A fin de año, cuando se cumplan dos décadas del homicidio impune de Nora Dalmasso, el Poder Judicial de Córdoba intentará cerrar el último capítulo del penoso periplo procesal del mundialmente famoso "caso Dalmasso".

Fenecidos irremediablemente los plazos legales de persecución penal y con un periodista como único condenado, el pesado engranaje institucional de la corporación judicial del cordobesismo busca una salida elegante para maquillar el mayor papelón institucional de su historia.

El absurdo juicio oral y público que se le hizo al viudo en 2022 -donde el fiscal de Cámara, en vez de acusar, hizo de co equiper del inefable Marcelo Brito y resultó aplaudido por la familia del acusado- terminó con la absolución de Marcelo Macarrón y la declaración de Nora como "víctima de violencia de género".

El nuevo fiscal de la causa, Pablo Jávega, rescató del olvido las primeras fojas del expediente para imputar a un viejo sospechoso -Roberto Bárzola-, a quien le endilga la autoría del crimen y no dudó en lapidar mediáticamente en dos conferencias de prensa en las que omitió subrayar que el crimen está prescripto. En la primera de esas conferencias incluso esperó la llegada de las cámaras de Netflix, avisados de urgencia por los Macarrón para incluir en la serie un forzado capítulo que permitiera acusar del crimen otra vez a un trabajador.

Con la venia de su superior, el fiscal General Juan Manuel Delgado -de triste papel en la función pública y bajísimo perfil mediático- Jávega no pidió perdón porque sus colegas dejaron vencer el generoso plazo de 15 años que la ley establece para perseguir penalmente al sospechoso de un delito gravísimo, ni explicó cómo, tras una violación -que el fiscal de Cámara calificó de sexo consentido para descartar la  hipótesis del sicario- la huella genética de Bárzola no aparece en las zonas íntimas de la víctima, donde el donante excluyente sigue siendo el viudo.

Jávega dice que pruebas que tiene contra Bárzola son contundentes, como lo dijeron en su momento los tres fiscales que ahora deberán someterse a un jury de enjuiciamiento, acusados de negligencia. 

Apañados por un gobierno de extrema derecha, envalentonados por la serie de Netflix que amplificó su victimización a nivel internacional y enamorados de la hipótesis que vuelve a poner en el centro de la escena a un trabajador humilde, los Macarrón esperan forzar la institucionalidad para lograr al menos un pronunciamiento judicial simbólico que les permita instruir a su abogado civilista para que haga lo que mejor sabe: reclamar indemnizaciones millonarias.