La obsesión del ministro en todas las entrevistas que brinda a la prensa pasa por “desregular el mercado laboral”, “modernizar el país”, “lograr que la sociedad cambie la mentalidad” y que “los sindicatos con sus reclamos dejen de ser un problema para el crecimiento de la economía y la llegada de inversiones extranjeras”. La trillada fraseología de lugares comunes del liberalismo criollo podría atribuirse al ministro desregulador Federico Sturzenegger, pero le pertenece a José Alfredo Martínez de Hoz, el poderoso ministro de Economía de la última dictadura cívico militar.

Publicado en febrero de este año, la biografía de Martínez de Hoz escrita por el periodista Julián Zicari menciona a “Joe” como el jefe civil de la dictadura y remarca en varias de sus más de 520 páginas que el funcionario de las orejas prominentes pretendía disciplinar el mundo laboral y producir “un cambio radical” en las relaciones laborales.  Al explicar el programa económico de los genocidas pone especial énfasis en el mundo laboral, al que le dedica más de un capítulo.

A meses de cumplirse el 50 aniversario del golpe, la flexibilización laboral vuelve a imponerse en la agenda política de la mano del presidente Javier Milei, en lo que aparece como una continuidad de vieja obsesión de la derecha. La similitud de los argumentos y justificaciones de los socios civiles de esa época y sus herederos libertarios es francamente asombrosa.  

El periodista Leandro Renou plantea un eje interesante para pensar el proyecto oficial de flexibilización laboral: “El tema no es debatir una reforma laboral, el tema es para qué y qué cambiar. Y debatirla en medio de una crisis económica y con crecimiento del desempleo es muy riesgoso para los trabajadores”.

Los últimos datos oficiales sobre trabajo en Córdoba marcan un aumento de la desocupación: la capital mediterránea está entre las cuatro con mayor desempleo del país y tiene un nivel de informalidad laboral por encima del promedio nacional, que trepa al 47% de la población económicamente activa. En otras palabras, casi la mitad de los cordobeses trabaja sin aportes patronales ni obra social.

El proyecto oficial de flexibilización laboral confirma algunas certezas provenientes del “Consejo de Mayo”: para libertarios y opositores amigables -léase gobernadores dialoguistas- la reforma laboral es sinónimo de pérdida de derechos y flexibilización. No se conoce ninguna propuesta oficial que genere mejores condiciones a los asalariados.

¿Qué proponen los libertarios? Que la indemnización se pueda pagar hasta en 12 cuotas o tener un fondo de cese laboral financiado por aportes del propio trabajador; la creación de banco de horas a favor del empleador; crear la figura del “colaborador independiente” para que un monotributista pueda contratar hasta cinco personas: fraccionar las vacaciones -reduciendo los períodos de descanso a una semana como máximo-; y limitar el rol de los sindicatos en las discusiones salariales y de condiciones de trabajo (léase reemplazar las paritarias por sector a negociaciones por empresa).

Un reciente informe nacional del Centro de Economía Política (CEPA) destaca que "desde noviembre de 2023, la destrucción de puestos de trabajo alcanzó los 223.796, lo que implica una caída de 2,2% en el total de asalariados". Y para no quedarse en la foto y avanzar en la película, el propio CEPA advierte: "La cantidad de inscriptos en monotributo creció un 6% (121.740 nuevos). Es decir que poco más de la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en condiciones formales -con aporte jubilatorio, obra social y vacaciones pagas- se reconvirtieron en empleos con muchos menores derechos laborales”.

La apuesta es clara: menos regulaciones y menor presencia del Estado. En Córdoba, la receta ya se viene aplicando en los últimos dos años. ¿Un adelanto del paradigma libertario para el mundo laboral?

“Han desmantelado las agencias territoriales de lo que era el Ministerio de Trabajo, el Estado nacional decide quedarse sin capacidades estatales para intervenir en las relaciones laborales. Es necesario que el Estado tenga esas herramientas para controlar la flexibilización que se genera con trabajo asalariado sin registración”, advierte en forma recurrente la CTA de Córdoba.

El Gobierno de los CEO parte de la lógica de que empleador y empleado se sienten a la misma mesa a negociar como si la discusión fuera entre pares. Con el agravante de que el creciente ejército de reserva -los desocupados- incline la balanza de la oferta y la demanda de trabajo hacia la primera variable en desmedro de las condiciones laborales. Ni Adam Smith se animó a tanto.

