La avanzada del gobierno nacional contra la AFA, un complejo entramado donde confluyen y confrontan intereses poco claros y personajes bastante oscuros, volvió a sacar a luz los estrechos vínculos entre el fútbol y algunos estamentos cuyas dinámicas aparentan transitar por caminos paralelos.

Las denuncias contra “los dueños de la pelota”, focalizadas en las figuras del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del influyente tesorero Pablo Toviggino, encendieron las alertas en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que en su página web se presenta como “apartidaria” y enuncia entre sus propósitos “lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas”.

“El ejercicio de la magistratura no admite desdoblamientos: no se puede ser juez de la Nación y juez de fútbol”, señaló la entidad en una nota que envió a la Corte Suprema de Justicia el pasado 19 de diciembre, en la que pidió “el cese de las funciones desarrolladas por los magistrados del Poder Judicial de la Nación en los tribunales de Disciplina, de Ética y de Apelaciones de la AFA”. “La integración de estos tribunales viola de modo flagrante los estándares de independencia judicial”, argumentó la ONG. Casi de inmediato, varios jugadores que gambeteaban en simultáneo en las oficinas de la “Casa Madre” del fútbol nacional y en los despachos de Tribunales, pidieron el cambio y salieron de la cancha.

Tras el planteo formal de incompetencia, el primer juez que se marchó a vestuarios fue Diego Gustavo Barroetaveña, quien ejercía la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA, órgano autoproclamado “independiente”, facultado para “investigar y juzgar conductas que puedan afectar la integridad, imagen o reputación de la matriz del fútbol argentino”, incluyendo a los miembros del Comité Ejecutivo. Días antes de abandonar el campo de juego, Barroetaveña fue elegido titular de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal del fuero criminal. El flamante cargo le habilitó el ingreso a la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en cualquier momento podría sumarse a la delantera que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el caso de que estos tres no acierten en el mismo arco a la hora de fallar.

Egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente y “amigo de la rosca” según sus detractores, Barroetaveña es miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y fue uno de los integrantes del tribunal que en diciembre de 2024 condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión, en el marco de la “Causa Vialidad”.

Como juez de San Isidro, intervino en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce; y tuvo su momento de popularidad en 2012, cuando condenó al sindicalista José Pedraza como partícipe necesario del asesinato de un militante del Partido Obrero, en su carácter de miembro del Tribunal Oral en los Criminal 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Con una indescifrable gambeta, y muchas críticas de los organismos de derechos humanos, también entendió en las causas de lesa humanidad conocidas como Escuelita III, Campo de Mayo IX-Obreros Zona Norte y Ford.

Como máxima autoridad del Comité de Ética de la AFA, Barroetaveña frenó una sanción de San Lorenzo a su expresidente Marcelo Moretti, y actuó en el polémico caso que terminó con una millonaria multa para el Club Deportivo Riestra por la inclusión del influencer Iván Buhajeruk (Spreen) en un partido oficial. También puso el gancho a la resolución 6.722 del 11 de junio de 2025, en la que el órgano concluyó que Claudio Tapia, en sus roles de mandamás afista y de funcionario de la empresa bonaerense de gestión de residuos Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), “no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente” que la Unidad de Información Financiera (UIF) establece en el marco de los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Otros magistrados que colgaron los botines a fines del año pasado fueron Néstor Barral y Martín Peluso (Tribunal de Disciplina), Ricardo Sanjuán (Tribunal de Ética), Juan Ignacio Pérez Cursi (Cámara Nacional de Resolución de Disputas). En la actualidad son 22 los jueces que siguen firmes en sus cargos en los diferentes órganos jurisdiccionales de la AFA.

La conexión cordobesa

Aunque reside en Buenos Aires, Barroetaveña es un habitué a los convites del círculo rojo cordobés, donde se maneja como pez en el agua. El nexo con el conglomerado de empresarios, políticos, magistrados y gurúes mediterráneos es su pareja María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba y exfuncionaria del gobierno nacional de Mauricio Macri. Fue su comprovinciano Oscar Aguad quien en 2017 la designó al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa, donde permaneció durante dieciocho meses y fue señalada por presunto espionaje a funcionarios del área en la que se desempeñaba y también a familiares del ARA San Juan. La devolución de gentilezas llegó tres años más tarde, con el meteórico ascenso de Carolina Aguad, hija del camaleónico ex ministro amarillo y esposa del no menos zigzagueante exdiputado nacional de la UCR Rodrigo De Loredo. Con menos de cuatro años de antigüedad, la mujer escaló en La Torre de la Ciudad Universitaria pasando de jefa de despacho a secretaria en el TOF 2.

Junto a sus pares José Fabián Asís y Julián Falcucci, Costa integró el triunvirato de jueces que en noviembre de 2023 condenó a ocho años y medio de prisión a Darío Cáceres, ex líder de la “La Fiel”, la barra brava de Talleres que el cordobesismo homenajeó en la Legislatura en mayo de 2013 y que hoy tiene como nexo con la dirigencia albiazul a Ramón Ángel Frías, el jefe policial que el “narcoescándalo” eyectó de la fuerza 13 años atrás.

También fue en una presidencia de Macri -aunque en los tiempos en que el Ingeniero empezaba a ganar popularidad y a construir poder en Boca Juniors- cuando el escribano Fernando Mitjans encontró su lugar en el fútbol, un mundo que no le resultaba tan ajeno ni desconocido, por el paso de su padre como interventor de la AFA entre abril y junio de 1974.

