El próximo 26 de noviembre, dentro de once meses, se cumplirá el 20 aniversario del cobarde crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, que exhibió al país y buena parte del mundo el paupérrimo funcionamiento del Poder Judicial de Córdoba. El último capítulo del papelón institucional de la Justicia del cordobesismo parecía ser el epílogo del kafkiano juicio oral y público realizado en 2022, que terminó con la absolución del viudo a pedido del propio fiscal (inusualmente felicitado por los familiares del acusado), la declaración de Nora como “víctima de violencia de género” y la invención de un nuevo y fantasmal amante (el sexo consentido que dio por acreditado fue el argumento utilizado por el fiscal Julio Rivero para descartar la presencia de un sicario en la escena del crimen).

Desde entonces, el Poder Judicial y su brazo mediático buscan una salida que los deje un poco mejor parados. Y la primera oportunidad les cayó del cielo: en la ristra de donantes voluntarios de material genético para descartar sospechosos apareció una coincidencia inesperada: la del por entonces parquetista Roberto Bárzola.

Según la acusación del nuevo fiscal Pablo Jávega, el ADN de Bárzola estaba en el cinto de la bata homicida junto al de Marcelo Macarrón y el de la propia Nora. Y el famoso pelo hallado en la zona púbica de la víctima también es compatible con su perfil genético. Ergo, Bárzola habría estado en la escena del crimen.

El notable hallazgo genético fue socializado en una insólita conferencia de prensa convocada a fines de 2024 por el fiscal Pablo Jávega, que tuvo la deferencia de retrasar su inicio para esperar la llegada desde Córdoba de un equipo de producción audiovisual que registraría el momento para incorporarlo a la serie que los Macarrón acordaron protagonizar para la plataforma de streaming Netflix.

Ese capítulo, forzado, efectivamente fue incluido en la serie "Las mil muerte de Nora Dalmasso", dirigida por el inglés Jamie Crawford, a quien los Macarrón contactaron por su vínculo con el Rotary Club, institución que supo conseguirle una familia de acogida años atrás, cuando el inglesito desembarcó en Rio Cuarto para perfeccionar su idioma español.

Como suele ocurrir, el impacto de la serie de Netflix y el cambio de escenario político -con un gobierno de extrema derecha y la peor Corte Suprema de Justicia de que se tenga memoria- permitieron dar vuelta la taba y reescribir lo que hasta ayer era la crónica de la incapacidad judicial del cordobesismo. En un crimen que siempre estuvo rodeado de sospechas por sus vínculos con el poder -político y económico-, la aparición de Bárzola como sospechoso cerraba un círculo que la Justicia nunca quiso abrir: el de la alta sociedad riocuartense, las “congresistas” y los políticos que frecuentaban la casa de los Macarrón en Villa Golf.

Y así como en la azarosa investigación judicial del crimen de la socióloga María Martha García Belsunce en la provincia de Buenos Aires el viudo Carlos Carrascosa pasó de condenado por homicidio a particular damnificado y se condenó sin pruebas al perejil Nicolás Pachelo, en Río Cuarto el viudo acusado por dos fiscales pasó a ser tratado como el abuelito de Heidi por los medios hegemónicos y su hijo Facundo devino en fervoroso militante de la diversidad sexual.

El impacto de la serie de Netflix llegó también al ignoto Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires, que despertó de su letargo y condenó - ¡17 años después! -  al canal América TV a indemnizar al viudo y sus hijos por difundir en horario central de la televisión abierta las fotos del cadáver de Nora Dalmasso. Más de tres lustros después de presentada la demanda, el juez condenó al canal y a los periodistas Facundo Pastor, Mónica Gutiérrez y Cynthia García a pagar la friolera de 300 millones de pesos a la familia Macarrón.

La exitosa reconversión mediática de quienes solían huir de los medios -los derivaban a su inefable vocero Daniel Lacase- incluye la insólita condena mediática de Bárzola y la apertura de un jury a tres de los cinco fiscales que tuvo el caso Dalmasso.  Es cusioso que en su acusación los Macarrón dejaran fuera de su pedido de jury a los fiscales Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, que secundaron a Di Santo hasta el "perejilazo", la masiva movilización espontánea que motivó que el propio gobernador José Manuel De la Sota instruyera a sus legisladores para que les iniciaran juicio político. Solo que para entonces tanto la familia Macarrón como su inoficioso vocero elogiaban la actuación de esos mismos fiscales, a quienes alentaban a perseguir amantes y trabajadores.

El jury

El tribunal de juicio político que evaluará la actuación de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro -que instruyeron sucesivamente el expediente del caso Dalmasso- está integrado por los legisladores oficialistas Julieta Rinaldi y Facundo Torres Lima, el juecista Walter Gispert y el radical Miguel Nicolás, quienes funcionarán bajo la presidencia de Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los fiscales serán juzgados por negligencia grave e incumplimiento de los deberes. El tribunal de Jury excluyó del proceso la acusación de “violencia institucional” que incluía la denuncia inicial.