Nada nuevo bajo el sol

“La principal preocupación de la CTA es que detrás del título atractivo de modernización laboral, se esconde un proyecto de reforma laboral muy similar a otros que ya se impulsaron en Argentina por ejemplo durante el breve gobierno de De la Rúa y lo que buscan es generar condiciones para concentrar la riqueza. Lo que buscan es reducir lo que ellos llaman costos laborales, y quitarles a los trabajadores herramientas para disputar derechos y los mecanismos para la distribución de la riqueza producida. Buscan desbalancear la puja siempre tensa entre Capital y trabajo”, advierte Leticia Medina, secretaria general de la CTA Córdoba.

La gremialista pone el foco en el problema de la precarización laboral y advierte la importancia de entenderlo desde su historicidad: “La informalidad laboral es una realidad compleja y estructural, no solamente en Argentina sino en la región. Aun en los sectores de tecnología más desarrollada hay formas de tercerización y vínculos contractuales más flexibles. Hay que entender su historicidad y la importancia del rol del Estado regulando la tensión entre capital y trabajo con la legislación laboral”.

“No somos conservadores, pero si defendemos los mecanismos de protección de los trabajadores, mecanismos que fueron los más eficientes como la negociación colectiva o los convenios colectivos y otra herramienta fundamental que son los sindicatos, que deben renovarse en muchas cosas, pero son la herramienta fundamental para luchar por el salario y las condiciones laborales”, insiste Medina.

Entre los desafíos más urgentes está, por ejemplo, la realidad de los trabajadores de las plataformas: “Fundamentalmente hay que ver el tema del control del tiempo de trabajo, la posibilidad de construir un currículum y el trabajo con un empleador que asuma responsabilidades. En todo el mundo se ven ejemplos de organización y conquista de derechos a partir de una intervención estatal orientada a la protección”, apunta la sindicalista. Y advierte sobre repetir el error de poner el carro delante del caballo, como se hizo en los ´90: “Las leyes laborales no crean empleo, lo que crea empleo es el crecimiento económico. Entre 2004 y 2008 se impulsaron políticas que protegieron el trabajo, con un crecimiento exponencial de la negociación colectiva regulada por el Estado. Y contrariamente a lo que sostiene la doctrina liberal, hubo un crecimiento récord del empleo registrado y la formalización, así como un descenso del trabajo informal. Lo que necesitamos es un modelo de desarrollo que se plantee como objetivo desplegar el potencial productivo de la Argentina, con diversificación y con un fuerte rol del Estado en la planificación de encadenamientos productivos”.  

Hecha la ley

Cristina Azocar es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Público provincial y municipal y docente colaboradora en la cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la asignatura Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También es fundadora del “Foro del Derecho del Trabajo” (del que ejerció la presidencia entre 2016 y 2021). “Es oportuno destacar que el proyecto oficial todavía no se conoce formalmente. Sin embargo, la información que circula al respecto refleja algunas desventajas en relación a derechos ya adquiridos por el sector trabajador. La preocupación de los agentes jurídicos debe tener en mira las inquietudes de ambos factores de la relación laboral”, advierte como primera reflexión.

La especialista sostiene que existe una falacia sobre el vínculo entre legislación y creación de empleo: “Es muy interesante observar la incipiente reforma desde la consideración de los derechos de los trabajadores, dado que se instaló cierta idea, tan propagada como falaz, de que disminuyendo derechos laborales se creerán fuentes de trabajo. Esto de ningún modo es así. Se observan históricamente en el marco internacional mercados laborales muy regulados, con pleno empleo, y otros en los cuales, pese a haber tenido lugar un sistema muy flexible o desregulado, como la propia Ley bases, tuvieron como resultado que el nivel de ocupación y registración laboral decayó”.

