un triunfo propio la ratificación de la Corte Suprema al rechazo a la designación de una persona ajena a Tribunales –“una paracaidista”, en la jerga corporativa sindical- decidido oportunamente por la Cámara que preside Sánchez Torres. Y ahora la emprendió contra Vaca Narvaja por su supuesta filiación kirchnerista. Le atribuyen todos los males del juzgado federal con competencia electoral -que subroga este año- y añoran al inefable Ricardo Bustos Fierro, el juez que supo habilitar la re-reelección de Carlos Menem, entre otras delicias.

Aunque ahora reniega de los “paracaidistas”, Triputti ingresó a Tribunales contratado por el Tribunal Oral N°2 para trabajar en la vocalía exclusiva de la jueza Noel Costa. Fue designado nada menos que por el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, a pesar de que en ese tiempo enfrentaba un proceso penal por su responsabilidad en un siniestro vial en La Pampa, donde la Cámara del Crimen N°1 de esa provincia lo condenó a tres años de prisión por conducir ebrio y de manera temeraria. La sacó barata: su irresponsabilidad provocó la muerte del joven Damián Rodríguez en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Quienes conocen los entretelones de su designación atribuyen su cambio geográfico -un verdadero “exilio dorado”- a las influencias de su padre, juez federal de La Pampa.  

La madre de la víctima del siniestro, Susana Sánchez, conformó la ONG “Estrellas Amarillas”, que logró con su lucha la modificación de la legislación en materia de accidentes de tránsito y fue galardonada recientemente con el premio “Luchemos por la Vida”, en reconocimiento a su incasable labor para mejorar la seguridad vial en el país.