En representación del club xeneize, Macri postuló el ingreso de Mitjans al Tribunal de Disciplina de la AFA, donde se incorporó en 1995 y ascendió al máximo cargo, con el voto unánime de los clubes, doce años más tarde. “Ni yo tengo tanto apoyo”, dijo entonces Julio Humberto Grondona, quien acababa de plebiscitar su reinado con la oposición explícita de Vélez Sarsfield e Independiente. Mitjans -esposo de Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández- hoy se codea con los jugadores más importantes de la directiva del fútbol mundial, y tiene bajo su órbita al juez Sergio Gustavo Fernández, al abogado Matías García, al exfiscal Jorge Luis Ballestero y al auditor del Poder Judicial nacional Ezequiel Iglesias Berrondo. Según el sitio web de la AFA, el Tribunal de Disciplina “trata unos tres mil expedientes al año”.

Casi una década atrás, durante la gestión del Comité de Regularización que presidía el cordobés Armando Pérez, máxima autoridad de Belgrano entre 2005 y 2017, la AFA ordenó una investigación interna que puso en la mira los fallos del Tribunal de Disciplina. El disparador fue una escucha telefónica que reveló un pedido de favores de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, al propio Mitjans. El escribano, actualmente en tensiones con Tapia & Compañía, era el pollo de Gianni Infantino, el titular de la Fifa, para el cargo que finalmente ocupó el empresario de los cosméticos.

“Pensé que íbamos a contar con una asistencia del gobierno, pero la verdad es que no la tuvimos. De hecho, hay estamentos muy cercanos al poder que tuvieron y siguen teniendo mucha influencia en el día a día de nuestro fútbol”, se quejó Pérez poco tiempo después de dejar la AFA, donde tuvo como laderos al abogado macrista Javier Medín, a la actual vicepresidenta de Rosario Central Carolina Cristinziano y al mismísmo Toviggino. 

“Esto empezó muy temprano, casi con el propio desarrollo del fútbol profesional en Argentina, y no es algo de ahora, sino que lleva muchísimo tiempo”, sostiene el periodista Sergio Levinsky, autor del libro AFA: el fútbol pasa, los negocios quedan, respecto a la invasión de campo de los hombres del derecho. “En los años ’30 y ’40 se registraban disputas políticas muy fuertes en el mundo de la pelota, y los tribunales de la AFA no estaban integrados sólo por gente del fútbol. Por entonces ya había muchos abogados o miembros del Poder Judicial, algo que se acentuó en la era Grondona”, señala el comunicador y sociólogo deportivo.

¿Y por casa cómo andamos?

El 7 de febrero de 2025, en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales de Córdoba, el abogado Alejandro Pérez Moreno juró como nuevo fiscal General adjunto de la provincia. “En su extenso currículum demuestra una trayectoria intachable y una sólida formación académica”, afirmaron en El Panal al justificar la postulación del letrado, quien venía de un momento de alta exposición mediática por haber llevado la querella en el juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas, nieto del exfutbolista y exdirigente de Belgrano Miguel Ángel Laciar.

La amplia foja de servicios de Pérez Moreno -en su momento defensor del exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, en una de las causas por corrupción más resonantes de los últimos tiempos- también da cuenta de su condición de presidente del Tribunal de Disciplina de la Liga Cordobesa de Fútbol, cargo que ostenta desde hace casi dos décadas. En ese rol le tocó resolver el expediente que seis años atrás investigó una denuncia por soborno contra Guillermo Kraisman, otrora puntero político y funcionario del peronismo cordobés y por entonces presidente del Club Atlético Avellaneda.

El estatuto de la Liga Cordobesa de Fútbol establece que su Tribunal de Disciplina debe estar integrado por 13 miembros, que deberán ser “personas caracterizadas, de reconocidas aptitudes para sus funciones y con reputación de prudentes e imparciales”, y señala que al menos tres de los nueve titulares y dos de los cuatro suplentes “deberán poseer matrícula de abogado”. En ese ámbito, Pérez Moreno comparte cuerpo colegiado con los fiscales José Alberto Bringas y Aldo Patamia, el subsecretario de Justicia Pedro Patricio Yanzi Aspell y otros nueve letrados, entre ellos Juan Pablo Rubio, su exsocio de estudio jurídico, y Juan Esteban Villa, quien patrocinó al polémico Carlos Ahumada Kurtz en sus tiempos de gerenciador de Talleres. Una marcada diferencia con respecto a la AFA es la presencia de mujeres en el órgano punitorio, ya que la Liga Cordobesa de Fútbol tiene en sus filas a Norma Casasnovas, Julia Grünblatt y Macarena Centeno.

En la Fifa, Argentina no tiene miembros en el Comité Disciplinario, estamento que preside el emiratí Mohammad Al Kamali, aunque sí registra presencia en los otros dos órganos judiciales: Mariana Idrogo, abogada especialista en Derecho Penal y licenciada en Ciencias Políticas, integra el Comité de Ética que comanda el ruandés Martin Ngoga; mientras que Andrés Patón Urich, gerente de Legales de la AFA, forma parte del Comité de Apelaciones, que conduce el estadounidense Neil Eggleston.