“En nuestra provincia -advierte Azócar- los grandes sectores de actividad están conformados por el sector rural, por el polo industrial, pujante en las terminales automotrices, y el desarrollo del sector servicios (particularmente gastronómicos y hotelería). Si bien en los proyectos que circulan no se observan grandes cambios normativos específicos para estos sectores con impacto en la realidad local, el incentivo de la negociación colectiva, a nivel de actividad o de empresa respetando el principio de progresividad, puede incidir favorablemente en el mercado laboral provincial, teniendo en cuenta los desafíos de los cambios tecnológicos, nuevos modos de trabajar, parámetros ambientales saludables y perspectiva de género”.

¿Qué debería incluir un proyecto de reforma laboral moderno? “La regulación de las licencias por enfermedades y accidentes no provocados por el trabajo impone una carga económica muy pesada, difícil de asumir por el sector Pyme. Desde ya el trabajador afectado debe seguir percibiendo su salario en tales casos, pero debería pensarse, para ese sector, en una regulación de los costos a cargo de la seguridad social y seguros que alivianen al empleador. En materia de remuneraciones, es preciso clarificar en forma clara qué conceptos revisten tal carácter y cuáles, por constituir genuinamente beneficios sociales (como la ropa de trabajo) no lo tienen. También resulta relevante una reformulación y mejoras del régimen de licencias, considerando las actuales inquietudes en materia de género y otra como la paternidad, lactarios, guarderías o compensación, adopción, reproducción asistida, interrupción de embarazo, violencia”, indica la especialista.

“En este sentido el foco principal debería asentarse en la negociación colectiva apuntando a regulaciones que no perjudiquen al trabajador, pero que se tenga en cuenta también las necesidades del pequeño y mediano empleador sin disminuir los derechos adquiridos”, concluye.

Reincidencias

Se pueden buscar las declaraciones de Martínez de Hoz, del menemismo o la “Banelco” para ilustrar distintos momentos de una misma obsesión: la derecha argentina insiste en que los problemas de empleo derivan de la legislación laboral, del “costo” de tener un asalariado registrado. Y propone recurrentemente como única solución el cercenamiento de derechos laborales.

Sin embargo, economistas y lobistas admiten por igual que en Argentina se creó empleo hasta el año 2011. Es decir, con las mismas leyes laborales que siguen (todavía) vigentes, sancionadas al calor del kirchnerismo. Es decir que con -o a pesar de- el “intervencionismo estatal” se generaron puestos de trabajo formales. Lo cual confirma que no se trata de cambiar las normas que regulan el mundo laboral, sino de que la economía crezca y se generen puestos de trabajo.

En las últimas semanas se viralizó una encuesta de “Reyes-Filadoro y Enter Comunicación” titulada "Jóvenes y Trabajo: Realidad, Expectativas y Desafíos en un Contexto de Incertidumbre". Se trata de un estudio basado en una encuesta a 700 jóvenes de entre 18 y 35 años. El trabajo destaca la ausencia de “visiones colectivas o críticas hacia el sistema”: “En lugar de reclamar derechos o transformaciones estructurales, los jóvenes desarrollan estrategias individuales de adaptación: estudian, emprenden, usan inteligencia artificial y aprovechan plataformas digitales, aunque reconozcan su precariedad”, advierte el informe. En otras palabras, los jóvenes “buscan su propia manera de salir adelante en el contexto que les tocó”. Sálvese quien pueda.

"Otro dato relevante -apunta el estudio- es que prefieren elegir una relación más flexible con el empleador, aunque formal y en blanco. Se prioriza un esquema de trabajo que se enfoque en cumplir objetivos más que en horarios concretos. Este esquema les permite mayor flexibilidad a los jóvenes para acceder a una mejora en la calidad de vida, ya sea porque en su tiempo libre o bien se capacitan o se distraen con otras actividades".

En un país donde el 60% de sus habitantes tiene menos de 40 años, el dato marca un escenario a tener en cuenta sobre cómo se está construyendo el imaginario social del mundo laboral hoy. Los nuevos formatos tecnológicos, los cambios que dejó la pandemia, las nuevas generaciones y su uso diferente del tiempo son elementos a considerar para pensar una nueva legislación laboral. Pero el árbol no debe tapar el bosque: una cosa es discutir nuevas regulaciones y otra que el Estado se retire del mercado laboral para generar la ficción de que empleador y empleado negocian en las mismas condiciones, de igual a igual.

Aunque muchos lo sigan repitiendo como un mantra, la historia demuestra que modernizar no es sinónimo de flexibilizar.