Tarditti ya se expresó en una de las tantas causas paralelas a la investigación del crimen. Fue en la demanda entablada por la familia Macarrón contra el director de esta revista. En aquella oportunidad -diciembre de 2018- Tarditti avaló con su voto la polémica fundamentación de su par Mercedes Blanc de Arabel que, entre otras arbitrariedades, acusó a El Sur de haber develado la orientación sexual de Facundo, cuando está acreditado en el propio expediente y todo Río Cuarto sabe que fue su tía Silvia Macarrón la que se lo dijo al aire a la conductora Vanina Cacace durante una entrevista en Canal 13 de Río Cuarto. La confesión de la tía de Facundo no era ingenua: intentaba desalentar la hipótesis acusatoria de Di Santo, que había imputado a Facundo de abuso sexual y homicidio contra su propia madre. "Nora sabía de la homosexualidad de Facundo y lo apoyaba", mintió sin ruborizarse la hermana del viudo en el único canal de televisión de aire que tiene la ciudad.

Acusador a medias

La información oficial brindada por la Legislatura de Córdoba indica que el jury a los tres fiscales comenzó a fines de febrero y el encargado de llevar adelante la acusación será el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado.

Delgado, de bajísimo perfil durante toda su gestión, será la estrella de un debate público que no podrá terminar porque su mandato fenece en marzo y ya tiene sucesor designado. Salvo que el juicio político se haga en tiempo récord, Delgado no podrá continuar hasta el final, por lo que la responsabilidad recaerá en alguno de sus adjuntos, que para entonces dependerán funcionalmente de su reemplazante, el ex juez de control Carlos Lezcano.

El jury solo tiene dos caminos de resolución: la continuidad o la destitución de los fiscales. En este caso, puede destituir a los tres, a dos, a uno o a ninguno. Los antecedentes favorecen a los acusados. No hace mucho tiempo otro fiscal de Río Cuarto, Walter Guzmán, fue confirmado en su cargo y luego rápidamente ascendido tras salir airoso del juicio político que afrontó por su actuación en la investigación de la desaparición del joven Nicolás Sabena - otro caso emblemático de impunidad en la ciudad-, donde, entre otras perlitas, avisaba a los sospechosos antes de allanarlos y le mandó una carta documento intimidatoria a la madre de la víctima.

También Miralles fue denunciado por la madre de Nicolás, Rosa Sabena: lo acusó de enviarle una emisaria para desistir de defender a un cliente a cabio de morigerar la pena que pediría al elevar la causa a juicio. Sabena aportó testimonios, grabaciones y sábanas telefónicas que comprometían en la maniobra al ex fiscal general de la Provincia Darío Vezzaro, pero la denuncia se fue esfumando en los vericuetos de la burocracia judicial hasta perderse en el limbo de la impunidad.

Las sesiones del jury serán públicas y se realizarán en las cómodas instalaciones de la Legislatura de Córdoba. El juicio político a los fiscales comenzará el mismo día que Delgado formalice su acusación, que en los hechos será el acto más trascendente de su anodina gestión como fiscal general. Tiene plazo hasta el 23 de febrero, aunque puede adelantarse. A partir de ese momento, los fiscales tendrán diez días hábiles para hacer su descargo y ofrecer las pruebas necesarias para ejercer su defensa.

El juicio político no admite querellantes, por lo que la familia Macarrón deberá contemplarlo como parte del público que tendrá libre acceso al recinto.  El plazo fijado para el proceso es de 60 días hábiles desde la acusación, por lo que se estima que la decisión del jury -destitución o continuidad- se conocerá no antes de mayo o junio de este año.

Será una buena oportunidad para escuchar sus explicaciones ya que, a diferencia de la familia Macarrón, los fiscales se llamaron a silencio cuando cada uno terminó su intervención en el expediente.

 En forma paralela, los Macarrón apelaron la sentencia de la Cámara del Crimen de Río Cuarto, que confirmó en forma categórica el sobreseimiento de Bárzola por prescripción. No es improbable que los pronunciamientos del jury y el TSJ se den de manera simultánea, en lo que sería otro escándalo más en un Poder Judicial que volverá a ser conducido por el colaboracionista Domingo Sesín, denunciado junto a Luis Angulo y Marta Cáceres de Bollati por alterar la jurisprudencia y la doctrina del propio TSJ para favorecer a una familia radical denunciada por una estafa millonaria a un empresario santafesino.

Qué piensa la presidenta del jury

Aída Tarditti, vocal del TSJ, presidirá el histórico jury a los tres fiscales que intervinieron en la investigación del caso Dalmasso. No será su primera intervención en el tema: ya avaló con su firma los fundamentos desarrollados por su colega Mercedes Blanc de Arabel y el flamante presidente del cuerpo, Domingo Sesín, para que el único condenado del caso Dalmasso fuera un periodista.

En aquél fallo del 20 de diciembre de 2018 -la judicatura tiene especial predilección para sacar los fallos polémicos a días de las fiestas-, el TSJ rechazó la millonaria demanda de Marcelo Macarrón contra esta revista, pero confirmó la indemnización a sus hijos por considerar que al ser menores de edad gozaban de una protección especial. Tarditti y sus colegas rechazaron la apelación de El Sur a la Corte Suprema de Justicia, por lo que esta revista tuvo que ir en queja. No fue en vano: el dictamen del procurador general Víctor Abramovich -además una verdadera eminencia en materia de libertad de prensa- destrozó el argumento de los supremos cordobeses y reivindicó la tarea desarrollada por el director de esta revista en la cobertura del caso Dalmasso.

En el caso de Facundo y Valentina, Abramovich sostuvo que en las crónicas publicadas por El Sur "no se vislumbra una intromisión en la esfera íntima de los actores de suficiente entidad para que deba prevalecer frente al interés público involucrado en la difusión de los contenidos periodísticos", por lo que sugirió "revocar la sentencia apelada".