La sentencia debía hacer justicia con uno de los más alevosos asesinatos cometidos durante la dictadura cívico-militar en Córdoba. El 12 de agosto de 1976, los presos políticos Arnaldo Higinio Toranzo, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo De Breuil fueron retirados por un pelotón del Ejército de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín y fusilados en un baldío cercano al Chateau Carreras. Con excepción de Eduardo, a quien dejaron con vida para relatar la masacre.

La sentencia debía poner fin al tortuoso periplo judicial iniciado en enero de 1983, cuando todavía cautivo en Rawson Fermín Rivera denunció los fusilamientos de 31 compañeros y compañeras de la cárcel cordobesa, entre abril y octubre del ´76. Así se inició la “causa maldita” de la Justicia federal cordobesa, interrumpida por las leyes de impunidad y demorada en los laberintos corporativos, que llegaría en 2010 al juicio y condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otra veintena de represores.

En ese proceso fue absuelto el ex mayor del Ejército Osvaldo César Quiroga, quien había retirado de la cárcel a Vaca Narvaja, Toranzo y los hermanos De Breuil, y dejado su firma en un acta del Servicio Penitenciario. Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N° 1) –Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José Pérez Villalobo– creyeron su versión de que trasladó a los presos hasta el Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, no participó del desenlace criminal y la firma en el acta mostraba su “buena fe”. La fiscalía y la querella apelaron, pero la Sala I de la Cámara de Casación confirmó el fallo. Luego recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 les dio la razón y ordenó dejar sin efecto la absolución y realizar un nuevo juicio.

En 2010, también fue absuelto el ex policía del Departamento de Informaciones D2 Gustavo Adolfo Salgado, acusado por el secuestro y torturas al policía y estudiante de Psicología Luis Urquiza. El tribunal consideró que Salgado no integraba las “brigadas encargadas del accionar ilegal del D2” y su intervención “no formaba parte de un plan sistemático de exterminio”. Por lo tanto, no era un crimen de lesa humanidad y estaba prescripto. Las partes acusadoras apelaron y la Cámara de Casación consideró que “la conducta de Salgado no estuvo al margen del terrorismo de Estado” y ordenó volver a juzgarlo.

Quince años después, volvieron a compartir el banquillo de los acusados –Salgado en la sala, Quiroga por teleconferencia desde su casa en Buenos Aires– y el 13 de noviembre pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N° 1) de Córdoba, integrado por Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez, condenó –por unanimidad– a Salgado por “privación ilegítima de la libertad agravada” e “imposición de tormentos agravados” a diez años de prisión y –por mayoría– a Quiroga por “homicidio calificado por alevosía y por concurso de pluralidad de partícipes” a prisión perpetua. Son las penas que habían solicitado los fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, pero los jueces beneficiaron a los condenados “manteniendo su estado de libertad”.

La decisión causó estupor entre los familiares y allegados a las víctimas. Al finalizar la lectura de la sentencia, reclamaron explicaciones, que se sabrán recién el 16 de diciembre, cuando se den a conocer los fundamentos. La bronca se expresó en el clásico: “Cómo a los nazis, les va a pasar. A donde vayan, los iremos a buscar”.

Con cierta perplejidad, el fiscal Trotta declaró a El Sur: “No estamos de acuerdo con esta decisión. También es extraño que no haya unanimidad en la condena a Quiroga, porque dos fallos de tribunales superiores brindan pautas de cómo interpretar la prueba de su responsabilidad y en este juicio no aparecieron otras pruebas. Habíamos pedido prisión efectiva, pero que les hicieran estudios para analizar si estaban en condiciones, sin desconocer que por su edad y salud podría disponerse la prisión domiciliaria. Pero de un modo u otro, que estuvieran en prisión por la gravedad de sus crímenes”. Cuando se conozcan los fundamentos, es posible que la Fiscalía apele este aspecto del fallo.

Por su parte, Natalia Bazán, la asesora letrada que defendió a Quiroga, expuso las razones por las que en su alegato pidió que siga en libertad y pueden haber motivado la decisión del Tribunal: “La sentencia no está firme y por lo tanto no puede ejecutarse, ya que resta la etapa recursiva. Además, durante los 17 años que el imputado lleva sometido al proceso penal, siempre estuvo a disposición de la Justicia. Y su arraigo, que tiene familia que lo asiste en sus problemas de salud, que requieren atención médica constante”. Bazán destacó que “en otros procesos de lesa humanidad los tribunales adoptaron la decisión de condenar a perpetua y que el imputado transite los recursos en libertad hasta que la sentencia quede firme”. Entre ellos, mencionó al ex militar José Andrés Tófalo, a quien en otro juicio de reenvío derivado de la Megacausa La Perla, el TOF N° 1 –integrado por Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falcucci– sentenció el 19 de marzo de este año a prisión perpetua, pero lo mantuvo en libertad.

Preso político en aquella cárcel, testigo en el juicio de 2010 y referente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gustavo Tissera manifestó el “sentimiento encontrado de que los represores no quedan impunes y hay condenas importantes, pero automáticamente los dejan en libertad”. “Por tratarse de crímenes de lesa humanidad, asesinatos de presos políticos a disposición de la Justicia, no cabe que esperen en libertad que la sentencia quede firme. Es triste pensar que los jueces actúen con una complacencia hacia el Gobierno nacional, cuando deben actuar según el Código Penal”, cuestionó.

En el hall de tribunales, Raúl Toranzo, hermano de Arnaldo, minutos después de la sentencia valoró: “Lo central es que haya sido condenado Quiroga como responsable del asesinato de mi hermano, De Breuil y Vaca Narvaja. Hay una condena y es contundente: echa por tierra que él no participó del plan criminal. Pero queda la sensación de injusticia de que sigue en libertad, a pesar de aquel triple crimen. Hay que conocer los fundamentos y a partir de ahí se podrá apelar. Pero quedó claro que Quiroga es un asesino”.

Víctima y querellante en la causa que incluyó al expolicía Salgado, Luis Urquiza asistió por conexión remota desde su casa en Copenhague, Dinamarca, país que lo cobijó en un exilio en dictadura y otro en democracia, cuando denunció a los represores que ocupaban altos cargos en la fuerza policial. “No pensé que fuera a salir de nuevo este juicio, porque Salgado estuvo poniendo trabas por su estado de salud, esto y lo otro… Así que el 13 de agosto cuando empezó fue muy bueno, pero por otro lado fue volver a recordar cosas viejas y dolorosas, y también quedé impactado por el fusilamiento de Toranzo, De Breuil y Vaca Narvaja”, dijo a El Sur.

En la jornada final tuvo tiempo de fumar varios cigarrillos antes de la lectura: “En cuanto a la sentencia, quedé muy conforme porque es más o menos lo que habíamos pedido, salvo que llama la atención eso de que están en libertad. Espero no sea una condena simbólica. Por más que estaba a miles de kilómetros, me sentía adentro de la audiencia. Estaba en compañía de mi hija Cecilia, me puse muy sensible y ella me ayudó a sobreponerme. Por fin se ha dado justicia”.

Acaso este no sea su último capítulo, pero a pesar de los sinsabores de un fallo afectado por el paso del tiempo, los ríos de tinta de la “causa maldita” ya tiñen de verdad el mar de la Historia. En un tiempo de apologistas del terrorismo de Estado, no es poca cosa.